UN CURA EN EL INFIERNO

"NO PERMITIREMOS EN NINgún caso que haya lugar a manifestaciones de proselitismo armado, y no vacilaremos en militarizar aquellas zonas en donde exista un sentimiento de intimidación generalizada para ejercer el libre derecho al voto". Esta frase, dicha por el presidente Ernesto Samper el pasado tres de octubre, durante la cumbre de gobernadores realizada en el Palacio de Nariño, cayó como un baldado de agua fría en algunas regiones del país, especialmente en el caluroso municipio de La Dorada (Caldas), donde un polémico y fogoso sacerdote paisa le disputa hombro a hombro la alcaldía municipal a los tradicionales jefes políticos de la zona. Lo curioso de la frase es que en ella el Presidente no sólo se referia a la posible intervención guerrillera o paramilitar en las próximas elecciones del 30 de octubre, sino que también estaba metiendo por primera vez en el mismo saco al revoltoso sacerdote.

El nombre del cura Nicolás Gómez saltó a la palestra la semana pasada, cuando un informe de El Tiempo, publicado bajo el título "El zarpazo del Magdalena Medio", cambió por completo la buena imagen que tenía el sacerdote ante sus paisanos y ante un sector de la opinión pública. El artículo señalaba que el cura, "acusado en alguna oportunidad de olvidar las hostias y la misa matutina y disparar sin más contra un fiel en un bazar, es la punta de lanza de un proyecto que involucra a Jairo Correa Alzate (detenido en la Cárcel Nacional Modelo acusado de narcotráfico y señalado por las autoridades de haber sido uno de los hombres de confianza de Gonzalo Rodríguez Gacha, 'El Mexicano'),y al veterano ex jefe político de paramilitares y autodefensas del Magdalena Medio, Iván Roberto Duque".

Según altas fuentes de los organismos de inteligencia, el proyecto mencionado encarna, ni más ni menos, la intención de Correa Alzate de liderar desde la cárcel Modelo un plan para recuperar los territorios del Magdalena Medio, que en el pasado constituyeron el cordón de seguridad de 'El Mexicano' y de Pablo Escobar. Para las autoridades resultaba igualmente extraño la aparición de un aviso en la edición del 18 de septiembre de El Espectador -en la que se realizó una separata especial de La Dorada- con la leyenda "Elija a los alcaldes de la integración regional del Magdalena Medio" donde se citaba a los candidatos de los municipios de Victoria, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Parra y Cimitarra, Honda, Mariquita, Guaduas, Puerto Salgar y Yacopí. El aviso remataba con la frase: "Es el movimiento que lidera el padre Nicolás Gómez desde La Dorada, Caldas". A partir de estas informaciones, los ojos tanto de las autoridades como de los medios se volcaron hacia el sacerdote Gómez Montes, a quien SEMANA visitó en plena campaña en La Dorada.


EL LOBO FEROZ

El padre Gómez, como le dicen los doradences a pesar de que pese sobre él una sanción del obispo de la Curia, que le impide, entre otras cosas, oficiar misa y confesar, se mueve como pez en el agua en este municipio caldense donde la temperatura supera fácilmente los 42 grados a la sombra. Al cura lo siguen sus simpatizantes a donde quiera que vaya. Su palabra es ley: "Yo con un solo dedo que mueva puedo armar un polvorín en La Dorada" dice sin mosquearse. La información aparecida en El Tiempo por poco genera un levantamiento general en la población. Hubo unas 30 personas que se amarraron de pies y manos como símbolo de rechazo porque, según ellos, el Consejo Nacional Electoral, al anular 7.000 cédulas inscritas, les había "quitado el derecho al voto libre y a la libre elección". Para tomar esa decisión el Consejo Electoral argumentó que en La Dorada, al igual que en otros cientos de municipios del país, se había efectuado el llamado trasteo de votos, al pasar de unas 2.700 cédulas inscritas en promedio a unas 8.400.

Pero, ¿quién es este hombre que de la noche a la mañana centró la atención de todos en el municipio de La Dorada y puso a hablar nuevamente al país sobre un tema que estaba medio archivado, como es el narco-paramilitarismo? El padre Gómez es un paisa de 36 años que desde hace tres trabaja en la diócesis de La Dorada, a donde llegó después de oficiar en otros municipios caldenses. Nacido en Granada, Antioquia, con 29 hermanos regados por el viejo Caldas, Gómez Montes llegó a la región del Magdalena Medio cuando la zona empezaba a vivir bajo el fuego de la guerrilla y de las autodefensas. Es seguidor ferviente del padre Bernardo Hoyos a quien inclusive visitó para pedirle consejos, consejos que le dio diciéndole que no se metiera el política porque "la política es muy sucia".

Las recomendaciones de Hoyos resultaron ajustadas a la realidad, porque en estos momentos la situación del padre Nicolás no puede estar más enredada. Una alta fuente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) le aseguró a SEMANA que el sacerdote aparece registrado como una de las personas que ha visitado a Jairo Correa Alzate en La Modelo. Igualmente el Ministerio de Defensa tiene en su poder una lista de las personas autorizadas para visitar a Correa y en ella aparece el nombre de José Nicolás Gómez Montes, al lado de Francisco Javier Arango Estrada, a quien las autoridades señalan como representante legal de los bienes del narcotraficante. Ante la gravedad de esa acusación, Gómez dijo a SEMANA: "Juro que no he estado nunca en la celda de Correa Alzate. Que prueben que he ido y que tengo vínculos con el narcotráfico. Que me investiguen y si tengo que irme para la cárcel, me voy".

Pero los indicios de las autoridades sobre la relación del sacerdote con Correa no se limitan a las posibles visitas del padre a La Modelo. Según fuentes del Ministerio de Defensa, hay hechos que podrían llevar a concluir que la campaña del sacerdote está financiada con los dineros del narcotraficante. El pasado primero de octubre, la Policía Judicial allanó las oficinas de Jairo Correa Alzate, en La Dorada, y la Hacienda El Japón, propiedad de él e inscrita bajo la razón social de la firma Inversiones Mendoza y Barbosa y sus filiales Agrocentro Primavera y Capricentro. Las mismas fuentes sostienen que durante la ocupación se encontraron armas, equipos de comunicaciones y documentos relacionados con la campaña política del "Movimiento del Pueblo". Además, hallaron una bolsa llena de camisetas con propaganda del padre Nicolás, una fotocopia autenticada de la cédula del sacerdote, volantes del movimiento, y recortes de prensa referentes al sacerdote, entre otros.

Igualmente las autoridades sostienen que se encontró una copia de un contrato con la firma Asesores e Inversiones Ltda. Publicidad en la que se especifica el pago de 877.500 pesos por la pauta de "un aviso de tres coles por 32.5 en blanco y negro en la separata especial de La Dorada en el Diario 'El Espectador', 17 de septiembre de 1994".

La copia señala como empresa solicitante a la "campaña para el padre Nicolás" (ver facsímil). De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa, "los documentos incautados muestran una evidente participación de Jairo Correa Alzate en la campaña política del presbítero Nicolás Gómez". Por su parte, el padre asegura que no ha recibido un peso de Correa.

Ahí no acaban, sin embargo, los indicios de las autoridades. Señalan que la presencia de familiares cercanos a Correa Alzate en las listas que lidera el padre Nicolás de aspirantes a las corporaciones públicas, puede llevar a concluir igualmente la existencia de vínculos entre el sacerdote y el narcotraficante. De hecho, el primo hermano de Correa, César Alzate Montes, encabeza una lista para el Concejo de La Dorada en representación del "Movimiento del Pueblo". También hay personas que afirman que Vicente Arango Estrada candidato a diputado por el mismo grupo, es hermano del administrador de los bienes de Correa Alzate, Francisco Javier Arango Estrada. No obstante, otras fuentes señalan que la semejanza de sus apellidos es una coincidencia.

Gómez, por su parte, dijo a SEMANA que efectivamente el primo de Correa Alzate está dentro de sus listas para el Concejo, de la misma manera que muchos de sus actuales seguidores fueron antiguos miembros del grupo Paz, Progreso y Cultura (PPC), creado a finales de los años 80 por el propio Correa Alzate. "Mi movimiento es pluralista. Además, si aquí todos son amigos de ellos, no veo por qué no pueda serlo yo. Lo que pasa es que buscan revivir la historia de 'Caperucita Roja', y me quieren hacer aparecer como el lobo feroz. Y sí, yo soy el lobo, pero porque voy a ganar".


EL MAGDALENA MEDIO

Evidentemente, en el caso de Nicolás Gómez, aún faltan muchas cosas por aclararse. Las autoridades están dedicadas a esclarecer la situación y para ello tendrán que oír las dos partes en conflicto. Sin embargo, el de La Dorada no es un hecho aislado: el Magdalena Medio afronta hoy una nueva crisis que inclusive llevó a que el pasado 29 de septiembre se realizara un Consejo de Seguridad -en el que estuvieron presentes el Ministro de Defensa, el Ministro de Gobierno, el Director del DAS y los altos mandos del Ejército y la Policía- para estudiar estrictamente la situación de la región.

Esta estratégica zona ha sido desde hace varias décadas epicentro de la violencia en el país. Debido a su importancia geopolítica, el área se ha convertido en un lugar estratégico para los grupos subversivos, las autodefensas, los paramilitares y el narcotráfico. Todos han querido tener el control sobre el Magdalena Medio. Las autoridades creen que detrás del "Movimiento del Pueblo" se está compactando un bloque de municipios que, a mediano plazo, podrían integrar el tantas veces citado departamento del Magdalena Medio. "Es la zona más estratégica y quizás más rica del país -dijo a SEMANA una fuente del Ministerio de Defensa-. Sería muy grave que esa región cayera en manos de fuerzas oscuras que lleguen a conformar una república independiente".

Pero a lo que más temen las autoridades es al hecho de que elementos perturbadores puedan infiltrarse en el próximo proceso electoral. "Al fin y al cabo -agrega-, si controlan a los alcaldes de 12 municipios controlan toda la región, pues los burgomaestres son a su vez los jefes de la Policía". Las irregularidades de inscripción electoral han surgido en otras partes de la zona: en Puerto Salgar, Cundinamarca, el Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de cédulas porque registran votantes de Danta, Medellín, Manizales e incluso de Puerto Boyacá. A nivel nacional la situación es similar (ver recuadro).


LA DEMOCRACIA EN JUEGO

El episodio del presbítero de La Dorada sirve para confirmar el drama de la democracia en Colombia: un país que ha luchado para avanzar cada día más en su apertura democrática, siempre en la búsqueda de una amplia participación ciudadana, como la elección popular de alcaldes y de gobernadores que fueron aprobadas luego de candentes debates y encendidas polémicas. Pero lo realmente curioso es que todas ellas se han llevado a cabo en medio de un creciente deterioro de las condiciones de orden público y en medio del crecimiento de los agentes violentos de la guerrilla, los narcotraficantes, los paramilitares, la narcoguerrilla y los narcoparamilitares. Todos ellos tratando de imponer su poder a la fuerza mediante el voto popular.

Sin embargo, decir que es un error la elección popular de funcionarios es buscar la calentura en las sábanas. ¿Qué hace pensar a esos críticos que es mejor nombrar que elegir? ¿Acaso los escogidos a dedo no pueden estar tan comprometidos como los elegidos popularmente? Al menos una contienda electoral obliga a esos grupos a debatir en público sus ideas y poner sus intereses en evidencia. El caso de La Dorada es bien representativo. ¿Cuándo se había debatido a nivel nacional la elección de alcaldes de ese municipio? Esté o no detrás de Gómez el dinero del narcotráfico, lo cierto es que es mucho más saludable y democrático que el debate se esté ventilando antes de los comicios y no cuando su elección sea un hecho consumado.

Pese a lo delicado del asunto, lo que nadie puede negar es que todas esas fuerzas ocultas que ahora están queriendo imponer sus propios candidatos en algunas regiones del país, aparecieron cuando aún no se había establecido la elección popular de alcaldes y gobernadores. No es un fenómeno que esté vinculado directamente con la apertura democrática.

Bajo esas condiciones, criticar la elección popular de alcaldes por el hecho de que en algunas campañas aparezcan oscuros intereses y dineros de dudosa procedencia, es tanto como descalificar el sistema democrático por el hecho de que el ex director de la DEA en Colombia, Joe Toft, haya calificado al país de ser una 'narcodemocracia'.

ELECCIONES BAJO FUEGO

LAS CIFRAS son alarmantes. En el transcurso de la presente campaña electoral, 31 candidatos que ya se encontraban inscritos se han visto forzados a renunciar por amenazas y presiones. 12 han sido asesinados, dos más han sido víctimas de atentados y otro tanto ha sido secuestrado. En el municipio de Rioviejo, dos de los tres candidatos a la alcaldía se retiraron de la contienda electoral. Sin embargo, la situación es aún más grave en Achí, donde no quedó ningún candidato inscrito. El trasteo de votos ha llevado a la Registraduría a anular cerca de medio millón de inscripciones de cédulas. Cifras del Ministerio de Defensa revelan que son más de 350 los municipios afectados por la inscripción fraudulenta de votantes.

Gran parte de estos hechos han ocurrido en aquellas zonas donde la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares se disputan a plomo por adueñarse de los poderes locales con el fin de ejercer un control directo sobre las autoridades, sobre las finanzas y, en los municipios petroleros, sobre las regalías derivadas del crudo. Por esa razón, y en vista de las alarmantes cifras de perturbación de las jornadas electorales en los comicios pasados, el ministro de la Defensa, Fernando Botero Zea, decidió diseñar un plan de acción para garantizar la pureza de las elecciones, ponerle talanqueras al proselitismo armado y a la intimidación, e impedir el ingreso de los dineros del narcotráfico en las campañas electorales.

Desde la semana pasada el 60 por ciento de los efectivos de las Fuerzas Militares se encuentra al servicio del Plan Democracia, lo cual garantiza su presencia en la totalidad de los municipios del país. Las labores de inteligencia y la intensidad de las operaciones contra la guerrilla y el narcotráfico aumentarán. Los candidatos recibirán protección por parte de la fuerza pública.

Adicionalmente, la semana pasada quedó abierta la posibilidad de que allí donde se comprueben irregularidades, los comicios serán anulados y podrán ser nombrados alcaldes militares. Y aunque no es la primera vez que alzados en armas, narcotraficantes y paramilitares han tratado de inmiscuirse en la política local, lo cierto es que sí es una de las raras ocasiones en las cuales las medidas van a ser tomadas con anticipación para evitar que, de nuevo, las elecciones se hagan bajo el fuego.