Un acto de justicia

El coronel Jorge Iván Calderón conoce como pocos el drama de los policías y militares secuestrados por las Farc. Como compañero de curso y amigo del teniente coronel Luis Mendieta Ovalle, el oficial de más alto rango en poder de la guerrilla, ha seguido de cerca el drama que ha vivido la familia de éste desde noviembre de 1998, cuando las Farc se tomaron Mitú, arrasaron el comando de Policía y se lo llevaron junto con algunos de sus subalternos. Mendieta va a cumplir seis años privado de la libertad. Pero esta tragedia no fue la única que tocó al coronel Calderón. Entre 1999 y 2002, cuando estaba al frente del departamento de Policía del Meta, estuvo cerca de las 52 familias de los policías que habían sido secuestrados en Mitú o en Puerto Rico, la mayoría de las cuales vivían en Villavicencio.

Como comandante departamental tuvo que tocar puertas en el sector privado para pedir que emplearan a las esposas o hijos de los policías para que su situación económica mejorara un poco. Sin embargo, lo que más lo impactó fue ser testigo de excepción de las condiciones y el estado en el que se encontraban los policías secuestrados. Como comandante del Meta tenía orden del gobierno de conducir hasta la zona de distensión a algunos de los invitados internacionales de las Farc. En una ocasión que acompañó a un delegado de la Unión Europea al municipio de Uribe tuvo la oportunidad de entrar con éste hasta un campamento en el que los guerrilleros tenían a un grupo de uniformados en tránsito hacia otro lugar de reclusión. "Eso me conmovió mucho. Los tenían peor que en un campo de concentración nazi", recuerda el coronel.

Esta visión lo marcó. Tanto que el 3 de octubre de 2002, durante una reunión de comandantes de departamento y directores de escuelas de formación que tuvo lugar en el centro de estudios superiores de la Policía, hizo una propuesta audaz ante el presidente Álvaro Uribe, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez y el director de la institución, el general Teodoro Campo. El coronel Calderón planteó la necesidad de presentar un proyecto de ley ante el Congreso para reglamentar la situación del personal de las Fuerzas Armadas que estaba en poder de la guerrilla pues hasta ahora la figura que se les aplica es la de desaparecidos. El objetivo era lograr el ascenso al grado inmediatamente superior al que ostentaban en el momento de su retención, un procedimiento similar al grado póstumo que se les concede a aquellos militares o policías que fallecen en actos meritorios del servicio.

Esta medida tendría un efecto positivo en la moral de los secuestrados, pues sería una forma de reconocer que el Estado no los dejó abandonados a su suerte, y un efecto práctico en la resquebrajada economía de sus familias. El reconocimiento retroactivo de este derecho les permitiría recibir a las esposas e hijos de los policías y militares el sueldo correspondiente al nuevo grado. El teniente coronel Mendieta, por ejemplo, estaba a un mes de ser llamado a curso para ascender a coronel full y a seis meses de serlo cuando fue secuestrado por las Farc. No pudo hacer ni lo uno ni lo otro por razones de fuerza mayor. Su esposa María Teresa recibe desde hace seis años el 75 por ciento del sueldo que tenía entonces Mendieta, el resto es ahorrado por la Policía para que el oficial disponga de ese dinero cuando quede en libertad. En la misma situación están otras 53 familias de miembros de las Fuerzas Armadas.

El proyecto del coronel Calderón proponía que se le entregara a las familias la totalidad del sueldo, salvo en los casos en que los oficiales o suboficiales fueran solteros o no tuvieran hijos. En esta situación se le guardaría el 50 por ciento del sueldo en un ahorro especial para que dispusiera de ese dinero cuando recuperara la libertad. Aunque la propuesta de este oficial fue bien recibida por el presidente Uribe, no tuvo eco en el resto de la institución ni en el Ministerio y poco tiempo después el coronel Calderón se retiró de la Policía.

El año pasado María Teresa de Mendieta, en nombre de las esposas, madres y familiares de los secuestrados, le pidió ayuda al amigo de su esposo para tratar de presentar el proyecto de ley en el Congreso. En septiembre el senador Germán Vargas Lleras los atendió y se comprometió a sacar adelante la iniciativa. El proyecto de ley ya terminó su paso por el Senado y a partir del próximo 20 de julio va a ser estudiado en la Cámara de Representantes. Para María Teresa de Mendieta, este es un gran avance y espera que su esposo y los demás miembros de la Fuerza Pública que están con él, y de quienes no tienen noticias hace meses, se enteren de esto para que sientan que no los olvidaron y que "ha valido la pena estar enterrados en vida durante seis años".