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| 6/7/2008 12:00:00 AM

Una ley inteligente

Un proyecto de ley revolucionaría la actividad de la inteligencia: protege a los agentes secretos, castiga las filtraciones y prohibe las 'chuzadas' indiscriminadas.

Si el Congreso sale del marasmo en el que se encuentra, en los próximos días se podría aprobar en el Senado una de las leyes más importantes para la seguridad nacional. Se trata de un proyecto que regula las actividades de la inteligencia militar y policial.

La inteligencia ha sido asociada en muchas ocasiones con abusos a los derechos humanos. Y no por imaginación. Denuncias hechas por víctimas de torturas, cuentos de horror contados por ex agentes de inteligencia, y decenas de denuncias y sanciones que ha recibido el Estado colombiano por estos abusos, demuestran que hubo mucho de eso. Nombres como el Batallón Charry Solano, la Brigada 20, el F2, o las caballerizas de Usaquén han sido asociados más a la persecución arbitraria que a la defensa de la seguridad.

No obstante, la inteligencia ha cambiado de manera vertiginosa desde mediados de los años 90. Los medios tecnológicos han hecho más fácil seguir y recopilar información, y la cultura de los derechos humanos le ha puesto talanqueras a los abusos. Pero de todas maneras existía un vacío legal acerca de esta actividad.

"La ley busca proteger a los agentes y la información de inteligencia, y en eso se reconoce que esta es una actividad fundamental para la seguridad nacional diferente a la investigación judicial. La ley también busca proteger a los ciudadanos que se ven afectados por estas actividades", dice el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo.

El proyecto tiene muchas cosas novedosas, pero quizá la más nueva de todas es que se creará una comisión parlamentaria que le haga control político a la inteligencia y la contrainteligencia. Esto quiere decir que existirá, como ocurre en casi todos los países democráticos, una instancia civil, e independiente del gobierno, que conozca del tema.

La propuesta de ley también da un marco a las actividades de inteligencia, vinculadas a la preservación de la seguridad y la democracia, y proscribe cualquier posibilidad de recolectar, procesar o difundir información de inteligencia por razones políticas, ideológicas, de raza, nacionalidad o género. Es decir que será mucho más difícil 'chuzar' a los opositores, a las ONG, periodistas, si éstas no están fundamentadas en indicios serios de que se estan cometiendo delitos. Bajo la ley sería impensable que se escuchen conversaciones telefónicas como la que se filtró el año pasado entre Carlos Gaviria y la periodista Claudia Gurisatti.

El proyecto también aumenta los rigores y controles internos para hacer este tipo de procedimientos. Cuando el año pasado estalló la crisis de las 'chuzadas' y el gobierno admitió que en los niveles altos no se conocía a quién y con qué objetivo se estaba espiando, quedó en evidencia que no hay suficiente claridad sobre quién da las órdenes y responde por los posibles errores que se cometan en esta materia. Lo mismo ocurrió con los llamados falsos positivos de Bogotá, que dieron con la captura de 'Jéssica', una guerrillera que supuestamente era agente doble, de las Farc y de la inteligencia. Los agentes involucrados alegaron que se trataba de operaciones de inteligencia, pero nunca pudieron explicar quién las había ordenado.

Quizá el tema más difícil y controvertido que contempla la ley propuesta tiene que ver con la protección de la información de inteligencia. Por un lado, se endurecen las penas para todos aquellos que filtren inteligencia, se eleva el tiempo de reserva de esta información, pero así mismo se reconoce que se debe reglamentar la actualización y depuración de estos archivos para contribuir a la memoria histórica cuando esto sea necesario. En casos como el del Palacio de Justicia, que actualmente está reabierto por la Fiscalía, por ejemplo, no se han logrado establecer varios hechos porque los archivos de inteligencia fueron quemados arbitrariamente cuando el batallón donde estaban guardados cambió de sede. Eso, de aprobarse el proyecto, no debería volver a pasar porque la sociedad tiene derecho a saber qué pasó. La discusión, especialmente con los senadores del Polo Democrático, es cuánto tiempo debe durar la reserva. El proyecto de ley establece que sean 40 años, la ley de archivos dice que 30, y los del Polo piden que sean sólo 20 años.

También hay casos de líderes sociales que aparecen en listas de inteligencia de las que no pueden salir por años. Sobre el tema se ha pronunciado en varias ocasiones la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Especialmente porque algunas de estas listas han terminado en manos de grupos ilegales, que han asesinado a muchos de quienes allí aparecen, como ocurrió en Barranquilla cuando las AUC mataron a varios sindicalistas y al profesor Alfredo Correa de Andreis, que estaban siendo investigados por el DAS.

Por último, un aspecto crucial del proyecto es la protección a los agentes que trabajan en inteligencia. Detrás del mito de que son una especie de James Bond, con licencia para matar, muchas veces tienen verdaderas historias de heroísmo y sacrificio. Las personas que hacen carrera en inteligencia generalmente trabajan en el anonimato -nunca reciben una medalla-, en condiciones de riesgo extremo -si son detectados por el enemigo suelen ser torturados con crueldad-, y con una cuota de sacrificio personal difícil de creer -llevan una doble vida en muchos casos-. Como si fuera poco, están expuestos judicialmente, sus familias desprotegidas, y su propia integridad en riesgo más de lo debido. La ley propuesta haría legal la doble identidad, les brindaría el estímulo del ascenso, y lo que es más importante: les daría protección jurídica. Por un lado, les prohíbe declarar ante los tribunales sobre lo que vieron, escucharon o conocieron durante sus trabajos de inteligencia. Y por el otro, los protege para no ser detenidos cuando están infiltrados en grupos armados, como ha ocurrido en varias ocasiones.

Pero la contracara de los buenos propósitos de la ley son las críticas que le han hecho algunas ONG. Es el caso de la Comisión Colombiana de Juristas que ha expresado varias críticas. La primera es que la ley debe ser estatutaria porque afecta derechos fundamentales -como la intimidad- y que en ese sentido debería ser revisada por la Corte Constitucional. Este aspecto puede tomar fuerza y hacer que el proyecto que actualmente se discute no pase de la plenaria o que sea demandada más adelante.

También critican aspectos puntuales de la ley como el hecho de que los agentes no puedan declarar sobre lo que conocieron en sus actividades de inteligencia, pues consideran que eso abre la puerta a la impunidad de posibles crímenes cometidos en el contexto de estas actividades. La Comisión de Juristas también cree que se viola el Habeas Data porque la ley establece la obligación de las empresas privadas de teléfonos a entregar listados y datos de sus abonados, algo que en países como el Reino Unido, sólo puede conseguirse con autorización de un juez y con fines judiciales.

A pesar de las críticas, el proyecto tiene el respaldo de sectores uribistas, y también del Partido Liberal. Sin embargo, ahora la posible ley se enfrenta al marasmo en el que está el Congreso y que ha dejado en vilo temas de gran importancia para el país.

La inteligencia se ha convertido en la médula espinal de las operaciones militares y policiales que han permitido golpear estratégicamente a las Farc -la desmovilización de 'Karina' y varios bombardeos como el de 'Raúl Reyes'- así como desarticular varias de las bandas paramilitares, incluidos sus jefes que fueron extraditados. Por eso sería una irresponsabilidad de los legisladores dejarla en el tintero cuando más se necesita.
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