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| 1/2/1995 12:00:00 AM

'UN INSULTO A LA INTELIGENCIA'

Con estas palabras el gobierno colombiano define el informe de la DEA sobre narcolavado y apertura económica. SEMANA, que en su número anterior publicó el estudio de la agencia estadounidense, reproduce ahora los principales apartes de la respuesta colomb

EL DOCUMENTO ELABORADO POR LA DEA demuestra una profunda ignorancia sobre cómo opera la economía colombiana. Sin ningún fundamento empírico o teórico, este escrito trata de explicar el comportamiento de las variables económicas del país como si fueran el resultado de los flujos de dinero provenientes del tráfico de drogas. Debido a su falta de metodología, de exactitud científica y sus prejuicios hacia el país, el documento constituye no sólo un insulto para los colombianos, sino un insulto a la inteligencia.
El documento sugiere serias críticas al programa de apertura colombiano, con el argumento de que las nuevas políticas que han dado como resultado un sistema de comercio más abierto y moderno, más eficientes operaciones cambiarias, integración con Venezuela y un mayor campo de acción para el sector privado en la economía (particularmente en el sector financiero y en la privatización de los puertos), son factores que benefician a los dineros provenientes del tráfico de drogas y ponen trabas al control de lavado de dinero. En contra de declaraciones de otras agencias estadounidenses y del gobierno federal, la DEA expresa implícitamente su preferencia por una economía fuertemente nacionalizada con muy poco espacio para el sector privado. Esta preferencia, por supuesto, está lejos de ser compartida por el gobierno colombiano. Adicionalmente, este tipo de información puede ser considerada una interferencia en la política económica colombiana por parte de una agencia de un gobierno extranjero que desempeña actividades completamente diferentes.

LIBERACION DEL COMERCIO
Contrariamente a lo expresado en el documento de la DEA, no existe ningún fundamento para relacionar los grandes influjos de dinero que se han presentado en la economía colombiana desde 1990 con la economía de las drogas. Por esta misma razón, la explicación que el informe hace del reciente proceso de revaluación del peso colombiano como resultado del ingreso de divisas provenientes del tráfico de drogas es, por decir lo menos, precipitado.
Cualquier analista bien informado sobre la realidad colombiana sabe que, como ha sucedido con todas las economías medianas de los países latinoamericanos, en los 80 se presentó una fuga de capitales como resultado de la crisis de la deuda y como respuesta a las altas tasas de interés vigentes en Estados Unidos. En los años 90 estas condiciones fueron modificadas dramáticamente, lo cual generó una entrada masiva de capitales, ajena por completo a las actividades del narcotráfico. La repatriación de capitales hacia Colombia al principio de la década de los 90 hace parte de una circunstancia mundial, que ha sido suficientemente ilustrada en trabajos tales como el del Fondo Monetario Internacional realizado por Calvo, Liederman y Reinhart (Influjos de Capital y Apreciación de la Tasa Real de Cambio en América Latina, Washington D.C., Fondo Monetario Internacional, 1992). La generalización del influjo de capitales en los países en desarrollo, y particularmente en América Latina, debió buscar su explicación en factores externos, entre ellos la baja tasa de interés a nivel internacional, la recesión en los países industrializados y las reducciones en los términos de intercambio en América Latina.
Tanto en el caso de Colombia como en el de otros países latinoamericanos, estos factores se sumaron a modificaciones en la reglamentación del mercado de capitales y a las diferencias entre las tasas de interés externas e internas. Estas últimas fueron generadas principalmente por una expectativa de revaluación, la cual se validaba como resultado de esos mismos influjos de capital.
Los controles anteriores al actual sistema cambiario no previnieron la llegada de dólares por concepto de servicios personales, servicios, turismo y transferencias, o la inadecuada valoración de bienes comerciales. Tampoco previnieron las evasiones de capital en aquellos períodos en los cuales las condiciones macroeconómicas generaron incentivos para que se produjeran.
La reforma cambiaria de 1991 liberó el mercado, suprimió controles inoperantes y, junto con las medidas de limpieza fiscal, permitió la legalización de capitales colombianos que se encontraban en el extranjero. Estos capitales se hallaban en otros países precisamente debido al régimen de control de cambios, y no porque vinieran de negocios ilícitos. Su principal objetivo fue el liberar la economía hacia el sector extranjero (propiedades y cuentas bancarias en el exterior, inversiones en activos y clarificación de cuentas). Contrario a lo que sugiere el informe, hace varios años el Banco de la República (Banco Central colombiano) ha venido comprando divisas.
La liberación del mercado cambiario no ha contribuido al lavado de activos. Este proceso no fue de liberación absoluta, y aún mantiene reglamentaciones. De hecho, la reforma desarrolló dos tipos de mercados: uno libre y otro reglamentado, siendo el último aquel que se ocupa de operaciones de gran importancia para las cuentas nacionales no sólo por su naturaleza, sino también por su monto. Por estas razones, los controles se mantuvieron en el seno del Banco de la República. En lo concerniente a los mercados libres de divisas, ciertos procedimientos fueron establecidos para lograr controlar a una parte de los intermediarios del mercado cambiario. Estos, en su calidad de instituciones supervisadas por la Superintendencia Bancaria, asumieron más responsabilidades. Los intermediarios, que siguen todas las normas internacionales, deben identificar las personas que llevan a cabo operaciones superiores a los 10.000 dólares en los llamados mercados libres. Adicionalmente, la Junta del Banco de la República estableció controles especiales y registros para reembolsos por conceptos de turismo y de servicios.
Factores muy diferentes al narcotráfico pueden explicar las tendencias revaluacionistas de los años recientes. Un boom externo se aproxima, como resultado del descubrimiento petrolero de Cusiana y Cupiagua. Las expectativas de importantes llegadas de divisas provenientes de las ventas de petróleo, el crecimiento en otras exportaciones, y los precios favorables del café anticiparon una revaluación y llevaron al público a contraer deudas en divisas y cambiar las decisiones de inversión a favor de activos en moneda local. Esto se suma a la tendencia mundial de aumentar el flujo de recursos hacia países en desarrollo -y hacia América Latina en particular- y contribuye a explicar tanto la excesiva oferta de divisas como las presiones revaluacionistas en los años recientes.
A pesar de todo ello, y en oposición con lo sugerido por el informe de la DEA (el documento señala que las divisas llegarán a 8.000 millones de dólares), la verdad es que en 1994 las reservas internacionales de Colombia no aumentarán. Esto resulta particularmente interesante, si se toma en cuenta el significativo aumento de los precios internacionales del café, el cual ha generado exportaciones adicionales por más de mil millones de dólares.

INVERSION EXTRANJERA
La inversión extranjera en Colombia fue promovida gracias al Estatuto de Inversión Extranjera. Esta aumentó notablemente el año pasado, sobre todo en el sector de los hidrocarburos, como resultado de la asociación de Ecopetrol con la British Petroleum Co. y otras compañías petroleras internacionales para el desarrollo de los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua, así como en el área de las telecomunicaciones, debido a la instalación del sistema de telefonía celular. La decisión de apoyar la inversión extranjera y la igualdad de tratamiento a los inversionistas foráneos y a los colombianos fue tomada por la administración Gaviria, y la administración Samper la comparte y la sostiene.
La sugerencia de la DEA en el sentido de que el aumento en la inversión extranjera directa durante los últimos años tiene su origen en el dinero de la droga, no tiene ningún fundamento empírico y su validez es seriamente cuestionable. Es más, esta afirmación tiene implicaciones insultantes para las importantes compañías inglesas, estadounidenses y extranjeras que han dedicado una parte importante de sus recursos a desarrollar actividades productivas en Colombia. Esta es con seguridad la más apresurada y la menos fundamentada de las afirmaciones de la DEA. Si de hecho hubiera un influjo de capital proveniente de actividades ilícitas, este entorpecería los controles de las autoridades en la oferta monetaria y tendría efectos inflacionarios.
No es cierto que una inflación del 25 por ciento esté asociada al fenómeno de la droga. Los promedios de inflación en nuestro país en los últimos 20 años han sido cercanos a esa cifra. Colombia es un caso único en América Latina, y su inflación moderada y persistente ha acaparado la atención de importantes analistas macroeconómicos nacionales y extranjeros. Estos han logrado explicar este fenómeno, así como sus aceleraciones y desaceleraciones, en términos de políticas macroeconómicas y hechos externos. Los expertos nunca han llegado a las conclusiones dadas en el documento de la DEA.
La DEA en su documento sugiere que el gobierno ha logrado financiarse gracias al dinero del narcotráfico, con el fin de incurrir en gastos que contribuyen al desarrollo de la infraestructura del país.
Los siguientes aspectos deben ser señalados: en primer lugar, afirmar que los recursos del narcotráfico son las fuentes de financiamiento del gobierno carece de fundamento pues, por un lado, ignora los importantes esfuerzos en materia de ingresos fiscales en los últimos años y, por el otro, no considera el hecho obvio de que los narcotraficantes ni registran sus ingresos, ni pagan impuestos. En segundo lugar, el sector público ha estado en equilibrio o en superávit en los últimos años (no debido a financiamiento del tráfico de drogas) y esto ha permitido reducir el saldo de la deuda externa del país y prepagar compromisos adquiridos con la banca internacional.


EL BOOM DE LA CONSTRUCCION
(...) El boom de la construcción no es el resultado de la inversión de los recursos del narcotráfico, tal y como lo sugiere la DEA. Este auge es el producto del aumento de la demanda agregada, inducida en buena medida por algunas condiciones macroeconómicas de liquidez abundante y bajas tasas de interés. Adicionalmente, se ha fortalecido por la demanda de bienes no intercambiables y durables, que aparecen como una de las causas principales de la revaluación real del peso como resultado de la abundancia de recursos externos. Las expectativas de fortalecimiento del peso colombiano por causa de los ingresos provenientes del petróleo de Cusiana y Cupiagua van a seguir favoreciendo la inversión en finca raíz.


MODERNIZACION DEL SECTOR FINANCIERO
Los procesos benéficos de modernización no pueden ser obstruidos con el argumento de que pueden resultar provechosos a los narcotraficantes. Esto sería como cerrar las fábricas de carros alrededor del mundo para evitar que los ladrones huyan en automóviles luego de hacer sus robos. El informe de la DEA llega a este juicio absurdo al criticar veladamente el hecho de que en Colombia se están implementando mecanismos de protección en el sector financiero y en el mercado cambiario que podrían ser empleados en el largo plazo por los narcotraficantes.
El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece controles de prevención contra actividades ilegales y restringe las transacciones en efectivo superiores a los siete millones y medio de pesos. Es absurdo que el desarrollo de productos financieros ampliamente usados en el resto del mundo sea restringido con el argumento de que pueden ser usados para manipular dineros ilegales.
La liberación y modernización del sistema financiero nunca han facilitado el lavado de dinero. Por el contrario, a través de su implementación hemos hecho un esfuerzo para que las instituciones financieras conozcan a sus clientes y ejerzan una vigilancia especial y directa sobre las transacciones. Todos esto con el fin de que no sean empleados como instrumentos de encubrimiento, de manipulación, inversión o uso de dinero o de otros bienes provenientes no sólo del narcotráfico sino de cualquier actividad delictiva (...). Es más, previa orden judicial, el secreto bancario no constituye, bajo la ley colombiana, ningún obstáculo para la investigación de delitos.
El proceso de privatización de instituciones financieras ha sido llevado a cabo siguiendo las normas de la Superintendencia Bancaria y ha estado sujeta a la aprobación de compradores por parte de esta entidad. Esta aprobación se aplica a la naturaleza, la idoneidad y la responsabilidad de los compradores potenciales. Ha funcionado de este modo en todos los casos, y ninguna institución ha sido comprada por personas involucradas en el tráfico de drogas. Todas las compras de instituciones financieras estatales, en una proporción mayor al 5 por ciento de las acciones, requieren la autorización de la Superintendencia, al igual que los procesos de incorporación de una institución o cualquier negociación por más del 10 por ciento.
(...) Sería contradictorio que si la DEA tiene evidencia de la existencia de dineros del narcotráfico en la privatización de los bancos, no la hubiera suministrado al gobierno colombiano para ayudarlo en la lucha contra el narcotráfico, una lucha que el país ha dado sin gran apoyo internacional.

AUMENTO DE LA DEMANDA
Colombia ha simplificado las transacciones financieras y comerciales con la apertura económica y la modernización, con el fin de aumentar el volumen del comercio exterior y reducir los costos de las transacciones internacionales. Colombia desea ponerse a tono con los países desarrollados en los mercados internacionales. La acusación según la cual este proceso facilita las operaciones del narcotráfico se aplica a cualquier país en el mundo, incluido Estados Unidos.
(...) En lo concerniente a la integración económica entre Venezuela y Colombia, es claro que la apertura comercial aumenta la demanda de bienes de consumo y artículos de lujo. Colombia estaba rezagada en el número de carros por habitante, en relación con su ingreso per capitá.
Esto se explica por una política deliberada de restricción del comercio de automóviles, implementada gracias a los altos aranceles de aduana, entre otras cosas. El aumento de la demanda de bienes de consumo, particularmente de carros, fue el resultado obvio del proceso de apertura, de una mayor liquidez y de las bajas tasas de interés que caracterizaron a la economía colombiana en los últimos años. Por todo esto, este aumento no puede ser explicado como la consecuencia de un lavado generalizado y masivo de activos del narcotráfico.
El informe confunde la privatización de los puertos marítimos con los controles de aduana. Afirma que la privatización de los puertos implica que los traficantes de drogas tendrían un mínimo control aduanero, y considera la posibilidad de que este control desaparezca.
El hecho de que el sector privado opere los puertos, como sucede en muchos otros países, no significa que el gobierno se excuse de su responsabilidad aduanera y que el tráfico ilegal de drogas, al igual que otros artículos importados de contrabando, queden fuera de control. Por el contrario, el gobierno colombiano está haciendo progresos rápidos en el fortalecimiento de sus deberes de aduana.


CONCLUSION
El gobierno de Colombia solicita que la DEA dé un estudio activo y minucioso a este documento. Es muy importante que estas notas esclarecedoras tengan el mismo cubrimiento que el documento en cuestión publicado por la DEA.
El gobierno colombiano también solicita que la DEA tome medidas para dotarse con las capacidades que le permitan llegar a la exactitud estricta cuando afirme, analice y haga circular información relacionada con Colombia.
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