Martes, 24 de enero de 2017

| 2010/09/25 00:00

Una luz al final del túnel

La ley de víctimas tiene el apoyo del nuevo gobierno. Si sale adelante en el Congreso, se beneficiarían cuatro millones de afectados y se daría paso a un triunfo ideológico liberal.

El proyecto de ley apropia más de 44 billones de pesos y reconoce el universo de las víctimas sin importar que el victimario haya sido un grupo irregular o un agente estatal. Más de cuatro millones de personas serían reparadas a lo largo de 10 años.

Este lunes será radicado en el Congreso el proyecto de la ley de protección de víctimas de la violencia. Contrario al ambiente que existía hace un año, cuando se tramitó y naufragó esta iniciativa, ahora corren otros vientos y es muy probable que sea ley al finalizar este año. De ser así, el país dará un paso histórico, pues este ambicioso texto legal beneficiaría a cerca de cuatro millones de colombianos que han llevado la peor parte de la guerra.

El senador Juan Fernando Cristo y el representante Guillermo Rivera, liberales abanderados del proyecto, son optimistas y resaltan la buena química que hay con el equipo de gobierno en este tema. Los guiños se iniciaron desde el triunfo de Santos y su convocatoria a las distintas fuerzas políticas en torno al proyecto de unidad nacional. Apenas se unieron a él, los liberales llegaron a la Casa de Nariño con el proyecto de ley bajo el brazo y la condición de que le jalaban a la convocatoria presidencial si este se incluía en la agenda nacional. Y así fue.

El gobierno tomó ese borrador y se dedicó a estudiarlo. La semana pasada -tras incluir algunos ajustes con los liberales y conciliar frente a las diferencias que tenían algunos uribistas y conservadores- el presidente Juan Manuel Santos le dio la bendición al proyecto definitivo. "Es una ley fundamental que nos ayudará a saldar una deuda moral que tenemos todos los colombianos hacia cientos de miles de compatriotas que han sufrido a causa de la violencia", dijo.

El reconocimiento por igual de todas las víctimas del conflicto es uno de los puntos estructurales del nuevo proyecto, frente al cual no se logró un consenso con Uribe. En plata blanca, esto significa que será objeto de reparación cualquier víctima, sin importar si sus victimarios son grupos armados irregulares o agentes estatales. Sin embargo, las víctimas de agentes del Estado no podrán declararse como tal en procesos penales que adelanten como particulares.

Por eso, no hay duda de que se trata de un proyecto decididamente províctimas. En varios artículos se fijan garantías como presumir su buena fe y se deja claro que cualquier interpretación de la ley debe favorecer a quienes han sufrido los estragos de la guerra. Además, se hace una distinción entre las medidas de asistencia humanitaria (por ejemplo, la ayuda que brinda Acción Social a los desplazados) y las medidas de reparación extensivas a todas las víctimas. Unas no anulan las otras.

El proyecto, además de establecer reparaciones concretas (indemnización, vivienda, educación, entre otras), incluye un conjunto de medidas simbólicas. Se creará el día nacional de las víctimas y se dará apertura a un archivo general del conflicto. Además se ordena fortalecer el Grupo de Memoria Histórica que ya viene trabajando por disposición de la Ley de Justicia y Paz. En este punto las pretensiones del proyecto original eran mayores ya que ordenaba crear un gran museo del conflicto, al estilo del majestuoso Museo del Holocausto, en Washington.

Pero quizá el asunto más espinoso y complejo de la iniciativa es el capítulo de la restitución de tierras. Sobre este tema el gobierno radicó hace tres semanas un proyecto que ahora se unificará con el de reparación integral a las víctimas. El mayor desafío en este frente es lograr una arquitectura jurídica para que quienes fueron despojados violentamente de sus tierras las recuperen.

Para lograrlo, el proyecto señala que la carga de la prueba no les corresponderá a las víctimas. Es decir, que los actuales propietarios serán quienes tengan que demostrar la legalidad de la posesión de las tierras que las víctimas eventualmente reclamen. Se calcula que dos millones y medio de hectáreas entrarían en disputa.

En este punto, se creará una comisión de la verdad de tierras. El órgano estará conformado por cinco expertos (tres nacionales y dos extranjeros) que tendrán categoría de magistrados en la materia y serán nombrados por la Corte Constitucional. Esta comisión tendrá un plazo de dos años para entregar un gran informe que narre y documente la contrarreforma agraria que por cuenta de la violencia sufrió Colombia en las últimas décadas.

El proyecto tendrá una vigencia de 10 años y requerirá de una asignación presupuestal de más de 44 billones de pesos. Para salir adelante, una iniciativa de esta envergadura requiere más que vientos políticos favorables. La concertación previa de las fuerzas políticas en torno a la iniciativa, el empoderamiento de las víctimas en los últimos años y la conciencia nacional de que es urgente resarcirlas, le crean un buen ambiente en el Congreso.

Pero eso no impide que durante el trámite, como dice el senador Cristo, "enemigos agazapados del proyecto" intenten incluirle micos o traten de recortarle alcances, en particular en el tema de tierras que afectará muchos poderes legales e ilegales. Para que la iniciativa sea ley debe superar dos debates en la Cámara y dos en el Senado a lo largo de un semestre. Desde el lunes comenzarán estos debates, y de ellos dependerá que las víctimas por fin puedan cantar victoria.

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