Un desastre silencioso

El día en que los fusiles se silencien, habrá una tragedia humanitaria que no se detendrá en Colombia: la causada por las incontables minas antipersonal, la munición sin estallar y los explosivos sepultados en el territorio. Se trata de un drama que en los últimos 25 años ha afectado a 13.050 personas en 31 de los 32 departamentos. Si el Estado y la sociedad no reaccionan –aumentando la prevención, protegiendo a las comunidades en riesgo y apoyando las iniciativas de desminado–, el país tendrá que ver durante décadas esta “tragedia silenciosa”.

Este fue un mensaje contundente del foro ‘Contaminación por armas y derechos de las víctimas’, celebrado el 8 de julio en Bogotá y en el que participaron, entre otros, la Cruz Roja Colombiana (CRC), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Unidad de Víctimas. La mayoría de los participantes resaltó que, mientras la opinión se centra en las negociaciones en Cuba, en Colombia sobrevivientes y personas en riesgo reclaman más atención y apoyo.

El panorama es desolador. Colombia ocupa el segundo lugar, después de Afganistán, en el penoso escalafón de países con mayor número de personas afectadas por minas antipersonal. El presidente de la CRC, Fernando Cárdenas, mencionó un dato clave: la mayoría de estas no fallece, sino que queda “herida física y moralmente”. Rehabilitar, según él, toma “décadas de atención”. Y concluyó: “Todos tenemos un compromiso moral con las víctimas”. Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, añadió que si no se elimina la contaminación por armas será imposible desarrollar sosteniblemente el país.

La intervención quizá más conmovedora corrió por cuenta del brigadier general Rafael Colón, director de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, quien narró su experiencia en El Orejón, una vereda antioqueña donde guerrilleros y soldados realizan una inédita acción de desminado. “Tiene 100 habitantes, pero tiene también diez hectáreas de coca y más de 100 minas plantadas”, dijo. “No puede haber más excusas para que las acciones sucedan en los territorios y para atender a las víctimas”. La advertencia es urgente, si se considera que desminar a Colombia tomará por lo menos diez años y que en países como Camboya, aun cuatro décadas tras el fin de la guerra, el desminado no termina.

Sobre la situación de las víctimas también se encendieron alarmas. Luz Amparo Castro, de la CRC, recordó los problemas de acceso a la pensión vitalicia, a la atención psicológica y el no pago de transporte para ir a citas médicas. Reinel Barbosa, sobreviviente de una mina, denunció la “ineficiencia estatal” para indemnizar y dijo que es difícil reintegrarse, trabajar y “generar ingresos estables”.

Con él coincidió Fernando Cárdenas, quien recordó que para las víctimas es “un tormento que nadie se ocupe de ellos”. Ricardo Peñaranda, quien desde la Fundación Prolongar investiga el tema para el Centro Nacional de Memoria Histórica, añadió que, en lo que a afectados por contaminación por armas se refiere, la “memoria es casi inexistente”. María Serrato, de la Unidad de Víctimas, concluyó que es “necesario” articular al Estado y la sociedad: “El camino tiene que ser del Estado completo. Este no es un tema de ustedes y de nosotros, es uno de construcción conjunta”.