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| 11/24/1997 12:00:00 AM

UN PANORAMA

El juez español Baltasar Garzón escribe para SEMANA sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Colombia, a pesar de tener un gobierno civil elegido democráticamente y ser una de las democracias más antiguas de Iberoamérica, presenta uno de los panoramas más desoladores en el campo de la protección de los derechos humanos. Esta situación es el resultado de una violencia múltiple que somete a un fuego cruzado a la población civil, unas veces por la acción de las organizaciones criminales del narcotráfico, otras por la de las fuerzas armadas que las combaten, otras por la de los grupos paramilitares o las fuerzas guerrilleras u otras por la de las milicias urbanas y rurales. El elemento común es la violación sistemática de las normas básicas de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En tiempos recientes _en el Valle del Cauca, en Colombia_ se han producido varias masacres de indígenas por parte de grupos paramilitares, relacionados con la propiedad de la tierra. Se presume que narcotraficantes de varias zonas del país (el Valle) han invertido o tienen expectativas de adquisición territorial sobre áreas del norte, centro y sur del Cauca. En el norte ha habido riesgo de conflicto por la resistencia indígena a la acumulación de tierras por el narcotráfico (marihuana, coca y amapola). El alto riesgo es evidente porque no sólo los narcotraficantes sino también los cuerpos armados (guerrilla, paramilitares, autodefensas, bandas mafiosas) hacen uso de la violencia como medio para acceder a una parte o a toda la producción y tener el control territorial como fin estratégico sobre los demás. Simultáneamente, el flujo de dinero que gira en torno a la economía ilegal ha determinado la proliferación de variadas formas de delincuencia, que hacen inescrutable el entrecruzamiento de las diferentes formas de violencia. Así, algunos grupos guerrilleros (las Farc) desarrollan actividades de regulación de la producción y establecen contribuciones forzosas a los participantes en el mercado ilegal. El ELN a veces se beneficia del comercio y de los cultivos, mientras que en otras ocasiones promueve la erradicación. Los actores más pobres (campesinos, indígenas y colonos, a veces enfrentados entre sí) son los más afectados por el uso sostenido de la violencia privada del sicariato y de formas paramilitares. Generalmente esta violencia, como dice Ricardo Vargas, es ejercida contra líderes comunales e indígenas. Sin embargo la presencia del narcotráfico en la zona norte del Valle ha hecho sistemática y permanente la violencia paramilitar que se entrecruza con pretensiones de acumulación territorial. El manejo de los asuntos estatales por las autoridades a nivel regional, basado en el clientelismo y la exclusión en la toma de decisiones de las comunidades indígenas, hace que no se produzcan fórmulas consensuadas del conflicto. El Estado contribuye de esta forma a que la polarización y su expresión violenta sean el recurso de búsqueda de soluciones a esa problemática. Es curioso que en todo este marasmo los únicos que abogan por el consenso _probablemente porque les va la vida en ello_ son los indígenas. No debe olvidarse, en fin, que los graves comportamientos de corrupción de las instituciones del Estado y sus representantes y la participación del Ejército y la Policía en el comercio y tráfico de drogas ahonda la crisis institucional, menguando la legitimidad de las instancias estatales.
Neutralidad activa Este estado de cosas ha obligado a toda una serie de personas, organizaciones étnicas indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, ONG e iglesias, a pronunciarse a favor de la consecución de la 'neutralidad activa' como iniciativa patrimonio de la sociedad civil y como instrumento para conseguir la paz. Se trata, pues, de una iniciativa de la sociedad civil como respuesta a la configuración armada de resolución de los conflictos que quizás esté empezando a dar forma a un instrumento de lucha y resistencia ciudadanos a los abusos, ante la ambigüedad tradicional y las evasivas del Estado colombiano en la protección de los Derechos Humanos y la frustración que genera el desinterés de la comunidad internacional, que se mueve a impulsos de la burocratización de las organizaciones convencionales _ONU, OEA, cumbres de Estados, pactos trasatlánticos, etc._. De esta forma la sociedad civil colombiana despierta también de su letargo, que le había llevado a adoptar una postura autista y conformista frente a los acontecimientos violentos a los que se ve constantemente sometida.En efecto, como dice Fernández C., "si se hacía mención a la gravedad de los actos paramilitares, el discurso del sistema contestaba con una mención de los actos de la guerrilla. Era necesario explicitar que no se quería salvar ni condenar a ninguno de los dos. En consecuencia, el discurso iba llevando a unos aporías especiales, a un callejón sin salida en donde finalmente era necesario quedarse totalmente callado y resignarse a la explicación común de que la violencia en Colombia es endémica y de que no hay nada que hacer". Por fin, en mayo de 1997, se plasman una serie de principios que podríamos llamar revolucionarios y que constituyen una respuesta a la ineficacia internacional en la materia, a la vez que una llamada de auxilio para apoyar la idea que se inició en enero de 1995 a impulsos de la Organización Indígena de Antioquia (16.000 indígenas), principalmente en Urabá. En este sentido frente al conjunto de organizaciones armadas institucionales _ejército_ o clandestinas _guerrillas, paramilitares o narcos_, la iniciativa de neutralidad activa proclama:
1) Desconocer _como medida básica_ la legitimidad de la violencia como mecanismo para resolver los conflictos; es decir, se trata de construir la paz desde la no violencia.
2) Postular la necesidad de la protección prioritaria de los indígenas como comunidades de paz.
3) La asunción perentoria de la defensa de los Derechos Fundamentales dentro de la Constitución, pero exigiendo un orden público democrático y una fuerza pública respetuosa con los derechos y libertades ciudadanas. Sin embargo, en el corto espacio de un mes desde esa declaración los paramilitares (11), la guerrilla (5) y el Ejército (2) han asesinado a 17 indígenas del movimiento.
4) La aceptación de un compromiso por una política estatal de paz con justicia social pero basada en el respeto a la diferencia. Esta iniciativa surgida de la sociedad civil supone el despertar social frente a la violencia pero estará abocada al fracaso sin la ayuda de la comunidad internacional.

La viabilización de esa ayuda internacional ha de desarrollarse en muy diversos frentes. No solo en el de las colaboraciones humanitarias mediante el apoyo a programas de subsistencia, sino también en auténticos programas de desarrollo comprometidos con la realidad social a la que se dirigen, lo cual exige un previo conocimiento de esa realidad, una denuncia de la situación de violación sistemática de los derechos más elementales incluso por parte de los propios Estados receptores o patrocinadores y una persecución activa de esas violaciones, incluso pensando en la posibilidad de creación de tribunales internacionales para el enjuiciamiento de aquellos que violen estos derechos. Proteger los derechos En todo caso, una ayuda eficaz exige el desarrollo de programas de fortalecimiento de las instituciones democráticas, mejoramiento de la calidad de vida, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el control y limitación de armas y protección de los derechos humanos, pero también el reconocimiento y respeto de la realidad autóctona y la protección y defensa de los derechos de la colectividad indígena como derechos fundamentales para la propia subsistencia. Desde mi punto de vista no puede hablarse parceladamente de una realidad que es compleja ni, por tanto, se van a conseguir resultados con la progresiva eliminación de narcocultivos, que están produciendo consecuencias indeseables sobre el ecosistema _fumigaciones con glifosatos_ o con programas que solo tengan en cuenta la sustitución de aquellos y desconozcan el conjunto de los problemas que afectan a la sociedad indígena. Por cuanto solo con el respeto a la diferencia y el apoyo _con sus reglas_ a sus alternativas vitales se podrá conseguir que el rechazo surja de adentro hacia fuera y no pretender que sea al revés, como sucede ahora. Es necesario que los organismos internacionales asuman y hagan propios _como derechos humanos_ los de la comunidad indígena, lo que supondría la protección integral del hecho diferencial y, como decía antes, la protección de la colectividad y la modificación urgente de la carta de los Derechos Humanos. De no hacerse así se producirán dos efectos:
1) La eliminación de los pueblos indígenas;
2) El aumento de la violencia merced al choque de grandísimos intereses económicos. Es cierto que, como resaltan todas las organizaciones internacionales _ONU, OEA, Parlamento Europeo, UE, Jife_ el problema de las drogas ilícitas, el narcotráfico y los delitos conexos constituyen una de la más graves amenazas a la democracia en el hemisferio sur americano y en otras partes del mundo, pero no es menos cierto que entre todos los países que ahora se alarman se ha creado un monstruo que ha cobrado vida propia y penetra de tal forma las sociedades y las economías y entramados empresariales e institucionales que es prácticamente imposible controlarlo por la represión de sus mecanismos de desarrollo sin que a la vez se corra el riesgo de hacerlo violentando los derechos fundamentales que nunca pueden quedar en entredicho por razones de interés de seguridad pública. Frente a esta realidad _violenta en todos sus órdenes_, oferta y demanda, la primera controlada principalmente por la represión y la segunda dirigida, casi exclusivamente, a disminuir sus consecuencias convulsivas del consumo, se vive un impasse en este final de siglo que no acaba de definirse en una estrategia global y diversificada, que afronte con decisión las nuevas alternativas como retos que pueden cambiar el panorama en el próximo milenio. Es a través de políticas que coloquen en su frontispicio el respeto y la conquista de los Derechos Humanos compeliendo a los Estados miembros de la comunidad internacional a respetarlos como podrá avanzarse en la erradicación del problema de las drogas como fuente de conflictos penales y sociales, compatibilizando esta nueva política con una nueva dimensión de la libertad y la autonomía de la persona como derechos fundamentales que incluyan el de consumir controladamente determinados productos que hoy día tienen categoría de ilícitos. Y ello unido a la protección y tratamiento por el mismo sistema institucional de la víctimas de este fenómeno como tales, y no como responsables del mismo, extendiendo a los mismos sin limitaciones el sistema de salud o de cumplimientos alternativos fuera de los centros penitenciarios. En todo caso se echa de menos, y en este sentido tendrá que dirigirse nuestro esfuerzo, mayor apoyo a políticas de control de demanda a través de la educación que a políticas de represión generalizada. Probablemente una de las luchas más ingratas pero a la vez más gratificantes es la de la lucha por los Derechos Humanos en todos sus niveles. Desde aquí levanto mi voz exigiendo respeto y militancia a favor de esos derechos y apoyo a los que desde la sociedad civil _de la que todos somos parte_ luchan por ese respeto. Apoyar la paz y las iniciativas para lograrla en Colombia es una necesidad y todos tenemos la obligación ética de contribuir, renunciando incluso al poder o beneficio personal.
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