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| 11/28/2015 9:00:00 PM

Lo bueno, lo malo y lo feo del decreto de taxis de lujo

El decreto que regula Uber decepciona a los usuarios y deja ahora en manos del Congreso decidir cómo Colombia debe abrirle las puertas a una innovación que parece imparable.

Tras un año de controversia en torno a la aplicación Uber, miles de colombianos habían esperado con ansias la rueda de prensa que el presidente de la República ofreció el pasado lunes. Juan Manuel Santos apareció junto al vicepresidente y a la ministra de Transporte, y rodeado de los pesos pesados del gremio taxista. Se pensaba que iba a presentar la muy esperada reglamentación de Uber y, así, que iba a definir, de una vez por todas, la posición del gobierno frente al feroz avance de la tecnología en la era digital.

Pero decepcionó. Santos presentó un decreto, pero no sobre Uber y los desafíos de la innovación, sino sobre una nueva categoría de taxis de lujo. Esta última permitirá a las empresas de transporte ofrecer viajes a bordo de carros de alta gama de color negro. Estos deberán operar mediante plataformas tecnológicas y someterse a estándares de calidad y control. Sobre las innumerables preguntas en torno a Uber, sin embargo, no dijo más. Y así la noticia desató, de nuevo, una polémica.

Más allá de la evidente frustración, vale la pena poner bajo la lupa la decisión presidencial para entender cuánto de bueno, cuánto de malo y cuánto de feo tiene. Y lo primero es resaltar lo positivo. Aunque los críticos no lo crean, el decreto tiene dos implicaciones rescatables.

La primera tiene que ver con la nueva categoría. Aunque esta no resuelve las preguntas sobre Uber, sí deja un precedente en el transporte público. Al introducir servicios de lujo operados mediante plataformas tecnológicas, reconoce un cambio en el mercado. Hoy la gente, entusiasmada por la posibilidad de oprimir un botón y recibir un servicio similar al de un taxi pero más cómodo y seguro, sabe que puede exigir calidad e inmediatez. Si el transporte público individual no se adapta a esta tendencia, tiene los días contados.

El segundo efecto positivo tiene que ver con que el decreto aclara una confusión. En Colombia el presidente, solo, no puede definir la forma como funciona el transporte público. “Yo creo que dejaron crecer las expectativas; un tema así no puede fijarse por decreto”, le dijo a SEMANA Édgar Enrique Sandoval, exgerente de TransMilenio y experto en temas de movilidad. Esto explica por qué la semana pasada el gobierno pasó del ‘no’ rotundo y el ánimo prohibitorio del primer semestre de 2015, a una apertura para solucionar el asunto por la vía institucional. Así, el tema ahora pasará a debatirse en el Congreso. Un debate, por cierto, justo y necesario.

Sin embargo, precisamente aquí empieza lo malo. Los trámites legislativos en Colombia son espinosos y exigen músculo político. Por supuesto el del equipo de funcionarios de Uber en Colombia y sus seguidores, por más voluntad que tengan, no se puede comparar con el del poderoso gremio taxista.

Así, 2016 será un año de más peleas por la aplicación. Las modalidades UberBlack y UberX, que despiertan preocupaciones legítimas, seguirán siendo usadas, pues el decreto no las prohíbe, ni las regula. Y sus representantes, valiéndose del creciente apoyo de pasajeros y conductores, intentarán sacar adelante un proyecto de ley para que se abra una categoría innovadora: el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas.

Pero los grandes empresarios de los taxis no darán el brazo a torcer. Si durante este 2015 pusieron contra las cuerdas al gobierno en varias ocasiones con sus amenazas de paro nacional, puede esperarse que el próximo año también lo hagan con los congresistas.

Por último, está lo feo de la decisión de esta semana. Con ella, el gobierno sigue pasando de agache la pregunta, cada vez más urgente, de cómo abrirle las puertas al feroz avance de la tecnología y de cómo adaptar las leyes de un Estado y las costumbres de la gente a la innovación disruptiva. Uber es solo la punta de un iceberg que se aproxima lento pero seguro a todos los países del planeta. Que esa aplicación y otras hijas de la economía compartida como la también polémica Airbnb tengan inconvenientes en cuatro continentes muestra que Colombia no es una excepción. Esto, sin embargo, no significa que el país debería evadir el desafío. Por el contrario, si decide asumirlo y logra superarlo los aplausos serían globales.
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