Una dura conciliación para Petro

La emergencia sanitaria que vivió un sector del sur de Bogotá el 26 de septiembre de 1997 por el deslizamiento de más de un millón de toneladas de basura en el relleno sanitario de Doña Juana, no tiene precedentes. Fue por eso que el Consejo de Estado hizo responsable a la ciudad por la contaminación que afectó 15 hectáreas de terrenos aledaños, así como parte de la cuenca del río Tunjuelo.

En su momento la representación de cerca de 2.000 personas afectadas estuvo en manos del exsecretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla, quien terminó destituido e Inhabilitado por la Procuraduría por no haber renunciado a esa representación cuando ocupó un cargo público.

Las víctimas de ese hecho ganaron al Distrito una indemnización cercana a los 227.000 millones de pesos por una “clara vulneración de los derechos fundamentales”. Pero el alcalde Gustavo Petro no estaba dispuesto a darse por vencido. Solicitó al Consejo de Estado un incidente de impacto fiscal, es decir, le dijo a la alta corporación no que tenía fondos para pagar la deuda.

Ahora el Consejo de Estado aceptó el incidente fiscal y les solicitó a las familias afectadas notificarse del proceso que se inicia para estudiar la posibilidad de graduar el pago de la multimillonaria condena.

Según el auto de aceptación del incidente los demandantes y demandados tendrán 15 días para presentarse y formar parte del proceso que se inició por petición de la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría acogió la petición del alcalde y solicitó “el trámite del incidente señalando que el pago de la condena implicaba para el ente territorial un esfuerzo adicional significativo para conseguir recursos que no se tenían previstos, ni en la estrategia financiera del plan de desarrollo ni en el marco fiscal de mediano plazo 2013 – 2023, además de un recorte en las inversiones programadas en el plan de desarrollo Bogotá Humana”, precisa el documento conocido por Semana.com.
 
Falta ver si en esa audiencia de conciliación en el Consejo de Estado los demandantes acogen alguna la propuesta económica que les haga el Distrito. Si no es muy probable que el Distrito se vea en la obligación de pagar en su totalidad la millonaria suma o se enfrente a estas familias en un nuevo proceso.