Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2003/07/21 00:00

Un buen comienzo

El acuerdo firmado entre las AUC y el gobierno que conduciría a la desmovilización de las autodefensas de Castaño es una buena noticia. Pero el camino está lleno de obstáculos.

Un buen comienzo

Luis Carlos Restrepo dice que desde que se convirtió en comisionado de Paz dejó de soñar. Por eso no guardaba ninguna ilusión el lunes pasado de que la reunión que tendría con las autodefensas fuera a ser muy diferente de las que había mantenido desde hacía siete meses con los hombres de Carlos Castaño.

Con esa actitud, ni muy optimista ni muy pesimista, llegó en compañía de los miembros de la comisión exploratoria a las 10:15 de la mañana a Santa Fe de Ralito, una vereda en el corazón de Córdoba. Los comandantes paramilitares los invitaron primero a una visita inusitada. A unos 100 metros de allí, en un precario hospital de rehabilitación, 63 jóvenes mutilados por minas antipersonales estrenaban sus pesadas prótesis, elaboradas por especialistas de las autodefensas, y hablaban con entusiasmo sobre cómo pensaban rehacer sus vidas.

Con esa imagen contundente del horror de la guerra como telón de fondo y en medio del ruido de unos ventiladores viejos que amainaban el sopor estival de San Juan, arrancó la sesión que podría resultar definitiva para el futuro del paramilitarismo en Colombia.

Los delegados del gobierno se sentaron de un lado de la mesa y Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y los otros siete jefes de las AUC del otro. En las cabeceras, los monseñores Germán García y Julio César Vidal y el padre Leonidas Moreno, quien coordinó la discusión.

Aunque la mesa estaba adornada con una bandera gigante de Colombia y unos individuales que decían "AUC-Gobierno, una esperanza de paz", nadie auguraba una reunión fluida. La comisión exploratoria, nombrada por el presidente Alvaro Uribe para sondear las posibilidades de un proceso con este grupo armado ilegal, ya había presentado su informe pero no había señales de que la fase de negociación arrancaría rápido.

Sin embargo, y quizá por eso mismo, muy pronto los delegados del gobierno y de las autodefensas concluyeron que las conversaciones peligraban y que habían llegado a un punto que exigía dar un paso radical. Con esa convicción decidieron iniciar la fase de negociación y coincidieron en que el propósito de la misma sería la reincorporación de las autodefensas a la vida civil a más tardar el 31 de diciembre de 2005.

Cada parte escribió esa noche un proyecto de acuerdo. Y Restrepo consultó por teléfono el suyo con el Presidente. "Es un gran alivio para el país", le dijo Uribe al Comisionado cuando éste terminó de leerle el texto y lo exhortó para que exploraran la posibilidad de producir resultados lo más pronto posible.

Con su beneplácito firmaron el martes por la tarde el acuerdo definitivo sin ser todavía totalmente conscientes del gran paso que habían dado. Brindaron con champaña por la paz de Colombia y el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, concluyó la reunión con una oración.



Camino de espinas

Para llevar a buen término la negociación histórica que arrancó formalmente ese día se necesitará de la ayuda de toda la Santísima Trinidad. Si se hace bien, su desmovilización podría como mínimo sustraerle 13.000 hombres armados al conflicto.

El acuerdo inicial logrado por Restrepo, con base en las recomendaciones de la comisión exploratoria, conformada por Carlos Franco, Jorge Ignacio Castaño, Eduardo Espinosa, Gilberto Alzate, Ricardo Avellaneda y Juan B. Pérez, es un buen punto de partida. Su mayor logro, quizás, es que ambas partes están de acuerdo en que el fin último de este proceso es el abandono de las armas por parte de las autodefensas y su reinserción a la vida civil. Para lo cual, además, fijan una fecha límite.

Que haya un consenso sobre cuál es la finalidad de la negociación es un avance mayúsculo si se tiene en cuenta que el último proceso de paz con las Farc falló porque la guerrilla y el gobierno nunca lograron ponerse de acuerdo sobre cuál era el propósito de la negociación en el Caguán. 'Marulanda' siempre dijo que para ellos la negociación apuntaba a conseguir "la paz con justicia social" mientras que el gobierno esperaba convencerlos de que dejaran las armas, algo que en realidad 'Tirofijo' ni siquiera contempló como posibilidad.

La otra ventaja de este acuerdo marco con las autodefensas frente al Acuerdo de Caquetania, que dio la partida al proceso entre Andrés Pastrana y las Farc, es que es más realista. No condiciona la desmovilización de las AUC a la desaparición de las guerrillas y tampoco crea una mesa de discusión con participación de la sociedad civil que, aunque en teoría suena bien, en la práctica dilata el proceso y valoriza el uso de las armas para conseguir reformas sociales y legitimarse políticamente. "Nos salimos del esquema de una negociación reivindicativa en la que se cambian los fusiles por una lista de mercado, dice Restrepo. Entendimos que el premio mayor que el Estado podía ofrecerles era convertirse en ciudadanos con plenos derechos, con una vida digna con sus familias y con sus sueños. Y ellos ofrecen lo que puede ofrecer un grupo armado ilegal: entregar sus armas para que el Estado se legitime".

El diablo, obviamente, está en los detalles. Y ahí será donde Restrepo tendrá que desplegar toda su intuición de siquiatra para no dar un paso en falso.

El acuerdo estipula que las partes se comprometen a crear las condiciones para que en un tiempo prudencial, con las debidas garantías de seguridad, puedan concentrar las tropas en sitios previamente acordados. Y Uribe aclaró públicamente que estos lugares de ninguna manera serán zonas de distensión. Fue enfático en que contarán con la presencia de la Fuerza Pública y de todas las entidades del Estado.

Uno de los puntos más interesantes es el que tiene que ver con los cultivos ilícitos. En el acuerdo afirman que comparten el propósito oficial de "una Colombia sin narcotráfico". Este último punto será sin duda uno de los mayores escollos que encontrará esta negociación, mas no el único. El narcotráfico aporta entre 20 y 80 por ciento de las finanzas de los diferentes grupos de autodefensas, que se estima controlan un poco menos de la mitad del negocio en el país. Además algunos de los jefes son abiertamente capos narcotraficantes, que encontraron en la filosofía paramilitar una buena sombrilla para legitimarse o que pagaron a las AUC millones de dólares por hombres entrenados y por la 'franquicia'. Esto, obviamente, dificultará cumplir con este propósito común.

Sin embargo el fortalecimiento de la interdicción aérea, las intensas fumigaciones de los narcocultivos y la política de recuperación territorial del gobierno harán cada vez más difícil el negocio. Y en todo caso la solicitud de extradición de Castaño y Mancuso -que Phil Chicola confirmó esta semana que seguirían vigentes- pesan sobre sus cabezas como una espada de Damocles.

"La decisión de cómo responder a una petición de extradición es soberana del Estado que está entregando a sus ciudadanos. Es una decisión que en su momento tendrán que tomar las autoridades de Colombia", dijo a SEMANA el funcionario del Departamento de Estado. Por su parte, el comisionado Restrepo dijo que habría que manejar cada caso pero que no iba a llevar "un tema coyuntural a una negociación estructural".

Otro escollo grande que enfrentarán es el jurídico. Los paramilitares han cometido crímenes de lesa humanidad y, en la medida en que se consideran afrentas contra el género humano, no sólo la Corte Penal Internacional sino cualquier juez del mundo los podría juzgar en el futuro, como de hecho está ocurriendo ahora con los militares argentinos que torturaron y mataron disidentes durante la dictadura. "Los perdonas aquí pero mañana el juez Baltasar Garzón los puede juzgar", dice un experto en estos temas.

Consciente de este riesgo el gobierno estudia una fórmula similar a la que se aplicó a los miembros del IRA en Irlanda. Considera que la mayoría de los miembros serían juzgados y condenados por el delito de sedición, que es amnistiable. Pero la ejecución de la condena se supeditaría a que no vuelvan a delinquir y a que reparen -si eso es posible- el daño causado a las víctimas. Por ejemplo, construyendo casas para los campesinos desplazados, cediendo tierras, con actos simbólicos de contrición, etc.

El tercer impedimento es el que tiene que ver con la seguridad de los desmovilizados. Si se comprometen a luchar contra el narcotráfico, como lo han dicho Castaño y Mancuso, se convertirían en enemigos de los narcotraficantes. Pero también estarán en la mira de la guerrilla, su enemigo natural. Por eso sus vidas correrán gran riesgo y, como desafortunadamente se ha demostrado, no es fácil proteger a una persona condenada a muerte en Colombia.

La seguridad de las zonas también es un tema espinoso. Es sabido que algunos habitantes de zonas bajo influencia paramilitar han hecho lobby en contra de una eventual desmovilización pues temen el regreso de la guerrilla. Los otros grupos de autodefensas que no están dispuestos a entrar a la negociación también podrían alargar hacia allí sus tentáculos. El gobierno advierte, por su parte, que con los miles de soldados campesinos que entrarán pronto a operar tendrán presencia efectiva y permanente en estos territorios. Lo harán mejor aun si la gente que hoy financia a los paras se la juega en favor de las instituciones legítimas.

Y, por último, está el obstáculo de las millonarias sumas de dinero que se necesitarán para lograr la reinserción de tantos hombres. Suponiendo que sean 10.000 -y según dice Restrepo son más- a 10.000 dólares por cabeza (que incluiría su manutención mientras estén concentrados y una financiación para arrancar un proyecto productivo) serían 100 millones de dólares, una cifra considerable para un país sin plata (pero irrisoria si contribuye a la paz). La ex embajadora estadounidense, Anne Patterson, dijo antes de abandonar su cargo que su gobierno estaría dispuesto a aportar dinero a esta causa. Sin embargo, con seguridad habrá que conseguir más recursos. Ahora, si el proceso empieza a cuajar, la plata llega.

Hay otras preguntas sin contestar. ¿Qué pasará con las tierras que han acumulado los paramilitares durante años a punta de miedo y fusil? ¿Qué garantizará que lo que se acuerde con los jefes paramilitares sea obedecido por unas 'tropas' cada vez más fragmentadas y lumpenizadas? ¿Qué pasará con grupos como el Bloque Metro, que ha dicho no estar dispuesto a negociar?

Los interrogantes son miles y Luis Carlos Restrepo admite no tener todas las respuestas. Dice que él les ha dicho varias veces a las autodefensas que van por un camino curvoso, destapado, con precipicios de lado a lado, de noche, lloviendo y con neblina. Y que él sólo cuenta con unas exploradoras con una visibilidad máxima de 10 metros. Que es posible que si avanza dos kilómetros encuentre un abismo y le toque parar y construir un puente para pasar. En todo caso tranquiliza que sepan a dónde quieren llegar y que el destino favorezca a todos los colombianos.

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