Sábado, 22 de noviembre de 2014

| 2013/06/01 01:00

Un fallo de infarto

Una condena de apenas 11 millones de pesos por el caso del ya desaparecido sistema Upac podría abrirle al Estado un boquete por el que se colaría la extravagante suma de 200 billones de pesos en indemnizaciones.

Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, decidió intervenir ante la Corte Constitucional por el fallo que condena al Banco de la República y que podría crear un difícil precedente. Foto: Camila Reina / Dinero

Una de las peores crisis económicas que se han dado en Colombia es la del Upac. Ese sistema que nació en 1972 y se convirtió en una especie de milagro para que cientos de miles de colombianos pudieran comprar su casa con préstamos del sistema bancario. Pero con el paso de los años, y los cambios que le introdujeron, se volvió todo un dolor de cabeza.

El tiro de gracia del Upac llegó en 1995 cuando el cálculo de los intereses para el pago de los créditos dejó de estar atado a la inflación y quedó vinculado a una tasa más volátil, la DTF. En ese momento, los intereses ya no aumentaban al mismo ritmo en que crecían los ingresos de la gente, sino que estaban sujetos al vértigo de los cambios en el sistema financiero. Eso llevó a que muchas familias, que ya no alcanzaban a pagar las cuotas mensuales, tuvieran que devolver las casas y perdieran todo el dinero invertido. Y se produjo tal caos que incluso está documentado que en 1998 el índice de suicidios se disparó en el país.

Todo ese drama parecía haberse cerrado hace 14 años con un fallo de la Corte Constitucional que le dio sepultura al Upac y con programas de reparación que el Banco de la República promovió para las familias damnificadas. Sin embargo, en este momento, en manos de la misma Corte Constitucional está una tutela que puede reabrir las heridas. El fallo podría conocerse pronto.

La historia se resume en que una sentencia del Tribunal de Cundinamarca ordena al Banco de la República indemnizar con 11 millones de pesos a una persona afectada por la crisis del Upac. El caso puede parecer irrelevante, pero Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa del Estado, ha encendido las alarmas porque “si este caso llega a prosperar, puede abrir el camino a otras demandas y condenas a cargo del erario, que sumadas, pueden costar 200 billones de pesos”.

El pleito comenzó el 8 de junio de 2001, cuando Reynaldo Galindo Hernández solicitó una reparación directa por los daños y perjuicios que le había causado la resolución de la Junta del Banco de la República de 1995, que ató el pago de los intereses a la DTF. Un juez de primera instancia no aceptó la petición de Galindo, pero luego, en agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí lo hizo, y le ordenó al Banco pagarle 11 millones de pesos.

El Banco de la República interpuso una tutela, que fue negada en otras instancias, y ahora la Corte Constitucional la está revisando. El fallo que profiera la Corte va a convertirse en el precedente que se va a aplicar en otros procesos pendientes sobre el mismo tema. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado dice que en todo el país hay decenas de demandas de deudores damnificados por la crisis y cuatro acciones de grupo que le piden al Banco de la República que los indemnice. En una de ellas, ante el juez 23 de Bogotá, por ejemplo, los demandantes están pidiendo 143 billones de pesos. Una suma a todas luces absurda.

Los argumentos que expone Adriana Guillén para pedirle a la Corte Constitucional que le cierre el camino a este tipo de demandas son dos. El primero, que “el dictamen pericial realizado en el Tribunal tiene errores muy serios”. Este fue realizado por un perito que, entre otras cosas, tiene una tarjeta de presentación bastante folclórica (ver facsímil). Y el segundo, que para ella es muy importante, es que el Banco de la República ya reparó, por orden del Congreso, a los deudores mediante la expedición de la Ley de Vivienda y “el monto de dichas reparaciones fue de 2,5 billones de pesos, que equivalen a 4 billones de hoy”.

Que el Estado se vea precisado a pagar indemnizaciones por 200 billones de pesos suena extravagante. Sin embargo, ya hay un fallo de un tribunal, el de Cundinamarca, que abrió ese camino. ¿Qué dirá la Corte Constitucional? 

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