UN PAIS EN JAQUE

Si algo suele caracterizar las primeras semanas del año, es la llamada cuesta de enero, durante la cual se disparan los índices de inflación y el tema de las alzas genera decenas de titulares. Pero en 1988, más que las cifras del costo de la vida, han crecido las de la violencia. Este enero, sin duda alguna, ha sido el más violento de la historia de Colombia desde los tiempos de la confrontación liberal-conservadora de mediados de siglo.
"El año pasado --dijo a SEMANA una fuente del gabinete-- teníamos oleadas de asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica, que duraban 2 ó 3 semanas. Al mes siguiente, se ponían de moda los atentados a los oleoductos. Y al siguiente, las tomas guerrilleras en 1 ó 2 departamentos. Pero en lo que va corrido de este enero sangriento, hemos tenido todo a la vez".
En efecto, en materia de violencia ha habido de todo y en grandes cantidades. Para empezar, un considerable aumento de la actividad guerrillera: según la información recopilada por el DAS, durante los primeros 15 días del año, hubo dos veces más enfrentamientos armados, asaltos y actos terroristas, que en todo el mes de junio del 87, cuando se presentó la emboscada del Caquetá y se comenzó a quebrar definitivamente la tregua con las FARC, agrupación que empezó entonces a sumarse a las que ya estaban en plena actividad guerrillera.
Según estadísticas de las autoridades, mientras en el primer semestre del año pasado el 80% de las confrontaciones con la guerrilla y los asesinatos políticos, se concentró en 5 departamentos (Meta Antioquia, Huila, Santander y Valle), en las últimas 4 semanas la violencia política se ha extendido a 9 departamentos, 1 intendencia y 1 comisaría, colocando en difícil situación el proceso de elección de alcaldes en medio centenar de municipios (ver mapa). Sólo en el departamento del Cauca hubo la semana pasada, tantas acciones guerrilleras como las que se presentaron a lo largo de todo el primer semestre del 87 en esa misma zona.
"Pero además de la tensión guerrillera y de la continuación de los asesinatos políticos --agregó la fuente del gabinete--, tuvimos una gran tensión laboral que en el caso de Barrancabermeja no estuvo exenta de violencia. Y, como si fuera poco, una gran tensión relacionada con el narcotráfico, que incluyó la explosión en Medellín de una de las bombas más poderosas de que tengamos recuerdo".
Por todo lo anterior, el secuestro del candidato a la Alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana (ver artículo), aparte de ser el más grave y sonado de todos los casos, es también el punto más alto alcanzado hasta ahora por la ascendente curva de violencia con que empezó el año.

Uraba: La muerte en la calle
Ante semejante cuadro, lo más fácil sería decir, como ya se ha dicho muchas veces, incluso por parte del presidente Virgilio Barco, que el país está en guerra. Pero tal vez no haya que hablar de una sino de muchas guerras o, quizás, de una guerra con muchos frentes. Ni siquiera en el frente guerrillero se puede hablar de una sola guerra pues, a pesar de los acuerdos celebrados en septiembre entre los distintos grupos (la creación de la Coordinadora Simón Bolívar), no todos parecen estar peleando las mismas batallas o, por lo menos, no todos las están peleando de la misma manera (ver recuadro).
Una de las muchas guerras es la de Urabá, donde si de ilustrar el drama se trata, sobran las cifras y las historias. Allí, más que enfrentamientos entre guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas, lo que hay es guerra sucia. Y muy sucia: entre el 1° de diciembre y el 12 de enero pasados, 117 personas murieron en forma violenta en Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Necoclí, el 90% de ellas por arma de fuego. Estas cifras no incluyen los muertos en los combates que se han presentado en el mismo período.
Y lo único que hay frente a esta cadena de muertes es impunidad. "Nadie, ni siquiera los familiares de las víctimas, se atreve a declarar", le confió un juez de Apartadó a un funcionario de la Gobernación de Antioquia.
El caso de los funcionarios de Policía Judicial que fueron destituídos por la Dirección de Instrucción Criminal la semana pasada, por haber huído de la región a raíz de amenazas anónimas, es una muestra más de hasta dónde llega la impotencia del Estado frente al drama de Urabá.
Los funcionarios habían llegado a la zona a fines del año pasado, para respaldar a los jueces especiales nombrados por el gobierno, en cuestiones de dactiloscopia, balística y otros asuntos técnicos. La Gobernación de Antioquia sólo pudo entregarles para su protección 5 revólveres que debían turnarse entre los 8 agentes. "No sólo el número de armas no era suficiente --dijo el funcionario departamental--, sino que un revólver en Urabá es casi tan inútil como un bolillo, pues en la zona, el que menos, tiene su pistola automática cuando no su ametralladora".
El jueves 14. los agentes de la Policía Judicial recibieron una carta anónima en su oficina de Apartadó. El mensaje era directo: tenían que abandonar la región antes de 72 horas. Para el fin de semana, las maletas ya estaban hechas y lo único que pudo demorar la partida de los agentes fue que la camioneta en que habían llegado semanas antes, se varó durante algunas horas.
En la calle, en las oficinas, en los cafés y los restaurantes de las poblaciones de Urabá, el terror es el rey. Los agentes de la Policía, que prefieren andar vestidos de civil a menos que se encuentren en grupos de 10 ó de 12, poco o nada pueden hacer para controlar la situación.
Hace dos semanas, un episodio sangriento puso de presente que ni siquiera un arma de defensa, es garantía para vencer el miedo. Un sicario se acercó al abogado y dirigente de la Unión Patriótica Diego de la Hoz y lo asesinó en plena calle, a pesar de que el profesional iba acompañado por un guardaespaldas de la UP, que cargaba un arma que la Brigada le había conseguido con el respectivo salvo conducto. El guardaespaldas se dio cuenta de que el sicario había vaciado su cargador para matar a de la Hoz.
Sacó su arma y en ese momento el sicario le dijo: "si disparas te quebramos". El guardaespaldas aterrorizado sólo atinó a guardar su arma, mientras el sicario huía del lugar.
En las fincas, también hay miedo. Según Antonio Restrepo, gerente de la Asociación de Bananeros de Urabá, Augura, "una sola empresa bananera tiene 60 fincas sin administrador, pues los que había huyeron por amenazas".
Quién mata a quién
Hasta hace algunos meses, en Urabá no era difícil establecer, con base en la identidad de la víctima, quién la había matado. Aunque se trataba de una especie de guerra de todos contra todos, ciertos conflictos entre uno y otro bando eran muy claros. Había guerra sucia contra los dirigentes sindicales, y entre los dos sindicatos (Sintagro y Sintrabanano), que contaban uno con la simpatía de las FARC y otro con la del EPL, también se cobraban cuentas.
Pero hoy en día, muchos de esos conflictos han desaparecido. Sintagro y Sintrabanano se encuentran afiliados a la misma central obrera, la CUT, y entre sindicalistas y empresarios, las relaciones, aunque a veces tensas en el terreno laboral, se han descontaminado bastante. "Los sindicatos actúan hoy en forma más coordinada y unitaria, y por eso mismo han alcanzado importantes conguistas que han mejorado el clima", explicó un conocedor de la región.
Entonces, ¿por qué las muertes no sólo continúan, sino que están aumentando? Las autoridades han recopilado pruebas que pueden explicar al menos una parte de los asesinatos. Según establecieron los organismos de seguridad gracias a la muerte de un sicario y a la captura de otro, un buen número de éstos llegó hace algunas semanas procedente de Puerto Triunfo, donde los servicios de inteligencia saben que funciona la más sofisticada escuela de sicarios del país, patrocinada y utilizada por la mafia del narcotráfico.
Según una alta fuente de los organismos de seguridad, "estos sicarios tan bien entrenados no pueden haber llegado a Urabá para nada bueno. Es más, creemos que fueron en cumplimiento de un siniestro plan de desestabilización con Intereses aún no muy claros".
Las autoridades consideran que no es descabellado relacionar las muertes de algunos importantes dirigentes políticos con la presencia de estos asesinos a sueldo. Hablan de desestabilización, porque la ola de crímenes ha cubierto prácticamente toda la gama de grupos y partidos de la zona. Han muerto miembros de la UP, liberales de la línea del senador Bernardo Guerra Serna, galanistas, dirigentes sindicales de distintas corrientes, etc.
Algo similar podría estar sucediendo en el Caquetá, donde a los enfrentamientos armados, se ha sumado una serie de asesinatos de dirigentes políticos y funcionarios. El 9 de enero fue asesinado un concejal de la UP, el 14 el alcalde liberal de Paujil, el 15 la aspirante a la Alcaldía de Puerto Rico y el 18, en el más grave de todos los episodios, el candidato liberal a la Alcaldía de Florencia.


Aunque los dirigentes liberales del departamento se inclinan a pensar que las FARC están detrás de las muertes de estos políticos, y aunque el propio gobierno parece compartir esta tesis y por eso nombró un gobernador militar, los organismos de seguridad no descartan que aquí también se esté cumpliendo un plan de desestabilización. Un alto funcionario del gobierno aceptó que "no tiene mucho sentido que las FARC maten liberales, cuando saben que eso lo que puede hacer es aumentar la presencia militar, no sólo de soldados, sino de oficiales en cargos como el de la gobernación y algunas alcaldías, presencia que además podría comprometer la victoria de la UP en la competencia electoral de alcaldías como Cartagena del Chairá, donde ellos son mayoría".
Aunque resulta difícil explicar el agravamiento de la situación de violencia en este principio de año, exclusivamente por la existencia de un plan de desestabilización en el que podría estar interesada la mafia, y que incluiría, aparte del secuestro de Andrés Pastrana, la guerra sucia de Medellín, Urabá y otras regiones del país, lo que sí queda claro es que, aunque haya que hablar de muchas guerras, los vasos comunicantes entre unas y otras pueden ser más sofisticados de lo que se cree.
Menos claro en cambio es lo que pueden hacer las autoridades frente a esta escalada. Más que nunca en la historia reciente del país, el gobierno y la sociedad están asediados por todos los frentes. Existe un sentimiento de impotencia sin precedentes. Uno sólo de la media docena de gravísimos episodios que se han vivido en lo que va de enero, habría puesto al gobierno de turno en jaque. Y eso en épocas en que los colombianos no percibían en el Ejecutivo una crísis de liderazgo. El presidente y sus asesores se encuentran ante un dilema, y son concientes de que hay que crear rápido una sensación de acción. Independientemente de las posibilidades reales de solucionar, a corto plazo, problemas enormes, la opinión pública necesita un impacto sicológico: algo que permita que los colombianos vuelvan a creer. Para muchos, existe una fórmula fácil que salta a la vista.
Se trataría de desbaratar el esquema gobierno-oposición, llamando a otros partidos a colaborar en un gobierno de emergencia nacional, como se hizo en la noche del 9 de abril del 48. De ahí que, en cocteles tanto como en editoriales, todo el mundo habla de "una gran cruzada nacional", y de que "si tenemos que enfrentarnos simultáneamente a la guerrilla y a la mafia, por qué no nos unimos los que estamos en lo mismo".
Este clamor es casi unánime, con una gran excepción: el gobierno. Virgilio Barco se está jugando su puesto en la historia, con base casi exclusivamente en un logro, el restablecimiento de la democracia plena. El Presidente y su Sanedrín consideran que habrán conducido un viraje hístórico si dejan funcionando, al final de su mandato, un partido de gobierno y uno de oposición. Para ellos, y no les falta razón, muchos de los males que está viviendo el país, tiene su origen en la circunstancia de que, desde la creación del Frente Nacional hace 30 años, los colombianos no han tenido canales institucionales para ejercer la oposición y por eso han recurrido a la bala. Además de ser esta una posición valerosa y audaz, constituye el cumplimiento, en los términos ofrecidos, de la principal promesa de la campaña de Barco. Peor aún, su desmonte significaría reconocer el fracaso de una de las pocas cosas de mostrar que le está quedando a la administración. Un temperamento terco como el de Barco, poco inclinado a dejarse gobernar por columnistas y dirigentes gremiales, lo llevará a evitar a toda costa, por lo menos por ahora, esta alternativa.
Lo anterior significa que recurrirá, como de hecho ya lo está haciendo, a toda clase de fórmulas intermedias, que dejen una sensación de acción y de autoridad. Por eso, a pesar del reiterado "manejo civil de los asuntos de orden público", ya hay un gobernador militar, y se está hablando de decretos anti-terrorismo, anti-mafia, etc. Estas medidas no convocan tanto a la ciudadanía como lo haría un "gobierno nacional". Pero el Presidente sabe que fórmulas como ésta, a pesar del apoyo y las buenas intenciones iniciales, acaban en la práctica a corto plazo, en una simple repartición de la piñata burocrática, y a largo plazo, en una prolongación de la democracia restringida que, en algún modo, es la causante del caos actual. Todo esto indica que el gobierno no tiene salidas buenas ni fáciles y que está limitado a escoger lo menos peor. En ella, Barco parece dispuesto a jugarse sus restos.-

La guerra del petróleo
El Ejército de Liberación Nacional "ELN" parece no estar dispuesto a dejarse quitar el título del primer grupo terrorista del país. En lo que va corrido de este año ha incrementado su ofensiva dinamitera contratramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas, haciendo, casi diariamente, un atentado (Ver mapa).
Esta práctica no es nueva. Desde que Ecopetrol, Occidental y Shell, comenzaron, hace 2 años, la explotación de petróleo en esa zona, el ELN inició lo que llamó "política antiimperialista para hostilizar a los gringos en la extracción del crudo". Sin embargo, el comite ideológico de los "elenos" no reparó en el daño ambiental que su dinamita produce. "Si se tiene en cuenta --dijo a SEMANA Alfonso Avellaneda, Químico de la División de Medio Ambiente del Inderena-- que el frazado del oleoducto, fue realizado sin tener en cuenta el enorme daño ambiental que se causaba, y si a esto se suman los continuos derramamientos de petróleo por la dinamita. Los resultados son desastrosos".
El proyecto de explotación, que arrancó en 1980, lo primero que hizo fue pasar por encima del santuario de fauna y flora de los ríos Ele y Lipa.
Desde que comienza a ascender por la cordillera oriental, el oleoducto atraviesa 2 parques naturales: Tamá y Sierra Nevada del Cocuy; cruza, también, la reserva forestal de Los Motilones y corta la Ciénaga de Zapatoca, la principal zona de pesca del Magdalena Medio, donde existen más de 20 poblaciones. Teniendo en cuenta este recorrido por sitios tan vulnerables desde el punto de vista ecológico, el Inderena concibió un plan de contingencia, mirando más la parte geológica (el tubo se podía romper en cualquier momento por efectos naturales) que la parte política, que hasta ese momento no se vislumbraba. Este plan estableció puntos de control cada 20 kilómetros para recoger, mediante la construcción de piscinas, el derrame de petróleo. Esto ha permitido que, a pesar de la ofensiva guerrillera de los últimos días, ni una gota de crudo haya llegado al Río Magdalena.
A pesar de las previsiones, son muchas las poblaciones que se han visto afectadas porque el agua que consumen diariamente se contamina y porque los ríos se inutilizan por muchos meses para la pesca, su principal fuente de ingreso. Esto ha hecho que la filosofía de los "elenos" de una política petrolera radicalmente nacionalista, se diluya ante los ojos de la población. Las banderas del ELN de hacer efectiva una multa de US$800 millones a la Occidental, de crear un impuesto equivalente a un dólar por barril extraido y el pago de la deuda externa del sector energético por parte las compañias extranjeras, han dejado de ser compartidas por sus seguidores hoy, los habitantes del Arauca no son ya los incondicionales colaboradores del ELN sino sus contradictores. A nivel general pueden estar de acuerdo con su posición, pero no están dispuestos a pagar un costo tan alto: su supervivencia. En términos populares al ELN le está saliendo el tiro por la culata.

Cada guerrilla, un estilo
A pesar de la creación en septiembre pasado de la Coordinadora Simón Bolívar, los grupos guerrilleros comprometidos en ella parecen no estar del todo de acuerdo en lo que ésta es. Mientras las FARC todavía la consideran como una estrategia política para la paz, los demás grupos parecen estar utilizándola para la guerra. Hace algunas semanas, Jacobo Arenas desautorizó el uso del nombre de la Simón Bolívar en el atentado a una planta de cemento en el Magdalena Medio. Aparte de esas diferencias, existen también las que se refieren al tipo de acción que cada grupo prefiere utilizar.
Mientras las FARC, cuya actividad se ha centrado en Cauca, Caquetá y Magdalena Medio, están dedicadas emboscar y a enfrentar al Ejército, el ELN ha optado por eludir estas confrontaciones y se ha dedicado a las acciones terroristas. En los últimos meses, el 62% de los soldados caídos en combate han sido asesinados por las FARC, grupo que ha protagonizado el 49% de los enfrentamientos con el Ejército. El ELN, en cambio, ha realizado el 59% de los actos terroristas, como voladuras de oleoductos y otros, y el 48% de los secuestros.
"Esto es algo más que una cuestión de estilo", dijo a SEMANA una fuente de los organismos de seguridad. En realidad, el gobierno cree que tras estas diferencias se esconden cuestiones ideológicas y filosóficas. "Es como si las FARC, a diferencia del ELN, quisieran demostrar su capacidad de combate pero sin quemar las barcas, ni destruir los puentes que aún subsisten con el gobierno", explicó un asesor presidencial.
Un episodio que parece ilustrar lo anterior, sucedió hace algunas semanas en Arauquita. Según informes militares, el ELN interceptó un bus de transporte intermunicipal y ordenó a los pasajeros descender. Los "elenos" se disponían a quemar el vehículo cuando apareció en el lugar una columna de las FARC. Su comandante gritó a los del ELN que no quemaran el bus porque los únicos perjudicados iban a ser los pasajeros.
En vista de que un miembro del ELN insistió en cumplir con la amenaza y quemar el bus, un integrante de la columna de las FARC saldó el episodio con un disparo que mató al incendiario.
Este incidente, aunque es el único del que las autoridades tienen información detallada, puede no ser el único que se haya presentado en una guerra en la que, de alguna manera, las diferencias de estilo están relacionadas con la falta de claridad en los objetivos.