Sábado, 1 de noviembre de 2014

| 2013/05/16 00:00

Un ‘salvavidas’ para enfermos de VIH

El Consejo de Estado ordenó a las empresas que tengan empleados con el virus respetar sus derechos.

El Consejo de Estado hizo un llamado a las instituciones para que respeten los derechos de las personas con VIH. Foto: Imagen Palacio Flickr: laloking97

Los tropiezos que tienen en Colombia las personas portadoras el VIH son de nunca acabar, ya que por su condición son discriminados laboralmente dentro de una sociedad que se encarga de cerrarles las puertas, aun cuando tienen la posibilidad de desempeñarse en un cargo y tienen las herramientas para trabajar activamente.

En un pronunciamiento de la sección segunda, el magistrado Gustavo Gómez le dio la razón a un miembro del Ejército al que se diagnosticó VIH durante su actividad y se le negó por parte de la institución un segundo examen para determinar la disminución de su capacidad laboral para su retiro del servicio activo.

La segunda prueba solicitada por el uniformado era para determinar su capacidad laboral y hasta qué punto podía seguir desempeñando sus labores como militar, lo cual fue negado rotundamente por parte del Ejército al señalar que con el primer examen era suficiente para determinar su carga laboral.

El resultado de dicha valoración inicial permitió a la junta médica establecer una incapacidad permanente parcial, la cual lo calificaba como no apto para la actividad militar, pero sin disminución de la capacidad laboral. Luego de la evaluación de su estado de salud, fue trasladado a otra zona del país. El uniformado estimó que sus condiciones de salud desmejoraron por el traslado, por lo que solicitó “la baja” y fue desvinculado. Sin embargo, pidió un segundo examen, de nuevo, que le fue negado.

Por ello, el Consejo de Estado hizo un llamado a las instituciones para que respeten los derechos de las personas con VIH, ya que cuando se presente la aparición de la enfermedad, por ley la institución debe obligatoriamente permitir la práctica de un segundo examen.

Según la sentencia, “La Sala considera necesaria la práctica de todos los exámenes pertinentes que ayuden a determinar el verdadero estado de salud y condición patológica del paciente, y que estos además sean practicados con regularidad, en especial el referente a infectología”.

El magistrado Gómez Aranguren señaló que existe reiterada jurisprudencia que señala que las personas con VIH tienen protección especial, y la negativa a los exámenes médicos de dichas personas viola sus derechos, máxime cuando se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta.

Es así que el alto tribunal avala que quienes tengan la enfermedad se les respeten sus derechos laborales y deja claro que, a pesar de que su capacidad de trabajar se pueda ver afectada, puedan tener la oportunidad de practicarse los exámenes necesarios para determinar el estado de su enfermedad.

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