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| 2/12/2006 12:00:00 AM

Una decisión pragmática

Aunque Colombia es un defensor del asilo, los argumentos para negárselo a seis golpistas venezolanos eran más sólidos que las razones para concedérselo.

El gobierno Uribe acaba de negar una solicitud de asilo de seis oficiales venezolanos que se consideran perseguidos por el gobierno de Hugo Chávez. El ex ministro Fernando Londoño y su ex viceministro Rafael Nieto consideran que el país abandonó una de sus más serias y arraigadas tradiciones de la política internacional. Los argumentos son sólidos, en apariencia. Colombia ha sido un abanderado de las concepciones más radicales que favorecen el asilo. Forma parte de todos los tratados internacionales que lo regulan, y la propia Constitución contiene normas que lo hacen obligatorio. En los años 50, Colombia y Perú tuvieron un largo conflicto ante la Corte Internacional de Justicia, cuando el principal líder del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, permaneció durante años en la embajada de Colombia, situada en la avenida Arequipa de Lima. Y más recientemente ha mantenido controvertidos asilos al ex presidente peruano Alan García y al ex director de Fedecámaras en Venezuela, Pedro Carmona, líder del intento de derrocamiento de Chávez el 11 de abril de 2002. También parece contradictorio que Colombia mantenga en calidad de asilado a Carmona, el empresario que encabezó la protesta que culminó con el golpe, y ahora se lo niegue a seis oficiales -Jael Contreras Rangel, Silvino José Bustillos Quintana, José Benjamín Rodríguez Iturbe, Héctor Ramírez Pérez, Édgar Edmundo Morillo González y Pedro Antonio Pereira Olivares- que participaron en el mismo proceso. Más curioso aun es que, en forma casi simultánea, la Cancillería de San Carlos asiló al ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, quien también se considera perseguido por su sucesor, Alfredo Palacio. El tema no ha recibido un gran debate. Sin embargo, la decisión del gobierno Uribe tiene explicaciones, tanto desde el punto de vista jurídico, como de conveniencia política, que no se pueden desconocer. Entre los últimos figura la necesidad de preservar espacios de comunicación con el régimen de Chávez. En más de una ocasión, el mandatario venezolano ha hecho alusiones públicas en su espacio dominical Aló Presidente sobre su inconformidad con el hecho de que Colombia mantenga protegido a Carmona. Una decisión diferente en el caso de los seis militares habría tenido un efecto muy negativo sobre las relaciones, que ya tienen suficientes problemas. Los argumentos no son sólo de conveniencia política. La manera como se han utilizado los tratados y normas internacionales que regulan el asilo y el refugio político marca diferencias entre los militares y los civiles. Y establece que los protegidos en un país no pueden participar en actividades dirigidas a conspirar contra el gobierno de su nación de origen. La polarización que existe actualmente en Venezuela podría generar percepciones, reales o imaginarias, de que Colombia -si hubiera refugiado a los golpistas venezolanos- se podría convertir en una cabeza de playa para atentar contra Chávez. Una imagen que sentaría un precedente peligroso ante eventuales solicitudes semejantes de guerrilleros colombianos en otros países. El asilo, además, es una figura humanitaria: un antídoto contra la persecución de una persona por razón de su opinión política. Y la decisión de la Cancillería, al otorgarles visas especiales a los oficiales venezolanos, que les permite trabajar o desplazarse a un tercer país, asegura que no caerán en las 'garras' de Chávez. ¿Renunció Colombia a su defensa del asilo? No es fácil responder en forma afirmativa este interrogante, cuando el gobierno acaba de otorgarle esa prerrogativa a Lucio Gutiérrez. Las normas sobre la materia establecen que el Estado que recibe una solicitud de protección no tiene la obligación, sino la potestad, de otorgarlo. Otra cosa es que estos casos, desde Haya de la Torre hasta Alan García, más allá de si se conceden o se niegan, siempre son altamente espinosos. Asuntos de alta política.
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