Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2000/12/25 00:00

Un fallo crucial

El próximo jueves un tribunal de arbitramento decidirá si el Distrito tuvo la razón o no al multar a ICA.

Un fallo crucial

Cuando Paul Bromberg fue designado para reemplazar a Antanas Mockus como Alcalde Mayor tuvo un gran sueño: traer a concursar a firmas internacionales para que repararan y mantuvieran la malla vial de Bogotá que, a la fecha, estaba virtualmente destruida. Estaba convencido de que así la ciudad ganaría en competitividad porque los constructores locales competirían con pulpos extranjeros: en ejecución, porque una sola firma respondería por la rehabilitación de todas las calles; y en dinero, pues las grandes compañías internacionales producen su propio cemento y así, ofrecen menores precios en las licitaciones.

Pero después de dos años de contrato con la firma mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) el sueño de Bromberg se convirtió en una pesadilla para la ciudad. Muy pocas de las obras contratadas se encuentran en buen estado hoy. Y, además, el Distrito podría perder el próximo jueves 54.000 millones de pesos si un tribunal de arbitramento le concede la razón a ICA. No obstante, si gana el Distrito, se asegurarían los recursos para contratar la reparación de las vías que ICA dejó a medio hacer.



Contrato ‘sui generis’

Esta historia se inició en noviembre de 1997 cuando el Distrito escogió a ICA para rehabilitar y mantener 333 vías por un monto sin precedentes en la historia distrital: 111.000 millones de pesos. ICA ganó la licitación al ofrecer la mitad del precio que cotizaban los demás pues mientras que la mayoría de proponentes ofrecía en promedio reparar a 32.000 pesos el metro cuadrado ICA lo cotizó a 17.000 pesos. “Y ese fue el principal problema del contrato, el precio”, dijo Andrés Camargo, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Pero el contrato que finalmente se firmó era sui generis. Dejaba a la empresa en libertad para definir el orden de intervención de las vías. Le ordenaba dejar las calles en buen estado, sin especificar el grado de reparación que necesitaba cada una (desde retoques hasta reconstrucción total). Y definía dos indicadores para medir el cumplimiento del convenio: los metros reparados y el dinero invertido. A ICA le bastaba cumplir con cualquiera de los dos. Pero el contrato no escapó a improvisaciones y se licitó sin contar con estudios que reflejaran el estado real de las calles.



IDU blindado

Por ello, lo que en principio parecía un brillante contrato, se convirtió en un ‘chicharrón’. ICA —que tiene contratos en más de 20 países— estaba acostumbrada a cumplir con las obras y, al parecer, apostó a que si se necesitaba hacer reparaciones profundas podía lograr un reajuste en los precios.

Las obras arrancaron con la Avenida Primero de Mayo y la empresa cumplió en el primer trimestre. Pero para el segundo (abril a junio de 1998) la cosa se complicó pues ICA solicitó el primer reajuste de precios, que fue negado por el IDU, al argumentar que con ese precio se había ganado la licitación y lo debía mantener.

Entonces el IDU e ICA se fueron a pleito. Camargo contrató un pool de prestigiosos abogados y puso al frente del tema al ingeniero José Fernando Botero, quien había manejado una controversia similar en El Salvador. Por su parte los mexicanos designaron al abogado Fernando Londoño para liderar su estrategia legal.

Durante los dos años siguientes las obras no pararon (calle 13, avenida Suba) pero ICA incumplió con los indicadores del contrato y el IDU sólo pagó por lo cumplido. Hacia agosto de 1998 el reajuste del precio se había convertido en un imperativo y Camargo pactó un precio que casi doblaba al que se venía trabajando de acuerdo con el avalúo hecho por una firma independiente. Así, se hicieron la Avenida Boyacá y otras vías. Tiempo después ICA solicitó otro reajuste y Camargo, ante la amenaza de paralizar las obras, realizó un diminuto aumento. A ese precio se reparó la Autopista Norte, la 80 y la carrera 15.

Pero una serie de cartas en la que ICA devolvía dinero por obras que no hizo, generó toda suerte de sospechas en el equipo del IDU. “Cuando llegó la primera devolución no sospeché nada, dijo Botero. Pero cuando llegaron muchas más se me prendieron las alarmas”. Al mes Botero ya había contratado un estudio con la Universidad de los Andes, el cual confirmó que ICA no había cumplido con el tipo de reparación que requerían las calles. “La intervención observada no corresponde a ninguno de los ítems del contrato”, concluía el estudio.

Frente a este panorama ICA, cuyos abogados no quisieron hacer comentarios antes del fallo, decidió parar las obras e irse del país en enero pasado. Ante el abandono el IDU decidió aplicarles multas a los mexicanos, que hoy ascienden a 81.000 millones de pesos, y denunciar penalmente al interventor del contrato. A la fecha la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía se ha abstenido de abrir investigación por motivos que se desconocen. A su vez ICA demandó al Distrito por 54.000 millones de pesos, equivalentes al dinero que perdió al no lograr el reajuste en los precios. ICA argumentó que las condiciones del contrato habían cambiado porque las calles estaban en peor estado de lo que pensaron inicialmente.

El tribunal, que lidera el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta y que fue escogido de mutuo acuerdo entre las partes, decidirá el jueves quién tiene la razón. En caso de que gane el IDU el gobierno distrital contaría con el dinero suficiente para garantizar la reparación de la malla vial principal de la ciudad. Si pierde, la ciudad tendría que echar mano de otros recursos del presupuesto. Pero se rumora que el tribunal proferirá un fallo intermedio.

Lo que no está en tela de juicio es que Bogotá perdió con este contrato. ICA no rehabilitó la carrera 13, la calle 134, la 100, la 106, la 27 sur, la 57 y la vía que conduce a la parte alta de Ciudad Bolívar (ver mapa). Las que quedaron mal (la Primero de Mayo, la 50 y la 170) se tendrán que volver a arreglar y ello va a generar nuevos trancones que ya se padecieron en los últimos dos años. Esto, sin contar con el desgaste de decenas de reuniones, controversias y cuantiosos honorarios para abogados.

El costo político de todo esto recaerá sobre la espalda de Mockus, quien asumirá el cargo nuevamente con este fantasma a cuestas.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.