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| 6/21/2014 5:00:00 AM

¿Fin a la puerta giratoria en las altas cortes?

El fallo que tumbaría al presidente del Consejo de la Judicatura se da como un hecho en el Consejo de Estado. ¿Qué efectos tiene?

Si todo sale como está previsto, esta semana debe darse un fallo que puede tener grandes implicaciones en la rama judicial: el Consejo de Estado, en un hecho sin precedentes, va a anular la elección de Francisco Ricaurte, como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Según las cuentas hay 16 togados, de un total de 25, dispuestos a tumbarlo. Y solo falta que la magistrada Susana Buitrago presente una nueva ponencia. Si se llega a concretar la salida de Ricaurte, también tendría que dejar su cargo el magistrado Pedro Munar, cuya elección está demandada por el mismo motivo.

¿Cuál es la razón para tumbarlos? Los dos, Ricaurte y Munar, en 2012, unos meses después de terminar sus periodos en la Corte Suprema de Justicia, dieron el salto al Consejo de la Judicatura. Cuando llegaron allí, Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios Dejusticia, demandó la elección con el argumento de que se configuraba conflicto de intereses porque ambos fueron elegidos para esa nueva posición por magistrados de la Corte Suprema a quienes ellos a su vez (Ricaurte y Munar) también habían elegido. En otras palabras, la demanda pide que se anule la elección porque se dio el “tú me eliges, yo te elijo”.

Pero, más allá de la caída de los dos magistrados, ese fallo tendría efectos drásticos sobre la manera como está funcionando la Justicia hoy en Colombia. El primero es que el fallo pondría punto final a la llamada puerta giratoria en las altas cortes. Es decir, ya ningún magistrado podría saltar de una corte a otra como se viene acostumbrando en los últimos años. De esa manera se abre el espacio para la renovación y aleja el riesgo de que el Palacio de Justicia se convierta en una especie de club privado donde se pagan favores con favores.

Pero el impacto más crucial sería otro. La ponencia de la magistrada Susana Buitrago, según pudo establecer SEMANA, va aún más allá y dice que quien haya sido magistrado también quedaría inhabilitado para aspirar a cargos como el de procurador, fiscal, contralor o registrador. Y eso tiene lógica porque en la postulación o elección de quienes van a ocupar esos cargos participan magistrados que a su vez, de manera directa o indirecta, fueron elegidos por aspirantes a dichos cargos.

Y es que las cortes se han convertido, cada día más, en una plataforma para luego llegar a la cúpula de los organismos de control del país. De hecho, Alejandro Ordóñez fue elegido procurador gracias a que sus compañeros del Consejo de Estado lo postularon. Y Eduardo Montealegre, antes de ser fiscal, fue magistrado de la Corte Constitucional. Como si eso fuera poco, en la baraja de aspirantes a la Contraloría General aparecen los nombres de varios magistrados, curiosamente también expresidentes de la Corte Suprema, como son Jaime Arrubla, Edgardo Villamil y Camilo Tarquino.

Si llegara a prosperar la tesis de la magistrada Susana Buitrago, se le pondría ‘tatequieto’ a esta práctica que puede estar minando las bases de la Justicia. El hecho de que algunas personas lleguen a ser magistrados de las altas cortes, con la ambición de saltar de allí a otros cargos del Estado, puede hacerlos perder de vista su misión de impartir justicia. Cuando la Justicia comienza a moverse por razonamientos inspirados por el poder deja de ser justicia y cada vez se parece más a la política.

¿Qué tan probable es que el fallo salga esta semana? Hace dos semanas, cuando se reunió la sala plena del Consejo de Estado, la magistrada Susana Buitrago llevó una ponencia que mantenía a Francisco Ricaurte en su cargo de magistrado. Luego de un arduo debate, fue evidente que la mayoría estaba en contra de la ponencia. Y por eso, Buitrago dijo, según consta en el acta, que la habían convencido y que ella misma cambiaría la ponencia. Para evitar malos entendidos varios magistrados le preguntaron si su nueva ponencia plantearía la nulidad de la elección de Francisco Ricaurte y ella
contestó que sí.

El detalle de lo ocurrido en esa sala plena es clave porque un sector del Consejo de Estado teme que la oferta de Buitrago de redactar de nuevo la ponencia podría ser una estrategia para dar tiempo y evitar tener que tumbar a Ricaurte.

De hecho, la propuesta que ella misma planteó de prohibir que los magistrados puedan ser elegidos como procurador, fiscal, contralor y registrador es interpretada por algunos como una manera de torpedear la decisión de la mayoría de tumbar a Ricaurte. Según fuentes dentro del Consejo de Estado, si al fallo se le cuelgan más prohibiciones para los magistrados se le puede restar votos a la idea inicial que era más sencilla: simplemente cerrar la puerta giratoria para saltar de una corte a otra.

Sin duda el fallo todavía no es un hecho. La mayoría que está firme en el Consejo de Estado puede eventualmente diluirse. O simplemente puede pasar también que cuando la magistrada Buitrago presente su ponencia la voten en contra y pidan redactar otra que solo anule la elección de Ricaurte.

De cualquier manera, todo indica que es difícil que Ricaurte mantenga su toga. Entre otras cosas, porque, con razón o no, él se ha convertido en una especie de símbolo del poder que viene ganando un sector de la Justicia en las cortes, la Procuraduría y la misma Fiscalía. Y por ese mismo motivo se ha convertido en un blanco de críticas, no todas justas ni fundamentadas, valga decir de sectores que también pueden querer tener el poder en las cortes.

En cualquier caso, si el Consejo de Estado tumba al magistrado Francisco Ricaurte, y por ende a Pedro Munar, no solo sería la primera vez que una alta corte toma una decisión tan drástica contra dos magistrados de otra alta corte sino que estaría cambiando la jurisprudencia. Hay un antecedente de cuando Nilson Pinilla terminó su periodo en la Corte Suprema y fue elegido por sus colegas para la Corte Constitucional. Alguien demandó su elección y el Consejo de Estado falló a favor de Pinilla.

El magistrado Francisco Ricaurte no se ha quedado de brazos cruzados. La semana pasada recusó a uno de los magistrados del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, argumentando que este último tiene una declarada animadversión en su contra. Ricaurte hizo parte de la Corte Suprema que finalmente no decidió de una terna, de la cual hacía parte Velilla, para elegir fiscal. Y Velilla interpuso una demanda contra la rama judicial por ese motivo.

Lo más curioso es que unos cuantos de los magistrados que hacen parte del Consejo de Estado que tumbaría a Ricaurte en su momento postularon al entonces magistrado Alejandro Ordóñez para la Procuraduría y al también magistrado Gabriel Eduardo Mendoza para que saltara a la Corte Constitucional.

Sin duda, el país necesita de manera urgente que la Justicia mejore y todo lo que contribuya a su despolitización, siempre y cuando esté inspirado en fortalecer sus principios y no simplemente en cambiar de nombres que ejercen el poder, debe ser bienvenido. 
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