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| 12/23/2010 12:00:00 AM

Un plan de emergencia para las víctimas en Colombia, incluidas las del invierno

Investigadores encabezados por el economista Luis Jorge Garay proponen un “Plan para la reconstrucción y reparación integral de las víctimas, no sólo del conflicto, sino también del invierno”.

Integrantes del Equipo de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado acaban de elaborar un documento en el que se esboza un plan de emergencia para las víctimas en Colombia.

El documento, escrito por los investigadores Luis Jorge Garay (director general), Fernando Barberi (coordinador académico y administrativo), Clara Ramírez y Fernando Vargas Valencia (investigadores), es un aporte importante al debate de la política pública para las víctimas del conflicto armado y de la ola invernal que azota al país.

Los investigadores comienzan exponiendo que en Colombia hay dos tragedias humanitarias: una causada por “quienes insisten en la violencia” y otra, por “la naturaleza y, en muchos casos, provocada por agentes económicos que abusan de manera inadecuada de la tierra y sus recursos naturales”.

Acto seguido, los autores del documento cuantifican la proporción de las víctimas. Aducen que el 10 por ciento de la población padece la tragedia del conflicto y el 3 por ciento la del invierno. No obstante, una tercera parte de los afectados por el invierno podrían ser desplazados. En otras palabras, “uno de cada ocho colombianos ha visto afectados sus derechos respecto al uso del espacio, la generación de ingresos, el goce de sus bienes patrimoniales (actuales y potenciales)”, dicen.

De esta población, es muy probable que cerca del 95 por ciento alcance el nivel de pobreza y más del 80 por ciento, el de indigencia.

Así mismo, los investigadores hacen una proyección del monto de la reparación derivada de las pérdidas patrimoniales de esa población: 80 billones de pesos, cerca del 15 por ciento del PIB.

Después de hacer ese desolador diagnóstico, el documento insta a las autoridades a producir un Plan de Emergencia “no sólo coyuntural, sino de mediano plazo”, en el que el Estado tendría un papel proactivo y que requiere la creación de un Fondo para la Reconstrucción y Reparación Integral. Todo en aras de resolver el problema desde la médula.

Los investigadores sugieren que la regla fiscal, en unas condiciones de inestabilidad monetaria, podría derivar en un sistema fiscal rígido “so pena de incurrir en excesivos costos económicos y sociales con claro detrimento de los sectores más vulnerables”.

La regla fiscal es un instrumento de política económica que busca la estabilidad de las finanzas públicas. El actual gobierno se ha empeñado en promover una legislación para supeditar las decisiones de los órganos del Estado al presupuesto. Sin embargo, varios constitucionalistas han criticado la medida, pues consideran que los derechos son el fin, no el equilibrio del sistema fiscal.

En el mismo sentido los autores de la propuesta aducen que el Estado debe suspender los contratos de estabilidad jurídica “dado el carácter sobreviniente” de la emergencia invernal. Se refiere a los contratos que adquirió el Estado con algunas empresas que se benefician de exenciones tributarias

También sugiere que se debe ampliar y prolongar el Impuesto al Patrimonio para los contribuyentes que tienen patrimonios superiores a los 1.000 millones de pesos; eliminar los privilegios tributarios injustificados; y a la vez, postergar el desmonte del “4 por mil”, entre otras medidas.

Además, indica que de un porcentaje importante de las regalías se podría obtener entre el 0,3 y el 0,4 por ciento del PIB y propone destinar al Fondo de Reconstrucción y Reparación Integral “un porcentaje de las utilidades del Banco de la República, ISAGEN y el Banco Agrario”.

“A medida que se liberen recursos de Defensa y Seguridad, éstos se deberían destinar al financiamiento del Programa”, agrega.

Según los cálculos de los académicos, las medidas combinadas suponen una adición al presupuesto nacional del 2 al 2,5 por ciento del PIB al año, entre el 2011 y el 2015; y de un 1,5 al 2 del PIB entre el 2016 y el 2020.

Al final, el documento advierte que es necesaria una reestructuración de la institucionalidad local y nacional para que el programa sea completo. El objetivo es que las políticas se constituyan en oportunidad para las víctimas, generen empleo y les den protagonismo.

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