Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2015/11/03 02:27

A las puertas de nuevo paro judicial

Asonal Judicial convocó a los trabajadores, ante la posibilidad de que la no renovación del plan nacional de descongestión deje sin trabajo a unos 2.000 funcionarios.

A las puertas de nuevo paro judicial

A poco menos de dos meses de la vacancia judicial, el país vuelve a estar ad portas de un paro judicial. La falta de renovación del plan nacional de descongestión, que dejaría sin trabajo unos 2.000 trabajadores del sector, tiene a Asonal Judicial a punto de declarar el cese de actividades. Mientras tanto, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estudia qué medidas puede adoptar para impedir otra huelga.
 
La manzana de la discordia entró en escena la noche del jueves pasado. Ese día perecía que se le pondría fin a una tire y afloje que han protagonizado jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales que han estado a cargo de la descongestión. Un acto administrativo convirtió en permanentes los cargos provisionales que ocupaban 6.000 de los servidores encargados de esa trascendental tarea. Sin embargo, su expedición no dio solución a la continuidad a otros 2.000 funcionarios que hacían parte del plan.
 
Si bien los primeros empiezan a hacer parte de la planta de personal de la rama judicial gracias a este acto administrativo, los segundos tendrán que salir de sus puestos de trabajo, si es que la Sala Administrativa no emite un nuevo acuerdo que prorrogue el plan nacional de descongestión. Por eso el sindicato de los trabajadores del sector estudia la posibilidad de entrar en paro.
 
Este lunes se iniciaron reuniones en varios complejos judiciales del país en los que se estudian las medidas a seguir. El juez Freddy Machado, quien preside uno de los sectores de Asonal Judicial que han entrado en asamblea, le dijo a Semana.com que el acuerdo para la prórroga de los despachos de descongestión depende de un compromiso presupuestal del Gobierno. De ahí que le pida al Ministerio de Hacienda que autorice el desembolso de los recursos, pues con ello evitaría que miles de personas se queden sin trabajo.
 
Pero no es sólo la continuidad de estos funcionarios la que se encuentra en duda. Al parecer, la disponibilidad presupuestal para mantener los 6.000 cargos de descongestión que se volverían permanentes también está embolatada. La Sala Administrativa del Consejo Superior asegura que las Unidades de Planeación y Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informaron sobre la disponibilidad de los dineros. Sin embargo, comunicaciones de los consejos seccionales de la Judicatura, entre ellos el de Manizales (Caldas), demostrarían lo contrario. Según la Sala de la capital caldense, la misma Dirección Ejecutiva informó que los certificados de disponibilidad presupuestal quedarían sin efecto por falta de aprobación del Ministerio de Hacienda, lo que hacía inocuo el anhelado acuerdo.
 
Posteriormente, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior, José Agustín Suárez, aseguró que el nombramiento en propiedad de los 6.000 funcionarios estaba vigente. Aclaró que de los 113.000 millones de pesos que cuesta el compromiso para incorporar a la planta de personal a jueces, escribientes y otros auxiliares de los juzgados de descongestión, el Ejecutivo ya había liberado 85.000 millones. Según esa última comunicación, la disponibilidad de los 33.000 millones restantes dependía de la aprobación del Ministerio de Hacienda.
 
Al final, no está claro si los 6.000 trabajadores beneficiados cuentan o no con los recursos que harían posible su incorporación a la planta de personal de la rama. Además, tampoco está asegurada la continuidad de los 2.000 funcionarios de descongestión que están pendientes de la renovación del plan.
 
De hecho, según la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, a la fecha no han sido emitidos los certificados de disponibilidad de los 113.000 millones de pesos. Además, asegura que la afectación de la continuidad del plan nacional de descongestión afectaría cientos de miles de proceso en todo el país. Cifras del propio tribunal indican que sólo en juzgados de descongestión de Bogotá, en la actualidad cursan 250.000 expedientes. Este cuarto de millón es sólo una parte de los otros tantos procesos que podrían sufrir algún tipo de afectación.
 
Si el Consejo Superior y el Gobierno no toman medidas, los trabajadores de la justicia no serán los únicos damnificados. A la crisis social que pueda generar la pérdida de más de 2.000 empleos se sumarían las dificultades que tendrían los ciudadanos para acceder a la administración de justicia, en el corto, como en el largo plazo. Si hay paro, es de esperar que crezca la acumulación de procesos y si se termina la descongestión, ¿quiénes atenderán esa creciente demanda de justicia?

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