Una locura

Después de meses de rehusarse a hablar a favor de la reelección en público, el presidente Álvaro Uribe y su gobierno cambiaron de chip: no cesan de destacar las bondades de ese mecanismo. Tanto, que quieren implementarlo masivamente. "Creo que es lógico que si hay reelección presidencial, debe haber reelección de alcaldes y gobernadores", dijo el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.

El entusiasmo no sólo es del Ministro. El Presidente, durante una cumbre de alcaldes en Barranquilla en diciembre, propuso que los mandatarios locales deberían quedarse por lo menos 12 años. "Las buenas políticas y los buenos gobernantes necesitan continuidad, y si el gobernante es malo, pues el pueblo lo castigará en las urnas". Sus palabras recibieron un atronador aplauso de los asistentes, obviamente.

Dado ese respaldo de los interesados (y eventualmente beneficiados), el gobierno decidió presentar al Congreso que arranca el 16 de marzo, una reforma constitucional que, de ser aprobada, les permitiría a los mandatarios locales gobernar hasta el fin de los tiempos o casi, según se desprende de otra declaración de Valencia: "En Europa hay alcaldes que duran hasta 25 y 30 años porque la gente ve que hay un plan de desarrollo que se está ejecutando y eso evita la politización de la administración".

Aunque Valencia ha repetido hasta la saciedad que la iniciativa sólo busca darles los mismos derechos a los gobernadores y alcaldes que tiene el Presidente nadie le ha comido el cuento. Ha sido interpretado, en cambio, como una medida para abrirle campo a la segunda reelección de Álvaro Uribe por analogía. Y también como una sutil maniobra para garantizar el activo apoyo de los mandatarios locales al referendo en el día de la elección; sería un clásico quid pro quo.

Al presidente Hugo Chávez le funcionó de maravilla el mes pasado la misma jugada de juntar su ambición de quedarse indefinidamente en el poder con la de los centenares de alcaldes. Su referendo fue aprobado sin problemas.

De ser así la intención del gobierno, es una estrategia muy torpe no sólo por ser demasiado evidente, sino porque prácticamente existe un consenso en Colombia de que la reelección indefinida de funcionarios municipales y departamentales sería un despropósito.

Es una verdad de a puño que un mandatario regional tiene más poder y más posibilidades de manipular indebidamente el presupuesto y la burocracia que un Presidente de la República. Álvaro Uribe ha dicho, mitad en serio, mitad en broma, que el cargo con más poder en Colombia es el de un alcalde. Los contrapesos son débiles; ni los concejos, contralorías o personerías tienen suficientes dientes para controlar al Ejecutivo y muchas veces terminan como apéndices de la administración municipal. Y eso sin reelección. Con la certeza de que podrían estar al mando de las palancas de los giros y los puestos hasta el infinito y más allá, sería prácticamente imposible que perdieran una elección. Ni incapaces que fueran.

Y hay otro factor no menos preo-cupante. En muchos municipios y departamentos del país, la institucionalidad es frágil. La para-política, la farc-política y la ELN-política han demostrado cómo es de fácil para las mafias infiltrar y tomarse el poder local. Extirparlas del Estado en varias regiones va a ser un proceso largo, como lo ha advertido el ex presidente César Gaviria. Sería una barbaridad entregarles la opción en esta coyuntura de consolidar lo ganado a sangre y fuego.

Existen argumentos para una sola reelección, como también para una única reelección del Presidente. Pero el concepto de una reelección indefinida en los 1.099 municipios y 32 departamentos es una insensatez, por no acudir a palabras mayores. Sorprende que el gobierno lo proponga en serio.

Es tan absurdo que la única explicación es política de la barata: que necesita movilizar los alcaldes y gobernadores en pro del referendo reeleccionista. Como Chávez.