UN TRIBUNAL MUY ESPECIAL

El domingo 26 de abril la misma noticia, pero con diferente empaque, encabezaba a cuatro columnas los titulares de los principales periódicos del país. Mientras El Tiempo titulaba: "Crean tribunal especial para investigar crímenes políticos", El Siglo escribía: "Extraño decreto expidió ayer el consejo de ministros". La esencia de la noticia era la creación, mediante el decreto 750 del 25 de abril, de un novedoso tribunal especial, que tendría como fin la investigación de crímenes que pudieran ser calificados como "políticos". La que parecía ser tan solo una polémica dominical terminó convertida en el debate político de la semana y el puente del 1° de mayo cogió a los colombianos sin que pareciera clara la suerte que le esperaba al famoso tribunal.

LA PUJA VERBAL
Como en oportunidades anteriores, incluyendo la re-sanción del tratado de extradición por parte del presidente Barco a mediados de diciembre, y la mini-crisis ministerial de marzo, el gobierno utilizó la quietud del fin de semana para tomar la medida que crearía el polémico Tribunal Especial. Según el decreto 750, el Tribunal tiene como finalidad la investigación de los delitos contra la vida y la integridad personal "que causan una especial conmoción social, de modo tal que agravan la perturbación del orden público y dificultan su restablecimiento ".
Y será integrado por tres magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia, que tendrán todas las atribuciones que las normas vigentes contemplan en materia de instrucción criminal.
Aunque en ninguna parte se menciona el nombre de la Unión Patriótica, el decreto, como el huevo, "es blanco y gallina lo pone": se trata de la primera medida gubernamental concretamente encaminada a detener la ola de asesinatos cometidos contra miembros de la UP, que solamente en los cuatro primeros meses del año ascienden a 33. Eso, sin contar con el atentado de Barranca, que si bien no produjo muertos, sí causó un impacto nacional por su alevosía y sangre fría.
En este sentido, la expedición del decreto parecía más que justificada. Sin embargo, procesada la letra menuda de su articulado, comenzaron a salir los gallos.

LA DESTEMPLADA
El primero en lanzarse a la arena fue el ex candidato Alvaro Gómez. Tomando la redacción del artículo 2° del decreto, que justifica la creación del tribunal solamente para la investigación de delitos que "causen especial conmoción social", afirmó que con ello, el gobierno está discriminando entre asesinatos importantes y no importantes, dependiendo del grado de impacto que causen en la sociedad. "Lo que ha hecho el gobierno con el decreto 750 es fragmentar la justicia", dijo. "Es el reconocimiento de que la justicia no está sirviendo en Colombia, y que no se puede aplicar sino parcialmente".
Si este podía considerarse como el gallo político de la polémica, no tardaron en aparecer los gallos jurídicos. Especialistas en el tema comenzaron a desfilar por los medios de comunicación destrozando el decreto por razones de inconstitucionalidad, e incluso de ineficacia. Y el pliego de cargos es extenso.
En primer lugar, se asegura que el decreto 750 es inconstitucional porque por la vía del estado de sitio no se pueden crear tribunales especiales ni alterar sustancialmente el funcionamiento de los poderes del Estado.
En segundo lugar, porque la competencia de los funcionarios públicos siempre es reglada. Y no se puede, como en el caso del decreto 750, dejar al arbitrio de los magistrados del Tribunal Especial, o como dice el presidente Barco, "a su infinita sabiduría", la decisión de los casos en los que son o no competentes.
Además, los juristas afirman que la decisión de declarar turbado el orden público es eminentemente política, y no jurídica. Mal podría entonces, como lo hace el decreto, dejar en manos de funcionarios de la rama judicial tomar una decisión política como lo es la calificación de la perturbación del orden público, que la Constitución le atribuye directamente al Presidente de la República.
Se afirma también que el decreto elimina el principio de la doble instancia, al establecer que la Corte fallará en única instancia, lo que viola el principio del debido proceso al lesionar el derecho de defensa.
Pero además los juristas señalan que la redacción del decreto es torpe. El artículo 2° señala que para que un delito pueda ser investigado por el Tribunal, debe llenar tres requisitos: producir conmoción social, perturbar el orden público y además dificultar su restablecimiento. Según lo afirmó un experto a SEMANA, "es muy difícil que un mismo delito pueda llenar estas tres características. Pero al mismo tiempo son tan vagas, que hasta el caso del niño que cayó en una alcantarilla destapada podría calificar como investigable por el Tribunal".
Pero habría algo más: la posibilidad de que termine demostrando su ineficacia. Expertos aseguran que los tres magistrados del Tribunal tienen que asesorarse de jueces de instrucción para la investigación de los delitos. Pero si se ha creado un Tribunal Especial es precisamente por la inoperancia de esos mismos jueces de instrucción para esclarecer los delitos. Es decir, se trata apenas de un ente nuevo, que va a trabajar con una planta de personal vieja y unos recursos técnicos viejos, aunque eso sí, con más dinero entre el bolsillo y mayor espectacularidad.

LA CARA BUENA
Por encima de estas consideraciones de tipo jurídico, por el lado por el que más parecía convencer el decreto era por el político. Voceros de los distintos partidos parecían encontrarse en el mismo punto: la creación del Tribunal Especial era una medida necesaria que aunque cojeando, finalmente había llegado.
Uno de los más vehementes defensores del proyecto fue el presidente de la Dirección Liberal, Ernesto Samper. Consultado por SEMANA, afirmó que "el decreto 750 es el mecanismo institucional que ha escogido el gobierno para demostrar que no está siendo insensible ante los crímenes políticos".
Por su parte, el ex canciller Vásquez Carrizosa dijo que "aunque es cierto que el decreto ofrece reparos desde el punto de vista constitucional, lo esencial es que no podemos oponernos a una investigación extraordinaria para un tipo de crímenes también extraordinarios, como lo son la guerra sucia, el terrorismo y los grupos paramilitares". (Ver recuadro)
Y hasta algunos conservadores parecían estar de acuerdo. Según el senador Rodrigo Marín, "pese a sus imperfecciones técnicas, se trata de una decisión que busca rescatar, así sea insuficientemente, la eficacia de la administración de justicia, y en este sentido el propósito es plausible".
Animado por este apoyo político, el gobierno no se amilanó ante la avalancha de criticas jurídicas, y salió a defender el proyecto con la ayuda de toda su artillería. Fue el propio presidente Barco el que le respondió personalmente al ex candidato Alvaro Gómez, afirmando que sus críticas eran efectistas, y que no era cierto que existieran asesinatos de primera y de segunda mano. Y aunque trató de apoyar esta afirmación con un complicado juego de palabras sobre el asesinato del primer ministro sueco Olaf Palme que más parecía confirmar la tesis de que, efectivamente, había asesinatos más importantes que otros, concluyó que el gobierno se sostendría en la creación del Tribunal Especial. "La ciudadanía debe conocer a quienes se atribuye la autoría de los delitos que crean un mayor traumatismo social".
El ministro de Justicia también fue enfático en afirmar que la expedición del decreto 750 era un esfuerzo del gobierno para crear "un mecanismo jurídico de mayor operatividad, eficacia y rapidez".

LA AUTORIA INTELECTUAL
Que se pronunciara el ministro de Justicia en este sentido era lógico. Pero que con idéntica rapidez lo hiciera el ministro de Gobierno, era significativo. "El Tribunal Especial es una medida de emergencia para un país que vive una situación de emergencia", afirmó. El vigor con el que el ministro Cepeda metió su propia cuchara en la polémica, obedecía a una clara explicación. Porque quienes afirmaban que el decreto 750 tenía una evidente redacción "cepelina", estaban en lo cierto.
El decreto fue inspirado en el Ministerio de Gobierno y no en el de Justicia. De ahí que pareciera tan fuerte desde el punto de vista político pero tan débil desde el jurídico.
Según pudo establecerlo SEMANA, el proyecto del decreto fue consultado con asesores del Ministerio de Justicia, quienes dieron concepto en contra por considerar que contenía graves fallas de jurisdicción y de competencia. Y también con asesores externos, que lo objetaron por su inconstitucionalidad. Contra viento y marea el gobierno expidió el decreto. Lo que no tiene otra explicación que la de haber tratado de capitalizar los dividendos políticos que evidentemente produjo la medida, mientras que frente a las posibles objeciones jurídicas asumió una posición a lo Scarlet O'hara, en "Lo que el viento se llevó": "Mañana será otro día".
Según pudo establecerlo SEMANA, el gobierno planea salirle al paso a los virulentos ataques de los juristas, sometiendo el decreto a modificaciones sustanciales en cuanto a precisión y procedimientos, para lo cual ya está haciendo las primeras consultas. La idea es que esta medida del Tribunal Especial, que evidentemente llegó coja, pueda seguirse sosteniendo, así sea en muletas.

ITINERARIO DE LA GUERRA SUCIA
Desde el dos de diciembre de 1981 fecha en que se dio a conocer públicamente el surgimiento del primer grupo paramilitar, a hoy, es mucha la sangre que ha corrido.
El grupo Muerte a Secuestradores "MAS", se anunció ese día en Cali, cuando desde una avioneta se lanzó sobre el estadio, de esa ciudad, una lluvia de volantes con un comunicado de once puntos y cuatrocientas cincuenta palabras firmadas por el MAS. Los hinchas que se aprestaban a ver el partido América-Nacional fueron los primeros colombianos en enterarse de que un grupo de la mafia se había asociado para combatir el secuestro y que contaba con un capital de 44,6 millones los cuales serían invertidos en "recompensas, ejecuciones y equipo" y en la constitución de un cuerpo de acción conformado por 2.300 hombres, para llevar a cabo su cometido. La filosofía del grupo quedó luego explicada en un aviso de página aparecido en La Patria de Manizales y firmado por el entonces desconocido Carlos Lehder Rivas, en el que exaltaba la creación de una fuerza táctica antisecuestro, en donde participarían mercenarios extranjeros del Vietnam y Suráfrica y "grandes del F-2, guerreros del B-2, inteligencia del DAS, Halcones de la Fuerza Aérea y Tiburones de la Marina".
La primera acción del MAS vendría el 30 de diciembre de ese año cuando integrantes del MAS dejaron encadenada, a la puerta de entrada del periódico El Colombiano de Medellín, a Martha Elena Correa de Bernal, a quien acusaban, junto con su marido Luis Gabriel Bernal, de ser los cerebros del secuestro de Martha Nieves Ochoa hija del conocido ganadero y propietario de caballos de paso Fabio Ochoa.
Este episodio pareció finalizado cuando el 16 de febrero el M-19 dejó sana y salva a Martha Nieves Ochoa en la ciudad de Armenia. Sin embargo, dos años después, en el norte de Bogotá apareció asesinado Luis Gabriel Bernal.
Pero muy pronto el MAS comenzó a parecerse más a los grupos paramilitares surgidos en Centroamérica y otros países latinoamericanos, al enfilar baterías contra sindicalistas, dirigentes cívicos y populares, como fue el asesinato cometido y reivindicado por el MAS contra el sindicalista de Coltabaco, Luis Javier Cifuentes, quien fue torturado con ácido y ultimado de tres tiros en la cabeza.
De ahí en adelante la ola de asesinatos, desapariciones y amenazas no ha parado. Desde esa época son comunes las esquelas como la que recibió el senador y abogado comunista Humberto Criales de la Rosa, en el que le decían: "El MAS, después de analizar concienzudamente sus servicios prestados a elementos subversivos y secuestradores... decide presentar por anticipado al señor doctor Humberto Criales, su MAS sentida condolencia por su sensible y próxima desaparición", y aunque la dosis de humor negro que precedía los asesinatos ya no es la constante, hace ocho días al concejal de la UP en Girardot, Luis Eduardo Calderón, se le envió un anónimo amenazándolo de muerte e incluyéndole un cheque por 50 mil pesos para gastos del funeral.
"El MAS y otras organizaciones similares constituyen una red de crimen organizado, cuya existencia es tan temible como otras que la combaten", fueron las palabras que pronunció el 21 de agosto de 1982, el entonces presidente Belisario Betancur, el día en que fue asesinado el profesor de la Universidad Nacional Alberto Alava Montenegro, y quien era la quinta víctima de esta organización en solo quince días. Después de este pronunciamiento vendría la investigación que presentó el procurador general de la nación, Carlos Jiménez Gómez, el 6 de febrero de 1983, en donde en un primer informe hacía públicos los nombres de 163 personas supuestamente vinculadas al MAS, de las cuales 59 pertenecían a militares en servicio activo, lo cual sugería que aunque en casos aislados, las prácticas del MAS se habían extendido a las Fuerzas Armadas. La Justicia Penal Militar, encargada de juzgar a estos militares, los absolvio.
Y aunque en muchas ocasiones, se sigue vinculando a las Fuerzas Armadas en asesinatos y desapariciones, lo cierto es que, hasta el momento, solo hay un pliego de cargos abierto por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, contra tres capitanes y tres agentes de policía, presuntamente comprometidos con la desaparición de estudiantes de las universidades Nacional y Distrital, acusados del secuestro y asesinato de los niños Alvarez, hijos de José Jader Alvarez, en la actualidad preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Y la guerra sucia continúa a lo largo y ancho del país, al punto de que en seis años ya no hay un solo MAS sino 42 grupos que hacen justicia por su propia mano, entre los cuales se encuentran los "Tiznados", "Los Grillos", "Mano Negra", "Muerte a Pepos", "Terminator", "Juventud Inconforme de Cali", que en el Valle del Cauca, el año pasado, cometieron dos mil asesinatos, y por los que hay solamente 37 detenidos. Un sociólogo diría a SEMANA frente a este hecho: "La impunidad recrea la criminalidad".
Y de acuerdo con el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, las desapariciones en que se vincula a los paramilitares asciende a 112 personas de un total de 952 desaparecidos, y los asesinatos atribuidos a estos grupos son: en el año 1981, 71; en 1982, 266; en 1983, 433 en 1984, 310 y en el año de 1985, 425. Las estadísticas de 1986 y de este año, aunque todavía no están tabuladas, no son diferentes. El último de los casos sucedió el Jueves Santo, en Piedecuesta en donde se torturó y quemó vivo al joven de 17 años Mario Alexander Granados Plazas.