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| 7/25/1983 12:00:00 AM

UN ERROR DE 250 MILLONES

Por negligencia de un abogado, particulares le ganan pleito millonario a la administración distrital

Mientras las ciclovías se inundan de jóvenes y adultos quienes, enfundados en multicolores sudaderas quieren encontrarle a Bogotá su aspecto alegre, la administración distrital enfrenta un problema jurídico que significa una pérdida millonaria.
El tinglado de la historia gira en torno a un terreno de antaño --cuando Bogotá mostraba al loco del tranvía como ingrediente del folclor nacional- que pertenecía a la afamada hacienda de los Sierra, por los lares de bucólico y pastoril Usaquén de entonces. Ese terreno, a través de los años, cambió de manos por herencia, y de doña Margarita Sierra pasó a los señores Gómez Sierra y Osorio quienes, a su vez, lo vendieron posteriormente a las compañías urbanizadoras "Sierras del Chicó" y "Chicó Oriental Número Dos Limitada".
Pues bien, esa franja de tierra que en un tiempo sirvió para pastoreo de ganado, ahora es una zona pavimentada que comprende la Avenida Séptima de la calle 94 a la 100. Son 6 cuadras alrededor de las cuales se ha desatado un conflicto de características mayúsculas.
Todo empezó el 26 de agosto de 1982 cuando a manos de Manuel Mesa Muñoz, apoderado legal del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), llegó una demanda suscrita por las dos compañías urbanizadoras del barrio Chicó que, después de dos años tratando de concretar la negociación con el IDU, decidieron demandar por una "presunta ocupación de hecho" de la zona citada, lo que significaba que el Instituto había ampliado la Séptima y construido la oreja del puente de la 100 sobre terrenos ajenos. La demanda, en principio, era tan sólo de 4,5 millones de pesos, que obedecía al valor comercial del terreno. Pero el abogado de las compañías, Jaime Enrique Céspedes, convencido de que la suma no causaría ningún efecto decidió ampliarla hasta los 249 millones, incluyendo en esta forma daños y perjuicios, intereses y lucro cesante con el único objeto de darle más espectacularidad a la demanda y así presionar a la entidad a pagar el valor comercial.
Entretanto, el señor Mesa Muñoz no dió aviso del suceso a su jefe, Hisnardo Ardila, sino 23 días después del 26 de agosto. Al día siguiente, 18 de septiembre, Ardila no pudo asistir al juzgado pero Mesa Muñoz, ignorante o tendencioso, le solicitó la cédula para certificar la presencia del doctor Ardila. Carlos Edgar Sanabria, juez noveno del circuito, no aceptó el procedimiento y los términos de la demanda. Sin embargo, el juez ratificó el poder legal del señor Mesa Muñoz, como representante legal del IDU.
Cuán no sería la sorpresa de Jaime Enrique Céspedes, cuando el 10 de mayo se encontró con que el juez había aceptado la totalidad de la demanda: 249 millones de pesos. Los demandantes, que habían esperado 4 millones 500 mil pesos, no salían de su asombro. Pocas veces en la historia de la justicia colombiana se había resuelto un proceso con tanta celeridad.
Inmediatamente, sobre la base de la presunción de negligencia, se destituye fulminantemente a Mesa Muñoz. Se desconocen los motivos por los cuales éste no pidió 2 meses antes la reducción de la suma demandada.
Actualmente el IDU, con el antiguo subdirector del Instituto, doctor Marco Tulio Gutiérrez, como apoderado, afirma que, según el Acuerdo 2 de 1980, todo urbanizador debe dar el 7 por ciento del terreno al Distrito en caso de urbanización. Así, como "Sierras del Chicó" y "Chicó Oriental" poseen 186 mil metros de terreno, deben dar al Distrito 13 mil metros, de los cuales sólo han sido utilizados 8 mil en la ampliación de la séptima. Sin embargo, según jurisprudencia, los urbanizadores deben dar ese por ciento sólo si la zona se encuentra terminada y totalmente urbanizada, que no es el caso de "Las Sierras del Chicó" y "Chicó Oriental" .
No obstante, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, que no acepta el fallo, alegando negligencia por parte de Mesa Muñoz, ha pedido el recurso de revisión al Tribunal, porque considera injusto que la ciudadanía bogotana termine pagando, a través de impuestos, esos 249 millones de pesos.
Mientras todo esto sucede, aquellos que tienen conflictos con el IDU se muestran nerviosos. Ya muchos han demandado al Instituto. Todo por la negligencia de un abogado que dejó que el proceso corriera sin cesar. ¿Parará aquí el incidente? Amanecerá y veremos...
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