Un año después, ¿en qué va proceso por crimen de niños en Arauca?

Álvaro José Torres preferiría no recordar qué pasó el 14 de octubre del 2010. Pero no puede. Ese día desaparecieron Jenny, Jimmy y Jeferson, tres de sus hijos. Ese día empezó su calvario. Ese día su vida se partió en dos. Tuvo que salir de la vereda El Temblador, en Tame (Arauca), y tratar de empezar una nueva vida. Lo que hasta ahora, un año después, no ha sido posible.
 
El proceso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares, a quien la Fiscalía acusó por doble acceso carnal violento (a una niña de 13 años el 2 de octubre del 2010 y a otra de 14 años el 14 de octubre del 2010) y el homicidio de una de ellas, junto a sus dos hermanitos de 6 y 9 años, ha sido lento. El tiempo pasa y la zozobra de las familias de las víctimas crece. Quieren que esto acabe y que se haga justicia.
 
Apenas unas semanas después de conocerse la noticia, el entonces comandante del Ejército, general Alejandro Navas, anunció destituciones por fallas en el ejercicio del mando y control de las tropas ubicadas en el sector de los hechos.
 
La medida de retiro cobijó al teniente coronel Germán Belalcázar Arciniegas, al teniente coronel James Edinson Pineda Parra, al mayor James Alberto Granados, al subteniente Raúl Muñoz Linares, al sargento viceprimero Luis Giovanni Torrijos Medina, al cabo primero Juan Esteban Sánchez Bonilla y al cabo segundo Róbinson Javier Castro. Todos, adscritos a la Brigada Móvil No. 5.
 
La noticia de la destitución se conoció apenas unos días después de que el fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, aseguró que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se encontraron manchas de sangre en las mochilas de siete de los 60 militares que están siendo investigados, además de restos de semen en las prendas que vestía la niña. “El último informe que recibí sobre el caso dice que el uniforme de la niña tiene semen, eso facilita más las cosas porque una muestra biológica permite una identificación indiscutible”, señaló entonces Mendoza.
 
Desde entonces el caso ha estado centrado en el subteniente Muñoz, quien aceptó que había tenido relaciones sexuales con las menores, pero, según él, “porque ellas así lo quisieron”. Olga Silva, de la ONG Humanidad Vigente, ha estado en el caso, como representante de las víctimas, desde el inicio del proceso. Ella asegura que aunque en el inicio del proceso hubo dilaciones y situaciones muy complejas, desde que el caso llegó a Bogotá, aunque a paso lento, ha marchado.
 
“Todo empezó con dilaciones y maniobras. El subteniente cambió en varias oportunidades de defensa, lo que hizo que la etapa preparatoria tuviera muchas trabas”, cuenta Olga. Sin embargo, el proceso sólo fue trasladado a Bogotá cuando en marzo Gloria Constanza Gaona, la jueza que llevaba el caso, fue asesinada.
 
Cuando el proceso llegó a la capital del país, el subteniente Muñoz empezó a ser defendido por el abogado Sergio Rodríguez, que hasta ahora se mantiene como su apoderado y quien pidió que sea tenido un desmovilizado de las FARC, que, según las palabras de Rodríguez, “fue testigo presencial de los hechos y contará que las FARC cometieron el asesinato”.
 
Dicho testimonio fue aceptado por el juez, sin embargo, el fiscal del caso y los representantes de las víctimas apelaron. Por eso, aunque se tenía prevista para este viernes la continuación del juicio, sólo cuando el Tribunal Superior de Bogotá resuelva el recurso continuará la audiencia.
 
Mientras tanto, la familia de los tres menores asesinados y de la niña violada recibe el acompañamiento de diferentes ONG que han decidido acompañarlos. “La asistencia por parte del Estado ha sido tardía. Ellos (las familias) siguen viviendo en condiciones difíciles, sicosocales y humanitarias”, señala Olga Silva.
 
En Arauca este viernes marcharán y realizarán diferentes actividades en memoria de los tres pequeños que hace un año desaparecieron y fueron encontrados dos días después muertos en una fosa común.

La desaparición
 
José Álvaro Torres, padre de los niños, se separó de su esposa hace dos años. Desde entonces se hizo cargo de los tres hijos menores. Vivían en el sector de Caño Temblador de la vereda Flor Amarilla en Tame, Arauca, en la misma zona donde él trabaja como jornalero, y de donde el jueves, 14 de octubre, desaparecieron los niños.
 
Según un reporte de la Fiscalía, conocido por Semana.com, ese día José Álvaro salió de su casa rumbo a la de un vecino, donde estuvo hasta cuando el acelerador de la guadaña con la que estaba trabajando se dañó, y tuvo que regresar a su casa, a 500 metros de distancia, para recoger una herramienta que le permitiera reparar el daño.
 
Al llegar a su casa les dijo a sus hijos que hicieran el almuerzo. De nuevo, José regresó a donde su amigo. Sin embargo, la guadaña siguió dañada, por lo que su amigo decidió ir a casa de José a recoger unas llaves, cuando volvió le contó que no había visto a sus hijos. El hecho pareció no cobrar importancia para José, pues continuó en la vivienda de su amigo hasta las 5 y media de la tarde. Fue entonces cuando, al regresar a su casa no encontró a sus hijos. Los buscó dentro de la vivienda. Les preguntó a sus vecinos. Pero no aparecieron.

Al día siguiente, el viernes, decidió irse para Tame. Quería denunciar la desaparición de sus hijos. Y cuando estaba en las instalaciones de la Sijín, el sábado, recibió una llamada en la que le decían que tenían noticias de los tres niños y que debía regresar a Caño Temblador. El presidente de la junta de acción comunal del lugar le dijo que había visto una fosa en donde se asomaba una pierna, al parecer de un niño. Minutos después, se confirmó. En la fosa estaban sus tres hijos. Muertos y con señales de haber sido atacados con arma blanca.

El hallazgo de la fosa también fue confirmado por la Fiscalía especializada de Arauca, al recibir una llamada telefónica por parte de la Directora Seccional, encargada de la defensoría pública, en la que decía que la habían hallado en la misma zona donde habían desaparecido los niños. La Cruz Roja corroboró el hallazgo. Lo cuerpos que estaban en la fosa correspondían a los de los menores que estaban perdidos. Eran los hijos de José Álvaro Torres.

El domingo, 17 de octubre, se ordenó a la Policía Judicial practicar la inspección judicial en el lugar de los hechos, con el fin de obtener elementos probatorios y evidencias materiales de lo que había pasado. Para recuperar los cadáveres se necesitó la ayuda de la Cruz Roja. El lunes 18 de octubre, un helicóptero que la fiscal encargada del caso había solicitado la noche anterior salió rumbo al lugar donde encontraron los cuerpos para llevarlos a Tame, donde el martes 19 de octubre fueron enterrados.