Un vecino incómodo

El presidente venezolano Hugo Chávez tiene una forma peculiar de comunicar sus ideas. En ocasiones suelta una ráfaga verbal. En otras lanza una frase, hace una breve pausa y después suelta otra oración a manera de estocada.

De unos meses para acá esta última técnica de comunicación es la que está usando para justificar su empatía con las Farc. Fue lo que hizo el viernes de la semana pasada después de que el gobierno colombiano llamara a consultas a su embajador en Caracas, Germán Bula, para evaluar el estado de las relaciones entre los dos países. La Cancillería colombiana protestaba así por el manejo dado a un seminario titulado: ‘El Plan Colombia y sus alcances en América Latina, el Caribe y Venezuela’, al que fueron invitados, sin conocimiento del representante colombiano, varios miembros de la guerrilla colombiana. “Esos no eran miembros de las Farc”, explicó Chávez. “Son delegados que van por todo el mundo”, agregó. Luego de la pausa dijo en forma categórica: “Además aquí nosotros podemos hacer lo que queramos y no vamos a permitir que nos impongan a quién invitamos para analizar el plan X, Y o Z”.

A principios del año Chávez había actuado de manera similar cuando el gobierno colombiano le advirtió los riesgos que implicaba una visita suya a la zona de distensión para atender una invitación de Manuel Marulanda Vélez. “A la primera persona que llamé para comunicarle eso, y lo hice con alegría, fue al presidente Pastrana. Le dije: Presidente, acabo de recibir una invitación de las Farc, estoy dispuesto a ir con usted. Vamos los dos. Quiero ayudarle”, contó Chávez en esa ocasión. Dijo que ante la negativa de Pastrana descartaba la cita. Pero después de su pausa habitual añadió que la cumbre podía realizarse en Venezuela. “¿Porque quién puede pretender que yo pueda pedir permiso para hacerlo aquí?”.

Más allá de la cuestión de lenguaje, detrás de esta retórica rebuscada, las relaciones entre los dos países atraviesan un “momento verdaderamente delicado”, según la expresión usada por una fuente de la Cancillería colombiana.

Lo que causó indignación en el gobierno nacional no fue el simposio en sí sino las circunstancias que rodearon la participación colombiana. El evento se realizó el martes y el miércoles de la semana pasada, organizado por la sección venezolana del Parlamento Latinoamericano, y las Farc fueron representadas por Olga Marín, hija de Marulanda Vélez y esposa de Raúl Reyes, es decir, una persona íntimamente ligada a los dos hombres más influyentes en el movimiento insurgente.

Lo malo es que al simposio había sido invitado el gobierno colombiano en representación del embajador Bula, quien hasta el martes pensó asistir. “Se le había dado el visto bueno porque considerábamos que era un escenario importante para que Colombia presentara un informe sobre las verdaderas consecuencias del Plan”, dijo un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá.

Sólo que nadie le había contado al diplomático que la cosa era con las Farc. La sorpresa de Bula fue mayúscula cuando al mirar el programa se dio cuenta de que, previa a la clausura, un “representante de las Farc” hablaría en medio de la participación de destacados delegados académicos de Venezuela. “Hubo una actividad explícita de ocultamiento de la presencia de las Farc”, dijo Bula, quien de inmediato llamó a Bogotá para informar lo sucedido.

La indignación recorrió los pasillos del Palacio de San Carlos. El canciller, Guillermo Fernández de Soto, llamó a Caracas y le pidió a su representante no asistir al seminario. Allá deberían saber de una vez por todas, argumentó el Ministro, que la política de paz es un asunto interno de Colombia y ésta es manejada en exclusividad por el Presidente y el alto comisionado para el tema, Camilo Gómez.

Pastrana, al ser informado del asunto, también se mostró preocupado porque este es un nuevo intento de poner en el mismo nivel al Estado colombiano y a un movimiento insurgente. Pero en Caracas la respuesta fue la misma que se ha esgrimido en otras ocasiones: “Los parlamentarios tienen derecho a reunirse con quien quieran, eso no es un asunto de nuestro presidente”, fue lo que se transmitió desde el Palacio de Miraflores.

Esa explicación es una nueva expresión de la forma evasiva como se está manejando el tema de las relaciones de las Farc con el gobierno de Chávez. Es habitual que se diga que el presidente no actúa por capricho sino que el asunto en cuestión se enmarca dentro de “la reunión de la Opep”, o “de la visita del presidente a La Habana” o “de una reunión privada con empresarios españoles en Madrid”. “No son simples coincidencias, eso es una estrategia”, señaló una fuente de la Cancillería colombiana.

Hay otro hecho de gravedad: mientras Caracas habla con las Farc, sirve de escenario para atacar al Plan Colombia y da albergue a guerrilleros del ELN, las relaciones por los canales normales cada vez se deterioran más. Para citar varios casos: oficialmente no se han vuelto a reunir las comisiones Negociadora, de Vecindad ni la Policial y Militar y además se le canceló a última hora un viaje al general Fernando Tapias cuando ya tenía la maleta lista. Es natural que la suspensión de estas citas y el desplante al alto oficial haya producido un profundo malestar en Bogotá.

Por si esto fuera poco, la semana pasada los medios de comunicación en Venezuela destacaron la coincidencia de pensamiento entre los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y ese país, reunidos en París, al criticar el Plan Colombia. Y aunque si bien es cierto que el jefe de la diplomacia francesa dijo que “hemos constatado nuestras convergencias” el gobierno galo le explicó al colombiano que en esa cita ellos dejaron en claro que apoyaban el componente social pero que en relación con el Plan lo consideraban un asunto interno de Colombia.

Sin embargo el canciller venezolano, José Vicente Rangel, fue más allá y dijo que “Venezuela está totalmente identificado con la posición de la Unión Europea sobre el Plan Colombia y estamos en desacuerdo con la versión norteamericana” y que “aparte del riesgo del incremento de la violencia interna existe para los vecinos el riesgo de los desplazados, que puede acentuarse en la medida en que se agrave el problema de la violencia”.

La idea de Rangel fue, curiosamente, casi la misma que por su parte explicaba Olga Marín en el seminario de Caracas: “De aplicarse el Plan Colombia se va a incrementar el desplazamiento interno de millones de compatriotas. De miles y miles al exterior”.

El gobierno colombiano sintió que la cuerda se había tensado más de la cuenta y decidió reaccionar con el procedimiento habitual para expresar, en el lenguaje diplomático, la protesta por una actitud considerada molesta e inamistosa: llamar a consultas a su embajador.

Todo esto significa que las relaciones no andan bien. Una situación que, por supuesto, preocupa enormemente a Colombia porque se trata de “un vecino valioso, uno de nuestros hermanos”, tal como lo calificó un vocero de la Cancillería quien, sin embargo, explicó que pese al afecto “por ahora es más importante resolver nuestros graves problemas internos entre colombianos y sin la injerencia de alguien que quiera sacar provecho personal”.

En palabras menos diplomáticas, eso quiere decir que al gobierno colombiano le preocupa que Chávez intente proyectar su influencia en el territorio colombiano mediante contactos con uno de los actores del conflicto que vive el país. En Bogotá se mira con gran desconfianza la coincidencia entre la retórica bolivariana de las Farc y la doctrina fundamental del presidente venezolano.