Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2015/09/12 15:11

Vecinos irán hasta "las últimas consecuencias" para evitar bicicarril

Las comunidades de Pasadena, Batán y Alhambra radicaron este jueves una acción popular que busca suspender el proyecto.

Una ciclorruta desea construirse sobre la Carrera 50 en el norte de Bogotá y los residentes dicen que no cuenta con espacio suficiente. En la foto, la ciclorruta de la Carrera 19 al norte de la capital. Foto: Archivo Particular

Ciclovías y ciclorrutas se han convertido para muchos bogotanos en la mejor alternativa de movilidad y se calcula que 760.000 personas las usan a diario.

Desde que llegó a la administración el alcalde Gustavo Petro se ha implementado, no obstante, una nueva modalidad vial mucho más económica: los ciclocarriles, exclusivos para ciclistas. En enero del 2016 se espera que la ciudad tenga al menos 108 kilómetros de bicicarriles, sumándose a los 398 ya existentes.

La puesta en marcha de este sistema, sin embargo, no está exenta de contradictores que lo ven como una forma de entorpecer el tráfico.

Los habitantes de los barrios Pasadena y Batán (norte de Bogotá) reclaman no haber sido consultados por las autoridades para hacer la obra en ese sector e interpusieron una acción popular para echarla atrás.

El caso

Un contrato suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unión Temporal Alianza Bicicarriles pretende hacer una ciclorruta sobre la carrera 50 entre calles 100 y 127. Las demarcaciones ya fueron hechas a pesar de la oposición de los residentes.

Los habitantes dicen que la carrera 50 es una vía ya bastante confluida y estrecha como para restringirla aún más. “Buscan quitar 2.5 metros de una vía de 7 metros por donde pasan no solo vehículos particulares sino también buses y camiones de carga”, señaló Adriana Gallego, vocera de la comunidad Pasadena.

Uno de los reclamos es que no ha habido suficiente información. La vicepresidente de la Junta Acción Comunal del barrio Batán, Olga Vásquez, sostiene que mientras el contrato fue suscrito en diciembre de 2014, su comunidad no tuvo noticia de ello sino hasta fines de julio de 2015.

En un oficio de la Secretaría de Movilidad se ve que el contrato fue suscrito el 24 de diciembre de 2014 y socializado con la comunidad de Pasadena el 9 de marzo de 2015. (Contrato No. 1863 de 2014) (Oficio de Movilidad)

El Concejal Javier Palacios cuestionó que lo que se hizo en la parroquia de San Ambrosio donde la comunidad se enteró de la obra, “no fue siquiera una socialización sino una reunión informativa donde se tomaron las firmas de asistencia como una aceptación de la comunidad para que se realice la obra", explicó a Semana.com.

La indignación de la comunidad llamó la atención del concejal y el 12 de agosto radicó ante el Contralor Distrital, Diego Ardila, un derecho de petición en nombre de la comunidad para que se suspenda el contrato. En el documento se explica que la carrera 50 no cuenta con espacio suficiente para una intervención de tal característica y que “perjudicaría la calidad de vida de 5.000 familias en el proceso”. (Derecho de petición)

Los residentes del sector –dice Gallego– se verían más perjudicados que los de cualquier otro: “el 80% de la comunidad es anciana y usa la carrera 50 como vía residencial porque no hay andenes por donde caminar y los pocos que hay presentan un relieve escabroso”.

Sobre la carrera 50 entre calles 100 y 127 hay al menos tres ancianatos. La acción popular solicita al juzgado suspender la obra mientras se evalúa el terreno y concierta con la comunidad. (Acción Popular)

En una reunión del 9 de septiembre, la comunidad dijo haber propuesto a la Secretaría de Movilidad hacer la ciclorruta con mejor planificación: sobre el costado sur de la calle 127 entre carreras 19 y 55 (Ave. Córdoba). El concejal Palacios, a su turno, llama a la administración distrital a crear una mesa de trabajo con la comunidad de los barrios afectados. (Comunicado de Prensa del Concejal)

Reacciones

Líderes de la comunidad se reunieron el 4 y el 9 de septiembre con la Secretaría de Movilidad, quien “no hace sino pintarnos todo color de rosa”, indicó Adriana Gallego, agregando que “hasta nos ofrecieron adornar la obra con lo que nosotros queramos a fin de llevarla a cabo”.

Olga Vásquez sostuvo que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) les ha dicho que "tenemos intereses personales para convertir la vía en un parqueadero y que por eso nos oponemos, lo cual no es verdadero”.

Sobre el tema Fernando Rojas Parra, experto en transformación urbana de la Universidad del Rosario y profesor en política pública de la Universidad Javeriana, consideró que si bien la secretaria de Movilidad María Constanza García se ha mostrado “muy autoritaria”, la protesta de la comunidad también debería ser menos radical.

Para promover el uso de la bicicleta “no tenemos por qué agarrar a garrotazos a la comunidad”, señaló Rojas.

“Para ella, si uno no aprueba el bicicarril, entonces es enemigo de la bicicleta y la comunidad solo propone hacer la obra en un terreno propicio donde la movilidad de los residentes no se perjudique a expensas de la de los ciclistas”, indicó Rojas, también politólogo de la Universidad de Paraná (Brasil).

Contienda

Tras varias reuniones con Secretaría de Movilidad y sin una conciliación a la vista, los líderes del sector decidieron irán “hasta las últimas consecuencias” para impedir la construcción del bicicarril.

De ahí la acción popular radicada este jueves ante el juzgado 27 administrativo de Bogotá. La acción fue redactada por el abogado Camilo Araque, un contratista para litigios de alto impacto que en 2013 fungió de piedra en el camino contra el Ministerio de Minas en su pretensión por fijar los precios de la gasolina.

Semana.com intentó comunicarse con Movilidad en repetidas ocasiones para conocer su posición al respecto, más no obtuvo respuesta.

El caso de la Zona G

La Zona G es otro ejemplo de intervención urbana no concertado por las autoridades con la comunidad. Desde que la Alcaldía de Chapinero hiciera pública (2012) su intervención en la Zona G, la comunidad y su vocero –Camilo Reales– opusieron férrea resistencia.

Desde entonces han venido poniéndole a la alcaldía piedra tras piedra en el camino: entablaron una acción popular el primero de julio de este año y la solicitud de un concepto técnico ante la Veeduría Distrital. Tanto la Veeduría como el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá contestaron favorablemente para la comunidad.

El 14 de agosto el juzgado ordenó a la Alcaldía a abstenerse de intervenir en el sector en tanto un fallo judicial no se produzca y el veedor distrital advirtió inconsistencias en los informes del proyecto; entre ellas, sobrecostos carentes de sustento. (Concepto técnico de Veeduría Distrital).

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