Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1994/05/16 00:00

UN GENERAL EN SU LABERINTO

En dos meses se sabrá si el ex director de la Policía, general José Guillermo Medina Sánchez, es culpable por enriquecimiento ilícito.

UN GENERAL EN SU LABERINTO

EL 31 DE ENERO DE 1989, EL presidente Virgilio Barco pidió la renuncia del entonces director de la Policía Nacional, el general José Guillermo Medina Sánchez. Aunque el gobierno justificó el retiro diciendo que se trataba de un cambio normal en la cúpula de la institución, las dudas sobre las verdaderas causas de su salida rondaron durante varios días.
El misterio pareció resolverse cuando la revista estadounidense Time publicó un artículo titulado Un curioso retiro, donde se aseguraba que la salida de Medina no tenía en el fondo nada de honorable y advertía que el gobierno colombiano sospechaba que el general estaba ligado al cartel de Medellín, lo cual explicaba las "milagrosas " escapadas de Pablo Escobar. "Pero como nunca se encontraron pruebas de esa delación -decía Time- el gobierno le había permitido un retiro decoroso". Lo curioso del caso era que el general había sido separado de su cargo dos días antes de iniciarse la llamada Operación Primavera, la primera y más grande acción contra el narcotráfico en el país.
La intempestiva salida del general Medina coincidió con una carta dirigida al presidente Barco por un tal Ramón Arturo Montejo, quien acusó al general de haber manejado en forma inmoral a la Policía Nacional. Este documento y la denuncia de Time dieron pie a una investigación. La acusación era presunto enriquecimiento ilícito.
Mientras el general Medina Sánchez anunciaba una demanda por calumnia a Time, los peritos de la Procuraduría General de la Nación iniciaron las averiguaciones. Aunque la norma sobre enriquecimiento ilícito estaba vigente desde 1980, era el primer gran expediente que asumía la unidad de investigaciones especiales que acababa de crear la Procuraduría para escrutar las repentinas fortunas que acumulaban algunos funcionarios del Estado.


DINERO A MONTONES
La investigación comenzó por el manejo de las cuentas del general Medina Sánchez. En una cuenta de ahorros y en una bancaria se descubrió que entre 1981 y mayo de 1989 el ex director de la Policía había poseído cerca de 25 millones de pesos. Pero lo que más llamó la atención fue que su esposa, María de los Angeles Santacruz de Medina, movía mucho más dinero, pese a estar dedicada al hogar.
Según la Procuraduría la señora tenía al menos cinco cuentas corrientes en los bancos del Estado, Bogotá, del Comercio y Colpatria, que recibieron consignaciones por 77.3 millones de pesos entre 1984 y 1989. Una sola cuenta de la esposa en el Banco del Estado, sucursal Niza, de Bogotá, recibió depósitos mensuales de más de un millón de pesos en 1987 y en sólo los cinco primeros meses de 1989 registró ingresos de dos millones y medio cada mes.
LOS ingresos corrientes no fueron los únicos que despertaron grandes dudas. También inquietó a la Procuraduría la adquisición de numerosos bienes por parte de los Medina Santacruz. La pregunta era simple: ¿cómo podía alguien tener una casa en Bogotá avaluada en 170 millones de pesos, un apartamento en Bocagrande, una finca en Pasto y otra en Cundinamarca, ocho caballos por valor de cinco millones de pesos y varios automóviles sólo con un salario de 557.000 pesos mensuales que devengaba, hacia 1987, el general Medina Sánchez?
Tras las investigaciones, que abarcaron un período de 10 años -de 1979 a 1989- la Procuraduría concluyó que "hubo crecimiento desmesurado del patrimonio familiar" de la familia Medina Santacruz. Se trataba, además, de un crecimiento patrimonial no explicable "ni proporcionable a los ingresos percibidos" y con supuestas ganancias que no tenían una "justificación concebible en el ámbito de los negocios o el comercio".
El hecho fundamental de la investigación fue que los ingresos legales del general Medina no cuadraron en forma alguna con su incremento patrimonial. Las inconsistencias, a juicio de la Procuraduría, fueron notorias: en 1985 tuvo ingresos de 2'822.000 pesos, pero sus consignaciones bancarias ascendieron a casi 17 millones de pesos. (ver recuadro)
Culminada la investigación de la Procuraduría, el gobierno del presidente César Gaviria destituyó formalmente al general, un par de años después de que hubiera pasado a retiro. El 25 de junio de 1992, la Corte Suprema de Justicia le dictó auto de detención por enriquecimiento ilícito y ordenó investigarlo por su presunta colaboración con el narcotráfico. El oficial estuvo detenido desde el 27 de junio de 1992 hasta el 4 de marzo de 1993, cuando la Sala Penal de la Corte lo dejó en libertad provisional y le ordenó presentarse periódicamente.
El martes pasado, cinco años después de las revelaciones de la revista Time, la Corte Suprema de Justicia dio comienzo al juicio contra el general Medina Sánchez. Las acusaciones se basan en la investigación original de la Procuraduría que sostiene, básicamente, que el incremento patrimonial de Medina entre 1982 y 1989 no ha sido justificado por él ni por sus abogados. No ha dado razón, por ejemplo, de cómo obtuvo cinco certificados de depósito a término por valor de 14 millones de pesos y ocho caballos finos avaluados en cinco millones de pesos.
La defensa expuso sus argumentos. Considera que no se puede establecer un incremento patrimonial sin partir del patrimonio inicial de Medina Sánchez, pues la investigación abarca el estudio de sus ingresos tan solo desde 1979. "La Procuraduría -dice el abogado defensor Luis Bernardo Alzate- no tiene en cuenta que desde 1952 el general ya tenía vida económica. Existen 28 años que no fueron analizados en la investigación".
Los abogados defensores opinan que no se puede adelantar una investigacion penal por enriquecimiento ilícito exclusivamente con base en declaraciones de renta. "El general Medina tenía, además de las rentas laborales, otros ingresos tales como rentas de capital, arrendamientos e intereses de los CDT que fue acumulando durante diferentes años", sostiene Alzate. Sin embargo, el procurador delegado en lo penal, Iván González, pidió a los magistrados sentencia condenatoria porque el incremento patrimonial del ex director de la Policía no obedeció a la revalorización de sus activos y tampoco a su actividad como ganadero. "Hay 50 millones de pesos que no han sido justificados", dice.
Dentro de dos meses, la Corte dirá la última palabra. Hasta tanto, Medina seguirá siendo inocente. Pero sea como fuere, se habrá dictado un fallo en el primer gran proceso por enrriquecimiento ilícito en la historia de un país en el cual la impunidad, en materias como la corrupción, se convirtió hace años en norma. -

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