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| 7/25/2009 12:00:00 AM

¿Última carta?

Tras un revés en el pleito sobre las tierras de Barú, en las que esperan construir un complejo hotelero, la Nación, los Santo Domingo y los Echavarría enfilan baterías para demostrar que hubo corrupción en los fallos en su contra.

"Se me acabó el gobierno y no fuimos capaces de sacar adelante lo de Barú", le dijo enérgico el presidente Álvaro Uribe a uno de sus abogados de confianza cuando supo de un fallo judicial sobre unos predios en la paradisíaca isla, que un grupo de particulares alega como suyos. La preocupación del primer mandatario radica en que este es uno de los proyectos que se comprometió a sacar adelante y que se convertiría en una suerte de emblema del impulso del gobierno a la industria del turismo.

Son 230 hectáreas de las mejores playas en el Caribe, cercanas al epicentro turístico de Cartagena, donde piensan construir los más sofisticados complejos hoteleros del país. Además de ser una novedosa iniciativa conjunta entre la Nación y el sector privado, que promete generar miles de empleos.

Pero este proyecto comenzó a enredarse cuando se supo de un grupo de abogados que adquirió los derechos de una persona que decía ser nativa de la zona y alegó, con títulos de la colonia en mano, que parte de esos predios era de su propiedad.

Son 60 las hectáreas en controversia, ubicadas en el corazón del proyecto (ver mapa). De estas, 12 son de la Nación y el resto de particulares. Tras un largo proceso civil, un Tribunal de Cartagena falló en julio de 2008 en segunda instancia a favor de los abogados demandantes y a partir de ese momento se abrió un insospechado capítulo penal. La defensa de la Nación y de las familias Santo Domingo y Echavarría, socias del proyecto, asegura que hubo corrupción en la sentencia y por eso denunció al magistrado y al conjuez que tomaron la decisión, y hasta a la secretaria del Tribunal, que es la encargada de fijar el edicto.

Pero, por otra parte, también intentan resucitar el proceso civil. Los abogados del proyecto alegan que el tribunal no les notificó el fallo a tiempo, pasaron más de los tres días que le concede la ley para apelar y perdieron el derecho de llevar el proceso en casación a la Corte Suprema de Justicia. Por eso, entablaron un recurso de restablecimiento del derecho, en el que buscan que la justicia confirme que hubo fallas en la notificación y por esta vía reabrir el caso, y llevarlo a la Corte. Argumentan que el edicto nunca se fijó, y que es falsa una de las firmas de la secretaria que da cuenta del momento de su supuesta publicación. Esto lo sustentan en dictámenes grafológicos de la Fiscalía.

El caso llegó hace un par de semanas ante un juez de conocimiento, quien no les concedió la razón porque la contraparte apareció con otro documento y un dictamen privado que dice que la firma sí es verdadera. Ni siquiera sirvió el argumento usado por Jaime Lombana, uno de los defensores del proyecto, de que el Presidente fue quien le ordenó la denuncia penal.

Aducen que lo sucedido es de tal relevancia, que en el alto gobierno ya se considera el caso un problema de Estado, pues con la jurisprudencia que se fijó con la polémica sentencia, según ellos, daría pie para que prosperen otras demandas no sólo en esas tierras de Barú, sino en cualquier parte del país.

Aunque el lío avanza ante la justicia en diferentes instancias, es claro que los defensores del proyecto se juegan una importante carta al acudir no sólo la vía penal, sino a apelar ante el tribunal para que se vuelva a realizar la notificación. El proyecto no sólo tiene al gobierno de su lado, sino también a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría, que también han manifestado su preocupación por la forma como ha evolucionado el tema judicial. Mientras tanto, para todo fin práctico, tienen las tierras embolatadas. n
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