Jueves, 23 de febrero de 2017

| 2006/08/19 00:00

Un paso adelante, dos atrás

Después del tatequieto de Uribe a los paras, la suspensión de la extradición del narcotraficante 'el Tuso' Sierra cayó como un baldado de agua fría .

De izquierda a derecha, Diego Vecino, Salvatore Mancuso , el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, Ramón Isaza, Antonio López y Ernesto Báez, reunidos en Rionegro, después de la orden de conducción. Arriba, Juan Carlos Sierra, ‘el Tuso’, narcotraficante pedido en extradición que el viernes se convirtió en paramilitar desmovilizado como por arte de magia

El viernes el presidente Álvaro Uribe borró con el codo lo que había hecho con su mano firme durante toda la semana. El lunes les advirtió a los jefes paramilitares que debían trasladarse a un sitio de reclusión "digno, sobrio y austero" y acogerse a la Ley de Justicia y Paz o, de lo contrario, serían extraditados. Para que no hubiese dudas sobre la seriedad de sus palabras, el miércoles la Policía detuvo a varios de ellos con espectaculares operativos. Las imágenes de televisión mostraron a los jefes paramilitares, hasta hace poco soberbios y desafiantes, admitiendo dócilmente su sometimiento a la justicia. Con esta decisión el Presidente buscaba fortalecer la credibilidad en el controvertido proceso. Sin embargo, su efecto duró poco.

En la noche del viernes, sorpresivamente, el gobierno suspendió la orden de extradición de Juan Carlos Sierra y lo aceptó como miembro desmovilizado de las AUC. Sierra es un reconocido narcotraficante de Antioquia, que intentó colarse como paramilitar en Ralito en 2004. En su momento, el Ministerio de Defensa dijo que "el gobierno nacional no reconoce a Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso', como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia". Ahora, un comunicado expedido por la Presidencia argumenta que "las autoridades de Estados Unidos... solicitaron la extradición del señor Juan Carlos Sierra Ramírez, como miembro de las AUC" y que éste "solicitó ser reconocido como desmovilizado de esa organización y aceptó cumplir las condiciones impuestas por el gobierno colombiano...". Justo cuando el proceso parecía que iba a tomar un rumbo serio, el episodio Sierra demostró que la 'recocha' continúa.

El lunes, la impresión era que a los paras se les habían acabado las juergas millonarias, la ostentación de riqueza en carros de lujo, y su vida de negociantes de minas de oro, esmeraldas y agroindustria. El martes en la noche, el alto comisionado Luis Carlos Restrepo llegó hasta Villa de la Esperanza, en Copacabana, la especie de sede política de los jefes de las AUC, y se reunió con Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', 'Julián Bolívar', 'Ernesto Báez' y Antonio López, los únicos que estaban en el sitio en ese momento. Restrepo llegó acompañado de cuatro generales de la Policía -entre ellos Óscar Naranjo y Jorge Daniel Castro- y de cuatro coroneles. La idea era una entrega inmediata. Los paras dijeron que necesitaban tiempo para reunirse y discutir el tema con los demás jefes, y que cuando tomaran una decisión, le avisarían al gobierno. No tuvieron tiempo de 'patalear'. A la mañana siguiente, operativos simultáneos los condujeron hasta la Policía Metropolitana de Medellín. También fueron sacados de Ralito quienes allí estaban. Durante el día, algunos de ellos como Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo se presentaron voluntariamente. Algunos muy importantes no se habían presentado hasta el viernes en la noche: 'Jorge 40' y Vicente Castaño. Mientras Ramiro 'Cuco' Vanoy, seguía en consultas telefónicas antes de tomar una decisión. De otros como 'Daniel' y 'Rogelio', temidos lugartenientes de 'Don Berna', no había ni rastro.

Al parecer, Uribe estaba cansado de escuchar en todas partes lo mismo. Que los jefes paramilitares y sus lugartenientes más cercanos andaban por los centros comerciales gastando millones en ropa de marca. Que hacían cerrar discotecas para fiestas de lujo. Que estaban invirtiendo en lujosas casas y fincas. Es decir, que ante los ojos de todos, estaban lavando sus fortunas adquiridas con el narcotráfico.

El pomposo matrimonio de Mancuso, en diciembre pasado, y los relatos sobre 'Macaco' bailando reguetón en Llanogrande, junto a rutilantes figuras del fútbol, eran apenas la punta del iceberg.

Esta situación era completamente inmoral. Una bofetada para las víctimas y una vergüenza para el país. Lo más grave es que si bien un pequeño sector de la opinión rechazaba con indignación estas muestras de arrogancia, la gran mayoría empezaba a verlo como algo normal, lo que refleja un preocupante relativismo moral de la sociedad. En algunas regiones hasta les pidieron autógrafos como si fueran héroes y no villanos.

Adicionalmente, "tenían muchos áulicos, como el nicaragüense ex-contra Edén Pastora, que les calentaban las orejas diciéndoles que ningún proceso de paz había terminado con la gente en la cárcel", dice una persona cercana al proceso. Los paras llegaron a convencerse de tres cosas difíciles de digerir: que realmente no deberían ir a la cárcel, que podrían eludir la entrega de bienes y que podían sacarle al gobierno un compromiso de no extradición. Tanto la ostentación de los paramilitares como la dilación para acogerse a la Ley empezaban a dejar a un gobierno, que se precia de saber imponer la autoridad, en una situación de debilidad insostenible.

A eso se le sumaron las críticas de Estados Unidos. "Los gringos han mandado todo tipo de mensajes de que no les gustaba lo que estaba pasando. Y estos señores diciendo que que no tienen garantías y que son insolventes para reparar a las víctimas", dice una fuente de la Casa de Nariño.

La gota que rebosó la copa fueron los 'micos' que ya se vislumbraban en los borradores del decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz. Les blindaba los bienes lícitos, les ayudaba a eludir el tiempo de cárcel, acababa con la posibilidad de que perdieran los beneficios jurídicos si no confesaban algunos crímenes, y hacía casi imposible su extradición. Así las cosas, los paras parecían tener por el mango la sartén de la negociación.

El ultimátum de Uribe parecía enderezar la situación. Si bien el Presidente les dio garrote al detenerlos, también los tranquilizó diciendo que irá, si es necesario, de nuevo al Congreso. ¿Para cambiar la Ley de Justicia y Paz? ¿O para blindar el proceso contra la extradición? La docilidad repentina de los jefes paramilitares y el afán de narcos como Juan Carlos Sierra para ponerse el camuflado después del último llamado, y antes de que se cierre la puerta, hacen temer que el gobierno está buscando en serio fórmulas que les den la tan anhelada seguridad jurídica contra la extradición. Algo que quizá salve definitivamente el proceso, pero ¿a qué precio?

Si bien acabar con los excesos de los jefes tranquiliza, no es suficiente para devolverle la credibilidad a un proceso enfermo de pragmatismo, donde la ilusión de que el desarme de 30.000 hombres era la paz, está cada vez más deshecha. "Los jefes paramilitares han perdido el control sobre muchos de sus ex combatientes y mandos medios se apoderaron de los negocios que siguieron intactos: el narcotráfico y el robo de oro y gasolina", dice Jorge Mejía, secretario de Gobierno de Antioquia.

A eso se suma que las dificultades jurídicas están latentes. Con el decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz el gobierno quiere darles gusto a Dios y al diablo al mismo tiempo. A Estados Unidos, que sabe perfectamente quiénes son los narcos vestidos de paras; y a los jefes de las autodefensas, que requieren algo casi imposible: seguridad jurídica. Lo que realmente puede blindar el proceso es lo único que no se ha hecho: construir confianza política, poniendo las cartas sobre la mesa y contándole al país qué se está negociando. Con embuchados como el del 'Tuso' Sierra se consigue todo lo contrario.

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