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| 9/5/2004 12:00:00 AM

Un crimen silencioso

La desaparición forzada se ha incrementado en algunas zonas del país. La lucha contra este delito de lesa humanidad no está dando los resultados esperados.

Después de la séptima desaparición, Lucero Usuga no volvió a pronunciar palabra. Escasamente lloraba y comía. Su sino trágico empezó cuando uno de sus hermanos se enroló en las Farc y llegó a convertirse en uno de los comandantes del V frente que opera en Urabá. Los Usuga, que eran colonos y obreros de filiación comunista, se convirtieron en una estirpe a punto de acabarse. En los últimos ocho años, Lucero ha tenido que enterrar a dos de sus familiares. Pero no tiene tumba para los siete desaparecidos que llevan su apellido: para su padre, dos hermanos, dos sobrinos y su esposo Ángel Quintero. Este último fue raptado junto con Claudia Monsalve en el año 2000, cuando se había dedicado a buscar la verdad sobre estos crímenes.

La desaparición forzada fue tipificada como delito de lesa humanidad hace cuatro años pero aún nadie ha sido condenado por él. Aunque con relación a los dos últimos años se ha reducido un poco, está en uno de los puntos más altos de la última década. Y al igual que el secuestro, la reducción en las cifras no es alentadora, pues sigue siendo una de las más altas del mundo.

La Fiscalía reportó el año pasado 3.866 desapariciones, de las cuales 54 por ciento nunca han aparecido, ni vivos ni muertos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, recibió denuncias de 623 desapariciones vinculadas al conflicto armado, pero la misma organización admite que no ha hecho un seguimiento sobre cuántos de ellos aparecieron después.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -Asfaddes- , que cuenta sólo a quienes son víctimas de desaparición forzada por motivos políticos, tiene datos más pesimistas. Según esta ONG, en el año 2003 desaparecieron 1.188 personas vinculadas a organizaciones sociales. La mayoría de ellas fueron víctimas de grupos armados ilegales. Gladys Ávila, vocera de esa institución, dice que este año los casos se han incrementado especialmente en el sur del país y en los Llanos Orientales, donde dos facciones paramilitares tienen a la población en medio de las balas. En Casanare y Meta, las desapariciones forzadas podrían estar asociadas al reclutamiento forzado. En algunas regiones la desaparición, lejos de reducirse, se ha incrementado. En el segundo semestre del año pasado, Barrancabermeja reportó 70 desapariciones forzadas, y en lo que va corrido de este año Santa Marta tiene 35 casos y San José del Guaviare, 33.

Pero la desaparición forzada no sólo es usada como arma de guerra. Los grupos de limpieza social recurren a ella todo el tiempo y las mafias la prefieren como la peor venganza contra sus enemigos.

A pesar de la gravedad de este delito, la lucha contra él no ha sido eficaz. La ley que combate este crimen creó una Comisión Nacional de Búsqueda, conformada por las más altas autoridades judiciales y de derechos humanos. Pero aunque en lo jurídico significó un avance, en la práctica no tiene instrumentos para salvarles la vida de manera inmediata a quienes son raptados. Fue necesario entonces crear una reglamentación que está para revisión de la Corte Constitucional.

Según la nueva reglamentación, cuando se denuncie la desaparición de alguien, se activarán todos los mecanismos judiciales y policivos para actuar de inmediato y procurar que se encuentre a la víctima.

Hoy ocurre lo contrario, especialmente porque los funcionarios desconocen la ley. Muchas personas que denuncian una desaparición reciben como respuesta que deben esperar 72 horas para que se inicie la búsqueda. Pero estos tres días pueden ser claves para salvar muchas vidas.

La Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas activó pequeños grupos de trabajo para investigar seis casos especiales que, en su mayoría, vinculan a miembros de la Fuerza Pública como posibles autores. Pero estos grupos tampoco han avanzado mucho. "Falta voluntad política", dice uno de los investigadores, quien critica además que la Fiscalía se haya negado reiteradamente a crear un organismo especializado para las desapariciones.

Al igual que en el Cono Sur, donde las historias de las desapariciones ocurridas en los años 70 son ampliamente conocidas, en Colombia, los pocos casos que se han resuelto han contado con el esfuerzo personal y la consagración a esta causa de los familiares. El más emblemático es sin duda el de Fabiola Lalinde, una mujer de Medellín cuyo hijo, un militante de izquierda, desapareció. Lalinde dedicó los siguientes 15 años a demostrar que una patrulla del Ejército lo había asesinado y enterrado en una montaña en Antioquia. Al final de todas sus batallas jurídicas, le entregaron una pequeña cajita con apenas algunos huesos y muchas cenizas de lo que fue su hijo.

Pero aunque la desaparición forzada se asocia siempre con los crímenes de Estado, desde hace por lo menos un lustro son los grupos armados los que más han recurrido a ella.

En las zonas bajo control guerrillero, tal como lo ha denunciado en varias ocasiones el vicepresidente Francisco Santos, hay miles de fosas donde yacen cuerpos de hombres y mujeres que hoy son buscados por sus familiares. "La gran paradoja es que Omaira Montoya, que era del ELN, fue la primera desaparecida en Colombia. Años después, el ELN desapareció a mi hermano", dice un líder social. Años después, el ELN reconoció haber fusilado a su hermano. Pero él todavía espera que, en un acto de verdad y reparación, le entreguen sus restos.

Y es que en los nuevos procesos de paz el tema de los desaparecidos será fundamental. De hecho, esa es la herida que en Chile nunca se ha podido cerrar y que vuelve a estar vigente con el desafuero a Augusto Pinochet ocurrido la semana pasada.

Lo paradójico es que a pesar de lo grave de la situación, cuatro años después de tener firmada una ley, los mecanismos no funcionen, cuando se trata de la vida de las personas.

Con mejor suerte han contado las vacas. En agosto se creó un grupo élite del Ejército, del DAS y de la Fiscalía para buscar de manera rápida y eficaz las reses que han sido robadas en los grandes hatos ganaderos. Esa es una de las paradojas que, como en el caso de Lucero Usuga, quitan el habla, las ganas de comer y secan las lágrimas.
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