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| 10/15/2001 12:00:00 AM

¿Ultimo aliento?

A pesar del fracaso de la reunión de la semana pasada, ni el gobierno ni las Farc pueden levantarse de la mesa sin sufrir un fuerte golpe político.

Finalizado el encuentro de dos días el único resultado de la cumbre de la semana pasada fue que el gobierno y las Farc volvieran a hablar después de tres meses. Por lo demás, el proceso sigue estancado. La discusión —al menos la que trascendió al público— giró alrededor de los controles a la zona de distensión. Fieles a sus declaraciones previas en el sentido de que sólo discutirían las propuestas de Manuel Marulanda para destrabar el proceso, las Farc insistieron en la necesidad de que el gobierno retire las restricciones a la entrada de extranjeros a los municipios despejados y suspenda los sobrevuelos militares y los retenes del Ejército en las fronteras del despeje. Controles que fueron impuestos por el presidente Andrés Pastrana el pasado 7 de septiembre al prorrogar por décima vez la zona de distensión que vence el próximo 20 de enero. El general Fernando Tapias, Comandante de las Fuerzas Militares, se anticipó a decir públicamente que los controles a la zona no eran negociables. A raíz de estas declaraciones las Farc emitieron un nuevo comunicado en el que acusaban al Ejército de atravesarse ‘nuevamente’ en el proceso de paz. A las dos de la tarde del viernes las partes concluyeron la reunión sin emitir comunicado conjunto, como ha sido la costumbre. En una breve rueda de prensa, el Alto Comisionado de Paz Camilo Gómez ratificó las declaraciones del general Tapias. “Los controles se mantendrán”, dijo, y anunció que el lunes volverán a reunirse las dos partes. Así, una vez más, la mesa de negociación postergó la discusión de los temas sustanciales que afectan a los colombianos. Lo que sí queda claro, sin embargo, es que tanto al gobierno como a las Farc les queda cada vez más difícil pararse de la mesa. Por eso, pese a sus profundas discrepancias de fondo y a las presiones para romper los diálogos, las partes se mantienen en el empeño de continuar dialogando. A Pastrana le conviene mantener el proceso por una razón egoísta y por otra altruista. Si abandona la mesa de negociación el Presidente admitiría que fracasó en el proyecto al que le apostó todo su capital político. Mantener el proceso vivo también beneficiaría a su candidato Juan Camilo Restrepo, que recogería los frutos de cualquier avance que produzca la negociación por ínfimo que fuera. La razón de interés público que tendría el gobierno para mantener el proceso es garantizar unas condiciones mínimas de seguridad para las próximas elecciones presidenciales. Pocos dudan que ante una ruptura del proceso las Farc quemarían todos sus cartuchos para sabotear militarmente el calendario electoral, como ya lo han advertido algunos de sus voceros. Al gobierno le queda muy difícil prorrogar la zona de distensión sin lograr antes algún avance con el grupo subversivo. Necesita un argumento que justifique ante la opinión nacional, pero sobre todo frente a la coalición internacional contra el terrorismo, que los 42.000 kilómetros despejados no son un refugio para terroristas sino un espacio para negociar el fin de un conflicto armado de carácter político. A las Farc, por su lado, tampoco les conviene pararse de la mesa con una opinión pública radicalizada en su contra, con pueblos enteros sublevándose para impedir sus acciones militares, con una comunidad internacional intolerante a cualquier acto de terrorismo, pues en ese contexto las probabilidades de que el próximo presidente les mantenga las mismas condiciones de negociación se reducen cada vez más. Por otro lado el tiempo ahora corre en contra de las Farc. Sus crecientes tensiones internas podrían agudizarse si se paran de la mesa. “Quedarían convertidas en un cartel mafioso”, opina un analista del proceso. Las negociaciones, así no avancen, le otorgan a las Farc un espacio de interlocución política, que sin duda perderían si se internan en el monte. Sin este estatus político el fraccionamiento de la guerrilla en varios ejércitos privados es una posibilidad real que conduciría a una africanización del conflicto, el peor escenario de todos. Por eso algunos piensan que las duras declaraciones de las Farc del viernes pasado iban dirigidas más hacia algunos sectores guerrilleros que hacia el gobierno. ¿Qué puede pasar esta semana? Lo más seguro es que surja una propuesta conjunta en relación con el tema del desempleo que le permita al gobierno justificar la prórroga y al secretariado de las Farc convencer a los más radicales de que la negociación sigue siendo sobre la agenda común. Es decir, sobre los temas económicos y sociales y no exclusivamente sobre la distribución del poder político como parecería estar buscando el gobierno tras la firma en octubre pasado del Acuerdo de San Francisco de la Sombra. Entre tanto, el país espera.
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