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| 9/23/1985 12:00:00 AM

UNA GUERRA SUCIA

Pese a las investigaciones exhaustivas, continúan las denuncias sobre torturas y desapariciones

UNA GUERRA SUCIA UNA GUERRA SUCIA
La polémica abierta por el fallo del Consejo de Estado sobre torturas a los detenidos en tiempos del presidente Turbay Ayala ha venido diluyéndose poco a poco. Se ha deshilachado en argumentos que al parecer tienen poco que ver con el asunto: si la señora López de Roldán sufría en su matrimonio, si existe una campaña de desprestigio dirigida contra las Fuerzas Armadas, o personalmente contra el Ministro de Defensa, general Vega Uribe, quien tras declarar que él "no se dejaba tumbar por ese caballo", acaba de ser mantenido en su cargo por el presidente Betancur en la última crisis ministerial.
Se le dio nuevamente la razón al comentario desenfadado del presidente Turbay hace seis años: "una tempestad en la que no cae rayo".
Esta semana, sin embargo, se presentaron algunos datos nuevos: si no rayos, al menos relámpagos de sequia que indican que el problema sigue vivo. Y coleando, puesto que se siguen denunciando casos de torturados y desaparecidos a manos de las autoridades militares y de policía Amnistía Internacional entregó un informe al respecto al ministro de Gobierno, Jaime Castro, quien le dio traslado al Procurador pidiéndole que nombrara un investigador especial. Y en foro organizado el martes pasado en la Universidad Nacional, bajo el lema "por el respeto a la vida" y con motivo del tercer aniversario del asesinato del profesor Alberto Alava Montenegro, el abogado Eduardo Umaña Mendoza hizo públicos algunos documentos oficiales sobre casos de desapariciones y torturas.
El más célebre, y el más antiguo, es el de la bacterióloga Omaira Montoya, que se remonta a septiembre de 1977, cuando fue detenida por el F-2 de la policía en compañía de Mauricio Trujillo. Este sería juzgado más tarde en consejo verbal de guerra; pero Omaira Montoya desapareció, y las autoridades negaron siempre, durante años, que hubiera sido detenida.
Sólo ahora viene a conocerse un fallo de 28 páginas de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, fechado el 4 de noviembre de 1982, en el que se reconoce su detención, se es tablece su desaparición, y se señala como responsables a varios agentes y un oficial de la Policía. (Ver recuadro).
Umaña Mendoza presentó también documentos sobre casos más recientes: el de Oscar Dávila, dirigente sindical detenido, torturado y asesinado en Jamundí por varios agentes de la policía en agosto de 1982, y el de Marco Zambrano, detenido en Cali en febrero de 1980 y ahogado por sus interrogadores militares en la piscina de oficiales del Batallón Pichincha.
(Ver recuadro).
Podrá decirse, pues, que "la justicia militar cojea, pero llega". Como señala a SEMANA el general Nelson Mejía Henao, procurador delegado para las Fuerzas Militares, "estamos en una guerra sucia desde hace treinta y cinco años, y hay gente mala, porque éste no es un país de ángeles. Pero estén seguros de que la institución militar no tapa ni esconde abusos o extralimitaciones: si lo hiciera, se acabaría. Cometemos errores, es indudable, pero somos implacables con los culpables: los castigamos".
No demasiado severamente, sin embargo. Para los responsables de la desaparición de Omaira Montoya, por ejemplo, la Procuraduría declara ya prescrita toda acción disciplinaria, y a su jefe, el teniente Luis Eduardo García, se limita a multarlo con quince días de sueldo. Y en el caso de Marco Zambrano, los homicidas comprobados reciben, sin embargo, "libertad definitiva e incondicional" porque ya habían sido absueltos por dos consejos verbales de guerra sucesivos, en 1982, y tal fallo es "de forzosa aceptación",de acuerdo con el artículo 587 del Código Penal Militar.
Cuando por fin caen, los rayos previstos por el ex presidente Turbay ya ni siquiera truenan.
Y, como es propio de los rayos, no caen nunca dos veces en el mismo sitio. Como declaraba a la prensa en días Dasados el Dresidente del Tribunal Superior Militar, teniente coronel Jorge Humberto Barrios Garzón, no es necesario adelantar nuevas investigaciones sobre casos viejos (el de Olga López de Roldán, por ejemplo).
"por cuanto no existe mérito para ello, puesto que en su oportunidad los funcionarios y corporaciones competentes, entre ellos el propio Tribunal Militar, hicieron pronunciamiento en el sentido de que dichos excesos no tuvieron lugar".
Así las cosas, no parece muy probable que los casos de los 379 desaparecidos entre enero de 1981 y julio de 1985 vayan a aclararse fácilmenle. Se integrarán nuevas comisiones, tal como informan los periódicos: "se estima que el jefe del Ministerio Público nombrará una comisión especial, tal como lo hizo en anterior oportunidad, para que se encargue de aleriguar sobre el paradero de las personas que menciona el informe de Amnistía Internacional". Y cabe recordar que el Procurador tiene el informe de la comisión anterior desde agosto del año pasado, pero no lo ha dado a conocer todavía. Entre tanto, se siguen presentando casos: el más reciente boletín del Comité de Derechos Humanos menciona nueve detenidos muertos y dos desaparecidos por cuenta de militares y policías (sin incluir los casos de grupos paramilitares) en los últimos noventa días. Y todos los jueves, puntualmente, los familiares de desaparecidos desfilan por la carrera octava ante las ventanas cerradas del Palacio presidencial. --
CASO JUZGADO
A continuación publicamos extractos de algunos de los documentos oficiales sobre desaparecidos, presentados en el Foro de la Universidad Nacional por el abogado Eduardo Umana Mendoza. Se trata defallos de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional y del Tribunal Superior Militar.
Caso Omaira Montoya
Consideraciones de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional: "(...) Las razones anotadas permiten llegar a la conclusión de que la señorita Omaira Montoya Henao sí fue capturada por unidades de la Policía Nacional el 9 de septiembre de 1977 y no se volvió a tener noticia de ella, o sea que desapareció desde esa fecha. Por este motivo se dispuso formular cargos a qulenes se consideraron ejecutores o partícipes de su captura para que dieran las explicaciones pertinentes"(...) (La Procuraduría...) Resuelve: Primero: Solicitar la destitución del Cabo Primero, hoy Sargento Segundo, Pablo Emigdio Rodríguez Rojas (...) solicitar la destitución del Cabo Primero (r) Antonio Facundo del Río Jiménez (...) solicitar la destitución del Agente Juan David Morales Acosta (...) solicitar la destitución del Agente (r) Alfonso Santamaría Coneo (...) sancionar al Teniente Luis Eduardo Carcía Osorio (...) con multa equivalente al valor de quince días de sueldo... ". (Firmado) Miguel Sánchez Méndez, Procurador Delegado Policía Nacional.
Caso Marco Zambrano
Hechos: (Admitidos por el Tribunal Superior Militar) "(...) después de adelantar el interrogatorio al detenido Zambrano Torres, sin lograr obtener la confesión de éste en relación con su participación en la tentativa de un secuestro de la señora Raquel de Pinski, lo condujeron a la piscina del casino de Oficiales del Batallón Pichincha, en donde lo sumergieron en el agua en varias oportunidades, habiéndose producido el deceso de Zambrano Torres, por ahogamiento.
Considerando: (...) No obstante que la autoría material del delito de homicidio investigado se comprobó plenamente en cabeza de los procesados Norberto Plata Sánchez (Subteniente del Ejército) y José Rodrigo Hernández Cranados (Sargento Viceprimero)...Resuelve: (...) confirmar en todas sus partes la sentencia del 15 de abril de 1982 por medio de la cual el presidente del Consejo de Guerra Verbal acogió los veredictos negativos de responsabilidad emitidos por los vocales y como consecuencia absolvió (a los dos procesados). (Firmado) General José Conzalo Forero D., Comandante General Fuerzas Militares, presidente del Tribunal Superior Militar (y tres Magistrados del Tribunal).
Caso Oscar Dávila
Comunicación de la Procuraduría De legada de la Policía Nacional a la señora Ana Lucía Dávila: (...) mediante providencia de Junio 20 próximo pasado se confirmó la providencia de marzo 6 del presente año por medio de la cual se sancionó al Sargento Segundo Mario de Jesús Ruiz Durán y, los agentes Demetrio Millán Cruz Angel María Parra Zúñiga y Luis Norberto Gil Cano con solicitud de destitución de la Policía Nacional por la detención, torturas y muerte de Oscar Dávila. (Firmado) Martha Llorente de García (secretaria de la Procuraduría Delegada).--

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