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| 10/10/2004 12:00:00 AM

Un paso esperanzador

El gobierno y la sociedad ven con optimismo el anuncio de las AUC de desmovilizar a 3.000 combatientes. Sin embargo, es necesario seguirlo con lupa para asegurarse de que en realidad sea el principio del fin del paramilitarismo en Colombia.

Después de la tempestad, la calma. Así se ve ahora el proceso de negociación entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras el anuncio de que van a iniciar, en solo tres semanas, la desmovilización de 3.000 paramilitares. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia del conflicto armado que desangra al país desde hace cuatro décadas. Y es más notorio aún si se cumple la promesa de las AUC: "A la cabeza de esta desmovilización masiva estarán los comandantes Salvatore Mancuso Gómez e Iván Roberto Duque Gaviria", dos de los pesos pesados de esta organización ilegal y quienes hace poco asistieron a una polémica visita al Congreso.

El comisionado Luis Carlos Restrepo anunció que recibía la noticia con "beneplácito" y "esperanza". Era de esperarse, luego de la turbulencia que había sufrido el proceso en las últimas semanas. Alcanzó a llegar a un punto crítico por la suma de varios factores. Primero, el 19 de septiembre, fue asesinado Miguel Arroyave, comandante del Bloque Centauros y quien según se informó había salido de la zona de encuentro, en Santa Fe de Ralito, para ir hasta el oriente del país, en los Llanos Orientales, a convencer a sus tropas de las virtudes de desmovilizarse. La tensión por este hecho llegó al extremo de que Mancuso se paró de la mesa.

En medio de esos días difíciles el gobierno anunció que desconocía a Juan Carlos Sierra Ramírez como uno de los negociadores y autorizaba el visto bueno para su extradición. Incluso se autorizó a la Fuerza Pública para buscarlo en Santa Fe de Ralito. El presidente Uribe firmó la extradición al considerar que Ramírez era un narcotraficante. Con semejante tormenta, el proceso necesitaba un balón de oxígeno de inmediato para que volviera a tomar vida.

El nuevo aire llegó el jueves de la semana pasada, cuando las autodefensas anunciaron la masiva desmovilización. "Este hecho constituye el gran acto de fe y lo realizamos de manera unilateral, sin exigir la más mínima contraprestación o condicionamiento, dijo su comunicado. Nos basta la confianza y credibilidad que ante la Nación y el mundo genere nuestra voluntad manifiesta de paz". Es una decisión para muchos indispensable pues se requerían muestras inequívocas de paz de los paramilitares para volver a ganar alguna credibilidad ante la opinión pública.

Además, los paras ratificaron su "decisión de cumplir con los acuerdos de Santa Fe de Ralito, suscritos con el gobierno nacional, a fin de realizar la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia antes del 31 de diciembre de 2005".

En plata blanca esto significa que al terminar el próximo año, las AUC dejarían de existir. Ante semejante perspectiva, renació la esperanza en que la paz con esta alianza ilegal con más de 15.000 hombres armados, que han dejado una estela de sangre y víctimas en Colombia, podía llegar a ser una realidad.

Sin embargo, dados los antecedentes de la desmovilización el 25 de noviembre pasado en Medellín, la opinión también recibió la buena nueva con cierta dosis de escepticismo. Entonces, las AUC anunciaron la desmovilización de 870 de sus combatientes con sus armas. El gobierno montó una presentación de los recién desmovilizados y el país aplaudió. Pero luego la fiesta se aguó cuando quedó en evidencia que ni estaban todos los que

eran, ni todos los que estaban habían sido realmente miembros de las AUC. El propio comisionado Restrepo reclamó en Ralito que había demasiados delincuentes callejeros recogidos a última hora para presentarlos como miembros de las AUC.

Por eso el analista Alfredo Rangel pide que "ante este anuncio el gobierno tiene que aprender la lección". Afirma que se deben poner en práctica los mecanismos de verificación previa que doten de plenas garantías la nueva desmovilización. Y que constate que realmente se trata de 3.000 paras con sus respectivas armas. Esto es un desafío para las partes. No sólo porque los paras no pueden volver a mentir sino que el gobierno tiene que evitar que le metan un gol. "Todo debe ser ciento por ciento real y no dar una falsa apariencia de eficacia", anota Rangel.

En este sentido, Restrepo fue contundente el viernes de la semana pasada al anunciar que el gobierno no dejará nada al azar. Incluso aseguró que se creará una comisión judicial para que analice la situación legal de cada una de los combatientes. "Los culpables de crímenes atroces y narcotráfico pagarán cárcel", dijo. Además advirtió que la extradición sigue en pie: "Quienes quieran evitar la extradición deben demostrar su buena fe y propósito de enmienda, lo que no quiere decir que vaya a cesar contra ellos la acción judicial".

Un obstáculo grande para que la anunciada desmovilización se lleve a cabo con éxito es el hecho de que no exista un marco legal que les dé a quienes entreguen las armas claridad de qué les espera. Ni siquiera se ha presentado el proyecto de ley de justicia y reparación (más conocido como de alternatividad penal). Por eso, aunque la noticia de que se les van a quitar 3.000 actores a la guerra es un paso esperanzador, todavía hay varios obstáculos que superar para que se vuelva una realidad.
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