¿Un nuevo Dragacol?

Un nuevo escándalo ronda al gobierno, esta vez por los pasillos del Invías. Por cuenta de una controvertida conciliación, esta entidad le estaría desembolsando a un contratista 106.000 millones de pesos por una deuda que hace 25 años valía sólo 690 millones.

No se recuerda un desembolso en la historia por un caso similar. El escándalo de Dragacol, que puso en serios aprietos a un ministro, fue por una cuestionada conciliación de 'apenas' 26.000 millones de pesos.

Este nuevo caso implica cuatro veces esa suma. Y lo más sorprendente es que se trata de una conciliación que habría quedado mal pagada en 1998.

El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, en una acción popular que interpuso en 2006 para tratar de atajar el pago, asegura que la autorización de hacerlo va "en deterioro de la moralidad pública y del patrimonio del Estado" y que "desfalcaría en forma ostensible, sin posibilidad de recuperación, las arcas del erario". A él se suma el ex ministro de Transporte Gustavo Canal, quien dijo a SEMANA que "lo que está sucediendo aquí es un caso de corrupción absolutamente gigantesco".

El contrato que dio pie a la cuantiosa demanda fue firmado en 1983 por el entonces Fondo Vial Nacional (hoy Invías) con un consorcio privado, para construir un tramo de 22 kilómetros de la carretera entre Medellín y Turbo por 600 millones de pesos. Pero vinieron los problemas y el contrato, que debía tardar dos años, se prorrogó ocho veces y se suspendió en 1991 sin terminar la obra. El contratista demandó aduciendo que los problemas en la obra se dieron porque el Fondo Vial no pagó la totalidad de los avances y no revisó los precios según lo acordado.

El pleito parecía terminar cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó una conciliación en la que el Invías aceptó pagar 690 millones de pesos al contratista. A este monto se le reconocía los intereses de ley y se debía actualizar su valor. El Invías, bajo la administración del ministro Canal, hizo las cuentas, y en 1998 pagó 24.000 millones de pesos al contratista y a otras firmas a las que les habían entregado parte de sus derechos en el pleito como pago de sus deudas.

Pero dos años después, en 2000, Conigravas, una de las firmas que asumió parte de los derechos del consorcio, demandó nuevamente al Invías. El abogado que defiende esta firma dijo a SEMANA que "no les habían pagado de acuerdo con las fórmulas estipuladas en la conciliación y con lo ordenado por el Tribunal". A esta tesis se sumaron, en 2003, es decir cinco años después, las demás firmas, incluida la del contratista original, y el proceso llegó a la misma sala del Tribunal que había aceptado la conciliación en 1998.

En 2006, esta instancia aceptó las pretensiones de los demandantes y ordenó embargar al Invías. Al entonces director de la entidad, Mauricio Ramírez Koppel, le correspondió sortear la situación y buscó apoyo en el Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario para revisar el proceso. Francisco Ramírez Vasco, director de ese instituto, emitió un concepto en el que ratificó el fallo del tribunal, aseguró que hubo un error en los pagos de la conciliación del 98, sin ser claro cuál era el valor que se dejó de pagar. Días después, Ramírez Vasco envió otra comunicación en la que aclaraba que lo dejado de pagar en el 98, a precios de 2006, ascendía a 148.000 millones de pesos. Y sugería aceptar conciliar por el 50 por ciento de esta cantidad. Al día siguiente el Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Invías aceptó el concepto de Ramírez Vasco, y además lo autorizó para "adelantar las diligencias pertinentes para llevar a cabo la conciliación".

Así se llegó a una segunda conciliación. El Estado aceptó pagar 74.000 millones de pesos. A los pocos días, Ramírez Koppel salió de la dirección del Invías en medio de varios cuestionamientos por su gestión. Fue entonces cuando el ministro Gallego trató de atajar la conciliación, pese a que ya se habían vencido los términos para reclamar.

Además de la Acción Popular inicialmente mencionada, que está desde 2006 y aún no se ha fallado en el mismo Tribunal, el Ministerio puso una tutela aduciendo que hubo fallas en el proceso. La Corte Constitucional se pronunció hace pocos días sobre el caso y no aceptó los argumentos del Ministro. Sin embargo, esto no significa un aval a la multimillonaria conciliación, pues la tutela se refería a un tema de procedimiento.

Gallego también pidió un concepto a la Contraloría General, que calculó la deuda aun más cara y consideró que la polémica conciliación era un ahorro para el país. Por eso ordenó pagar. Por su parte, la Procuraduría tampoco presentó reparo a las cuentas.

Todo este vía crucis jurídico hizo que se acumularan nuevos intereses y la deuda se incrementó a unos 82.000 millones, que son los que el Invías está viendo de dónde saca, pues, según las nuevas directivas, "de este año no pasa la solución del pleito".

Dudas, dudas...
Lo usual es que ante una posible irregularidad con recursos públicos, sean los organismos de control los que alerten, y los funcionarios del Ejecutivo los cuestionados. Aquí son dos ministros los que están sonando las alertas. Y a esto se suma un componente adicional. Toda la conciliación se basó en el concepto del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario; de hecho, el ministro Gallego en su demanda dice que el comité de conciliación "no analizó ni verificó los argumentos que le presentaron, simplemente los aceptó sin matiz alguno, actitud inadmisible tratándose de una conciliación que involucra una muy cuantiosa suma de dinero en contra de la administración".

SEMANA buscó al Instituto Anticorrupción, pero este ya no existe. Luego de las tensiones que se dieron por la conciliación, la Universidad lo cerró. En la dirección jurídica del claustro dijeron que "la Universidad no avala el concepto firmado por Ramírez Vasco, puesto que no fue emitido en virtud de contrato alguno entre el Invías y el Rosario. Ninguno de los contratos que había entre el Instituto y el Invías le daba facultades para emitir un concepto de esta importancia, y menos para que fuera conciliador". No fue posible ubicar a Ramírez Vasco, quien se radicó en el exterior, para conocer su posición al respecto.

Por su parte, Mauricio Ramírez Koppel, que fue quien autorizó la polémica conciliación, defiende el proceso, que él considera transparente. "En esto el Ministro de Transporte está equivocado porque todo lo hecho se ha ido confirmando por las más altas instancias de la justicia", dice, a la vez que desestima las declaraciones del ex ministro Canal, a quien señala como una fuente parcializada. Asegura, apoyado en los conceptos de los organismos de control, que el lío se dio en la primera conciliación por no haber pagado de forma adecuada. Es decir, bajo la administración de Canal, la que, según él, se afectará con las demandas que el Estado debe emprender contra los responsables de lo sucedido, tan pronto se pague la conciliación.

Califica como una mentira lo dicho por la Universidad del Rosario, pues, según él, el contrato que tenía con el Instituto Anticorrupción le permitía a Ramírez Vasco este tipo de asesoría.

La agotadora discusión jurídica sobre los procedimientos y las competencias ha dejado de lado el cuestionamiento de fondo de las cuentas y la explicación detallada de cómo se transforman 690 millones de pesos en 106.000 millones. Los 24.000 ya pagados y los 82.000 que faltan. SEMANA solicitó a la defensa de los demandantes los cálculos con los que se llegó a esta cifra, pero no obtuvo la información.

Es claro que nadie quiere echarse encima la responsabilidad de semejante pago y cada uno mira cómo marca distancia, incluidos funcionarios y la Universidad del Rosario. Pero más allá, la duda es si en efecto algo está pasando con las cifras de la conciliación o simplemente es que las matemáticas de los abogados son carísimas, como dice Ramírez Koppel. De cualquier modo, hasta el momento esta demanda contra el Invías está llamada a convertirse en el caso emblemático de lo desastrosa que es la defensa del Estado, ¿o es, como dice Canal, un caso gigantesco de corrupción, que recién asoma su cabeza?

Es mucho el dinero público que está en juego. Puede ser un error desaprovechar la oportunidad de darles una segunda mirada a los detalles de un pleito que por la premura del Invías en conseguir la plata, pareciera estar cantado su multimillonario pago en los próximos días.