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| 11/16/2017 10:08:00 PM

Ordóñez vs. Petro: la pelea que terminaría debilitando el poder de la Procuraduría

La facultad que tiene el Ministerio Público de inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente siempre ha sido polémica. La sanción al exalcalde Petro, la pelea política más grande de Ordóñez mientras fue procurador, puede terminar reformando esa entidad. La Procuraduría responde.

La sanción por 15 años para ejercer cargos públicos al exalcalde Gustavo Petro podría ser considerada la pelea política más importante que cazó Alejandro Ordóñez en la Procuraduría. Sin embargo, con la decisión que este jueves tomó el Consejo de Estado, el caso podría convertir al exjefe del Ministerio Público como el funcionario que logró, sin quererlo, poner fin a las facultades de inhabilitar alcaldes, gobernadores y congresistas. 

Durante años, en cada reforma a la justicia, la función de inhabilitar a personas elegidas popularmente se convirtió en un centro de la discordia entre quienes creen que quitarle ese poder a los órganos administrativos era restarle dientes a la lucha contra la corrupción y quienes creen en que el jefe de una entidad no puede estar por encima del clamor del pueblo. 

Recientemente, una propuesta en este sentido causó polémica, cuando fue lanzada al ruedo por la Misión Electoral, conformada en el marco de los acuerdos de paz, para estructurar un proyecto de reforma al sistema electoral colombiano. 

Puede leer: Sanción anulada: Petro arrolló a Ordóñez en el Consejo de Estado

Sin embargo, el mismo tribunal que puso a Ordóñez en su primera Procuraduría y lo quitó de la segunda, acaba de zanjar esta pelea al exhortar al Congreso para que dentro de los próximos dos años retire este super poder a todos los órganos administrativos.  

En el histórico del Ministerio Público el listado de sanciones es largo y registra en él casos de poca y alta trascendencia. El balance anual de resultados incluyó en la era Ordóñez 2.806 sanciones a funcionarios públicos que ejercían cargos de elección popular como ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas.

Y aunque se llevó los aplausos cuando destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos al exalcalde Samuel Moreno, protagonista de un ‘carrusel‘ de contratos que sigue teniendo coletazos para la justicia, otras decisiones como la de la senadora Piedad Córdoba o la del exalcalde de Medellín Alonso Salazar allanaron camino para el escenario que hoy afronta el Ministerio Público. Cabe recordar que ambas fueron tumbadas por el Consejo de Estado. 

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Pasaron cuatro años para que el Consejo de Estado resolviera de manera definitiva anular la sanción que el exprocurador Ordóñez le impartió al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Aunque la larga discusión giró por años alrededor de si el mal manejo del esquema de basuras era suficiente para apartarlo de su cargo, de manera repentina, la sentencia se la terminó jugando por cerrar un asunto que ya tiene al Estado colombiano en la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al revisar el caso Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio dos meses al gobierno nacional para que acate las recomendaciones que pongan fin a estas competencias, calificadas como violatorias de los tratados internacionales. De no hacerlo, Colombia enfrentará un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con casi nulas posibilidades de ganarlo. 

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De allí la importancia de la decisión que toma el Consejo de Estado. Aunque todavía no se conoce el documento de la sentencia hay incertidumbre frente al camino que pueda tomar este tribunal frente a las consecuencias del incumplimiento del exhorto que hace al Congreso.

"Motivados por decisiones que favorecen políticamente a la izquierda, quieren ahora quitarle su función a la Procuraduría. Miles de funcionarios corruptos e ineficientes serían los beneficiados. ¡Así de simple!", cuestionó el exprocurador Ordóñez en su cuenta de Twitter.

Por lo pronto, el Ministerio Público tendría dos años para ajustarse a los requerimientos. Y entre tanto podrá seguir sancionando. La más reciente decisión se tomó hace tan solo unas horas, cuando el Ministerio Público separó de su cargo por tres meses al alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, por presunta participación en política.

Por lo pronto la Procuraduría se pronunció y aseguró que está a la espera de conocer el texto de la sentencia, y que entre tanto mantiene la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular. "En un momento crucial e histórico en la lucha contra la corrupción, la Procuraduría reconoce en el Consejo de Estado a uno de sus mejores aliados en esta batalla que desde las instituciones se libra, a partir del mandato de la Constitución Política y en representación y con el apoyo de la sociedad", aseguró el ente de control por medio de un comunicado.

La Procuraduría resaltó que la Corte Constitucional y su jurisprudencia han respaldado dicha competencia. “En materia de la competencia para destituir e inhabilitar servidores públicos – excepto aforados -, incluso de elección popular, se ha configurado la cosa juzgada constitucional. En esa medida, no es posible cuestionar o discutir la validez constitucional de la referida competencia de la Procuraduría”, señala la sentencia SU-355 de 2015 de la corte.

Entre tanto surge la pregunta de qué sucederá con las inhabilidades que se están aplicando en la actualidad y hayan sido impuestos en un fallo disciplinario.

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