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| 3/13/1995 12:00:00 AM

ULTIMATUM

La justicia pone a Miguel Rodríguez Orejuela contra la pared: sino se entrega en los próximos días puede perder la última oportunidad de negociar su pena. SEMANA revela las pruebas que están a punto de condenarlo a 24 años de cárcel.

MIGUEL RODRIGUEZ OREJUELA, EL HOMbre que, según las agencias antidrogas de Estados Unidos controla, en compañía de su hermano y otros socios, más del 70 por ciento del negocio de la cocaina en el mundo, enfrenta por estos días un gran dilema: si en las próximas dos semanas no se entrega a las autoridades, ya no le quedará prácticamente ninguna opción de someterse a la Justicia y recibir a cambio el beneficio de ver su pena rebajada de modo sustancial. El origen de esta encrucijada se encuentra en una decisión de la Fiscalía General de la Nación, confirmada ya por todas las instancias ante las cuales los abogados de Rodríguez podían interponer apelaciones y recursos, y que implica que a fines de este mes se inicie un juicio en su contra por los delitos de narcotráfico agravado y concierto para delinquir.
Para la mayoría de los colombianos no suena particularmente emocionante que uno de los hermanos Rodríguez Orejuela sea llamado a juicio por narcotráfico. Al fin y al cabo todo el mundo asume, con base en los informes de las autoridades colombianas y estadounidenses, que de eso viven él y su hermano Gilberto, y que el problema real no está en juzgarlos sino en capturarlos. A pesar de esto, el llamamiento a juicio al menor de los Rodríguez marca un hito en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el país. En primer lugar porque en Colombia, a pesar de ser el mayor exportador de cocaína en el mundo, casi nadie ha sido juzgado y, menos aún, condenado por narcotráfico. Hay que recordar que las decisiones jurídicas contra Pablo Escobar y los hombres del cartel de Medellín se centraron casi exclusivamente en sus acciones terroristas y no en sus actividades como narcotraficantes.
En lo que se refiere al cartel de Cali, la única vez que uno de sus jefes llegó a ser juzgado fue cuando, a mediados de la década pasada, sus abogados permitieron que avanzara un proceso en Cali en contra de Gilberto Rodríguez para justificar que el gobierno colombiano lo pidiera en extradición tras su detención en España y evitara con ello que fuera enviado a Estados Unidos, país que también solicitaba su extradición. Al final, Rodríguez fue enviado a Colombia, resultó exonerado y recobró su libertad.
De ahí que, si se tienen en cuenta estos antecedentes, hay que decir que el juicio que está por iniciarse contra Miguel Rodríguez Orejuela tiene implicaciones que van más allá del terreno meramente jurídico. Significa que el cómodo mercado de las rebajas automáticas del sometimiento a la justicia puede, al menos en el caso de Miguel Rodríguez, dejar de ser una opción. Esto obedece a que casi todos los beneficios de ese mecanismo jurídico se pierden cuando se inicia un juicio contra el sindicado. Y las penas efectivas por cuenta de este cambio pueden pasar de cinco a más de 20 años.
Todo esto se le vino encima a Miguel Rodríguez la semana pasada cuando un fiscal delegado ante el Tribunal Nacional dejó en firme el llamamiento a juicio proferido el 26 de octubre de 1994 por un fiscal sin rostro. SEMANA conoció de manera exclusiva el documento de 34 páginas, en el cual el ente acusador consolida el primer expediente, basado en pruebas que hasta ahora las autoridades judiciales que han examinado el caso consideran irrefutables. Aparte de las implicaciones que el caso tiene en la historia de la guerra jurídica contra los carteles, si todo sale como la Fiscalía espera el asunto puede convertirse en el primer éxito rotundo de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, algo de gran significado en momentos en que en Washington se han comenzado a plantear serias dudas sobre el compromiso de las autoridades colombianas en esta lucha.

LA OPERACION
La historia que derivó en el llamamiento a juicio consolidado la semana pasada y que revela el expediente mencionado, tiene ribetes de novela de Tom Clancy. Se remonta al mes de junio de 1989, cuando agentes encubiertos de la Aduana de Estados Unidos, con sede en Tampa, contactaron a Humberto Rentería Calero, colombiano residente en ese país, de quien tenían noticias que realizaba actividades relacionadas con el narcotráfico. Los investigadores, William Cancio y James Allan Taman, se hicieron pasar por comerciantes interesados en participar en el tráfico de drogas. Así, al poco tiempo, los agentes le ofrecieron a Rentería la venta de la empresa de comercio exterior Mayan Import Export, con sede en Costa Rica, para que amparara la importación de alcaloides a Norteamérica.
Por esa época, de acuerdo con el expediente, que hoy ya es público, Rentería Calero tenía planeado regresar a Colombia y radicarse en Cali. Para continuar en negocios con los dos supuestos comerciantes, Rentería les ofreció mantener los contactos vía telefónica desde la capital del Valle. Fue así como, en febrero de 1990, Rentería se comunicó con sus nuevos socios y les dijo que había logrado una entrevista para ellos con su jefe, quien era la persona que manejaba los 'hilos del negocio'. En esa conversación les manifestó que la entrevista se realizaría en Cali y que uno de ellos tenía que desplazarse a Colombia.
Los agentes encubiertos evaluaron la información y decidieron no viajar a Colombia porque temían por su seguridad y porque Cali no les brindaba las garantías que necesitaban. Entonces le plantearon a su interlocutor que la reunión se llevara a cabo en Estados Unidos o "en un lugar neutral". Rentería respondió que la persona con quien se iban a entrevistar "no podía moverse de Cali". Finalmente acordaron enviar a Cali a Mitchell Curtis Henderson, otro de sus socios, quien estaba a cargo de los negocios en Costa Rica en la empresa 'Matriz JLJ', la que también entraría en la negociación.
Mitchell Curtis es un ciudadano estadounidense radicado en Costa Rica desde hacía varios años y quien fue reclutado como informante por el servicio de aduanas americano. Cuando los agentes lo contactaron y le contaron de la operación que se estaba llevando a cabo, decidió aceptar y desde ese momento se convirtió en la pieza clave de la misión. El 23 de febrero de 1990 Henderson llegó a Cali y se alojó en el Hotel Intercontinental, donde fue localizado por Rentería Calero, quien le dio instrucciones para el encuentro que iban a tener con el 'jefe'.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, Henderson fue llevado en un automóvil a un lugar en los altos que rodean a Cali. Descendió del auto en un edificio donde sólo uno de los apartamentos estaba habitado. Allí se reunió con una persona que se identificó como Manuel Gómez. Durante la entrevista hablaron sobre las actividades de las empresas que los estadounidenses querían vender. Las compañías, supuestamente, estaban dedicadas al comercio de pescados y mariscos entre Centroamérica y Estados Unidos. Henderson hizo una exposición sobre la manera como se podían utilizar los empaques y contenedores del pescado para camuflar la cocaína. Según la confesión de Henderson, en esa reunión se habló de cargamentos mensuales de 1.000 kilos de coca por esta nueva ruta, la cual se establecería mediante las dos empresas de pescado y mariscos.
El relato contenido en el expediente conocido por SEMANA asegura que 'Manuel Gómez' tomó la palabra y señaló que para concretar la compra de las empresas haría investigar a los socios y enviaría a cada una de las sedes a una persona como auditor para que le diera su opiniòn sobre la organizaciòn empresarial. "Desde el mismo lugar de la reunión, Manuel Gómez hizo una llamada a Panamá buscando a un señor de apellido Rada, a quien encargaría de revisar la empresa con sede en San José de Costa Rica. Rada no se encontraba, entonces Manuel dejó razón para que se comunicara con él al teléfono 595467 de Cali", confesó Henderson en el proceso adelantado en Tampa. La reunión entre Henderson y Manuel Gómez terminó con la advertencia de este último sobre las graves consecuencias que traería para él y para su familia cualquier deslealtad o traición.

CAMBIO DE PLANES
Dice el expediente que durante varios meses las negociaciones continuaron desde Tampa y San José de Costa Rica con Rentería en Cali. Pero las cosas se complicaron cuando cayó un gigantesco envío de cocaína en Tarpon Spring's, Florida, que había pasado por la ruta de Costa Rica. Rentería se comunicó con Henderson y le informó que los planes habían cambiado y que tenía que viajar de inmediato a San Andrés. El informante viajó, pero nunca hizo contacto con sus socios colombianos.
El 13 de abril de 1990 Henderson viajó de nuevo a Cali, donde se comunicó otra vez con Rentería, quien lo llevó a una reunión en la que estuvieron presentes varias personas, entre ellas Carlos González, quien más tarde se convertiría en pieza importante de la investigación. En el expediente de la Fiscalía se afirma que en esa entrevista se decidió hacer un envío de apenas 150 kilos de cocaína para probar si la ruta por San José era segura.
Según lo acordado, la cocaína saldría en lancha desde Buenaventura y sería entregada en un sitio costero conocido como Playa Herradura en Costa Rica. El 13 de mayo el cargamento llegó a su destino y fue recibido por Henderson y Carlos Miguel González. La droga fue guardada en una bodega y los socios estadounidenses se comprometieron a enviarla en los siguientes días a Tampa. Henderson informó a la DEA con sede en Costa Rica, y esta a su vez al organismo de investigaciones judiciales OIJ de ese país, que allanó el local y decomisó la droga. La incautación se mantuvo en secreto a fin de no entorpecer la investigación que adelantaban las autoridades aduaneras de Estados Unidos. Los agentes estadounidenses le hicieron creer a Rentería, con quien mantenían permanente comunicación vía telefónica, que la droga había sido enviada a Tampa. En esa conversación los detectives tuvieron una fuerte discusión con Rentería por el porcentaje que ganarían y que si no se les daba lo que pedían ellos se quedarían con la droga. Rentería les contestó: "No anden con esas amenazas, pues el dueño de la droga no es ningún tonto sino que es el dueño de la mitad de Cali".
La operación culminó el 29 de mayo de 1990 en Miami cuando los agentes contactaron a Clara Inés de Duque, a quien le hicieron entrega de una camioneta en la que supuestamente estaban los 150 kilos de cocaína. La mujer fue detenida. Decidió colaborar con la autoridades, y de esta manera los agentes encubiertos lograron aprehender a varias personas que estaban encargadas de distribuir la droga en el mercado negro de Miami. Esa misma noche uno de los agentes se comunicó telefónicamente con Rentería, lo puso al tanto del operativo y lo conveneió de que lo mejor para él era que se entregara en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde le darían protección a cambio de que colaborara.

LAS PRUEBAS
Culminada la operación, las autoridades judiciales de Estados Unidos, Costa Rica y Colombia iniciaron el proceso penal contra una docena de personas que en los tres países participaron en la operación. La Fiscalía Regional de Cali inició la respectiva averiguación preliminar en junio de 1993. En desarrollo de la investigaeión, un fiscal sin rostro se trasladó a Tampa para interrogar a los agentes encubiertos y al informante Henderson. En el curso de la diligencia de éste último, el fiscal le entregó un álbum con nueve fotografías, entre las cuales se encontraba una, la número ocho, que el testigo señaló como la que más se parecía a Manuel Gómez. Al revisar la foto el fiscal colombiano y las autoridades estadounidenses llegaron a una sorprendente conclusión: Manuel Gómez era nada menos que Miguel Rodríguez Orejuela.
El álbum que sirvió para que el informante Henderson identificara a su contacto en Cali fue suministrado por la policía colombiana, que lo obtuvo en los allanamientos hechos en la cárcel de la Catedral una vez fugado Pablo Escobar.
La otra prueba clave en el expediente contra Rodríguez Orejuela es el número telefónico 595467 de Cali, que el informante Henderson memorizó como aquel que Manuel Gómez le dejó a Rada en Panamá para que éste le retornara la llamada. Ese número correspondía a un radioteléfono registrado a nombre de la señora Amparo Arbeláez, esposa de Miguel Rodríguez.
Para refutar estas pruebas los abogados defensores de Rodríguez presentaron dos extensos memoriales a la Fiscalía. En relación con el álbum, los abogados alegaron que la fotografía número ocho está retocada y alterada y que Henderson no se había mostrado completamente seguro de que Manuel Gómez era Miguel Rodríguez. La Fiscalía rechazó el argumento de la defensa, pues consideró que en materia criminal están aceptadas todas las ayudas tecnológicas que permitan la identificación de los implicados en un proceso.
La defensa también fracasó cuando intentó demostrar que el radioteléfono que estaba asignado a la señora Amparo Arbeláez había sido vendido mucho antes de que hubiera ocurrido el contacto entre Henderson y Manuel Gómez en Cali. La Fiscalía desestimó la prueba y dijo que en el expediente existe un documento que demuestra que la línea telefónica aparecía a nombre de la esposa de Miguel Rodríguez en la época en que se inició la operación encubierta.
Rechazados los argumentos de la defensa, la Fiscalía decidió enjuiciar el pasado primero de febrero a Miguel Rodríguez por violar dos artículos de la Ley 30 de 1986 o Estatuto de Estupefacientes. Así, cuando un juez regional ordene la iniciación de la audiencia, el cabecilla del cartel de Cali deberá responder por concierto para cometer narcotráfico y tráfico de 150 kilos de cocaína, una acusación que, de convertirse en condena, podría implicar 24 años de cárcel para Rodríguez (ver cuadro).
Las cartas de la batalla jurídica que se avecina están sobre la mesa y de seguro, tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa, estarán preparando sus mejores armas. Pero las definiciones que se avecinan van mucho más allá de la situación de Miguel Rodríguez Orejuela. La verdad es que si resulta culpable y es condenado a una pena prolongada sujeta a mínimas rebajas por buen comportamiento, se habrá derrumbado el mito de la imposibilidad de condenar en Colombia a quienes las autoridades acusan de ser los grandes jefes del narcotráfico mundial. Y con ese mito en el suelo, la política de sometimiento a la Justicia, con sus generosas rebajas, habrá dejado de ser la única opción de fiscales y jueces para aplicar las leyes. De ahí que el ultimátum que la Justicia le ha enviado a Miguel Rodríguez sea también una advertencia a muchos otros de sus colegas de que, al menos en materia judicial, los tiempos de la impunidad pueden estar llegando a su fin.
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