Un extraño contrato de $1.700 millones del IDU

Uno de los cuestionamientos a los que se vio enfrentada la contralora Sandra Morelli durante buena parte de su administración, fue el hecho de haber realizado un contrato de arrendamiento para trasladar allí a sus funcionarios.

Dicho contrato fue cuestionado por sus posibles irregularidades, entre las que se encontraba el monto mensual que desbordaba en lo que regulaba el sector. Fue por eso que Morelli se vio en la obligación de dar muchas explicaciones. El caso sigue un camino de denuncias de defensas.

Ahora el turno es para otra entidad que, en los últimos años, ha estado bajo el escrutinio porque allí se habría gestado uno de los dolorosos capítulos de corrupción en Bogotá. Se trata del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que ahora tiene que enfrentar un eventual escándalo por el arriendo de una edificación.

La historia se remonta al 30 de diciembre del 2013 cuando la entidad, a través de la oficina de la Subdirección General de Gestión Corporativa, firmó un contrato de arrendamiento por 1.700 millones de pesos anuales (146 millones mensuales) de un edificio en el sector del 7 de Agosto en Bogotá. La idea era que cerca de 500 empleados se trasladaran allí porque la sede del IDU, en el centro de la capital, quedaba pequeña y había que tomar medidas urgentes.

En principio, el contrato no tuvo mayores problemas, pero pronto se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. El contrato fue firmado por el subdirector general de Gestión Corporativa, Édgar Mauricio Pedraza y por el arrendador Jorge Alexánder Pérez. 

Como propietario del inmueble, aparecía Genaro Cerquera. Aun así quien firmó el contrato fue Pérez. La razón era simple. El dueño del edificio, que estaba abandonado, no tenía recursos para adecuarlo. Entonces Pérez se comprometió a remodelarlo y adecuarlo con las especificaciones técnicas requeridas por el IDU. A cambio, recibiría el 60 % del canon de arrendamiento (unos 96 millones de pesos mensuales), mientras que el propietario obtendría el valor restante, es decir, 50 millones.

El IDU, según aseguró el pasado viernes una de las partes, fue garante de esta negociación privada. Así arrancó el negocio y en poco tiempo los funcionarios del instituto de desarrollo se trasladaron allí.

Pero pronto aparecieron las sospechas. Primero, porque el contrato se hizo a dedo, con un estudio insuficiente para justificar la inversión. En segundo lugar, el inmueble estaba ofertado por la firma MetroCuadro.com por un valor de arriendo mensual de 60 millones de pesos. Sin embargo, el contrato que se hizo superaba con creces el valor comercial. 

Esta es la oferta inicial de la edificación.

A medida que avanzaba el contrato se presentó un problema que alteró la paz de quienes firmaron el contrato. El IDU decidió pagar el arrendamiento al dueño del inmueble y no al contratista Pérez. Esto alteró la paz que por meses reinó entre las partes.

Pérez llevó su queja a la Contraloría Distrital, donde pronto detectaron las irregularidades. Una de ellas, revelada a Semana.com por el contralor Diego Ardila, asegura que los estudios mediante los cuales se hizo la selección del predio carecían de rigor técnico. Es decir que el IDU no cumplió con los protocolos adecuados al momento de invertir.

La entidad de control encontró también un desfase entre el precio comercial y el contratado por el IDU. Pero, además, pudo constatar que al inmueble no se trasladaron las cerca de 500 personas por las cuales se hizo semejante contratación. Según los hallazgos, allí no llegaron más de 200. Pero además el inmueble tenía una deuda con el Distrito por concepto de impuesto predial de 194 millones de pesos. Es decir, el IDU arrendó un predio con evidentes fallas en sus obligaciones con la ciudad.

Todas estas presuntas anomalías llevaron a que la Contraloría hiciera un control de advertencia al alcalde Gustavo Petro, pues era claro que podía haber un desangre de las finanzas públicas distritales. 

En conversación con Semana.com, el subdirector de recursos físicos del IDU, David Enrique Mayorga, defendió la actuación de su entidad. Aseguró que el contrato no presentó anomalía alguna y que el valor, que ahora genera suspicacias, se justifica en el hecho de que tuvo que ser amoblado. Un débil argumento que no convence en la Contraloría.

“El IDU me jugó sucio. No entiendo cómo la entidad firma un contrato conmigo y después me desconoce como contratista y decidió pagarle directamente al propietario”, le dijo a Semana.com el contratista y arrendador. 

Sin embargo, más allá de a quién le pague el IDU, lo cierto es que existen evidentes irregularidades en esta contratación. Así lo ha dicho la Contraloría y así los advierten expertos en derecho en contratación pública contactados por Semana.com.

Uno de ellos es Hugo Alejandro Mora, quien asegura que al revisar el tema no se tuvieron en cuenta aspectos importantes dentro del proceso de selección objetiva y no se realizaron los procedimientos adecuados. “Faltaron estudios técnicos rigurosos, no hubo información completa en el Portal Único de Contratación (Secop), no se tuvo en cuenta la oferta más favorable en el mercado y el contratista no era del todo idóneo. Pero lo que es peor es que seleccionaron un inmueble que tenía deudas con el distrito”, dice Mora.

El caso sigue su curso en la Contraloría y es muy probable que los funcionarios del IDU que intervinieron en este contrato deban dar más de una explicación.