Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/07/22 00:00

Una paz machetera

La justicia no podrá resolver los vacíos políticos que dejó el gobierno en el proceso con los paramilitares.

Los paramilitares, encabezados por ‘Jorge 40’ y Ramón Isaza, ratificaron su voluntad de seguir en el proceso, pero invocaron la necesidad de un acuerdo nacional. El comisionado Luis Carlos Restrepo y el ministro del Interior Sabas Pretelt dejaron los temas más álgidos con los paras en manos de la justicia

Después de conocer oficialmente el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, los jefes paramilitares decidieron continuar el proceso que iniciaron con el gobierno. No así sus 30 abogados, que renunciaron a su labor como defensores, pues consideran que no hay garantías jurídicas para seguir adelante. En el comunicado que leyó 'Jorge 40' el miércoles pasado, invocan la necesidad de un "gran acuerdo nacional para la reconciliación y la paz". A primera vista, esta parece ser una reivindicación abusiva para torpedear la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, este 'acuerdo' podría terminar siendo apoyado por muchos sectores del país, pues el proceso que encabezó el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ya muestra sus grietas difíciles de superar.

El primer problema que tiene el gobierno con esta desmovilización es que se negó a asumirla como una negociación política. "Con el discurso de que los grupos armados no son actores políticos sino criminales, el gobierno hizo una negociación vergonzante que terminó convertida en un asunto jurídico", dice el analista Jorge Giraldo, de la Universidad Eafit. Judicializar la política fue el primer paso del gobierno para meterse en una arena movediza de consecuencias nefastas para el propio Estado.

Para empezar, la Ley de Justicia y Paz, que es un excelente marco jurídico, puede resultar siendo inaplicable. Como el gobierno no hizo su tarea en la mesa de negociación, sobre los hombros de los fiscales y jueces quedan responsabilidades muy difíciles de cumplir, como definir, de una lista de miles de desmovilizados, quiénes pueden ser beneficiarios de la alternatividad penal.

En segundo lugar, en el tema de los bienes, el gobierno quedó atrapado en una contradicción que sólo beneficia a los paras. Nunca les exigió un listado de sus riquezas ilícitas (así fuera incompleto) porque supuestamente el proceso consistía apenas en un desarme. Como tampoco se trataba de un sometimiento a la justicia, no se les hizo extinción de dominio. Una vez finalizada la desmovilización, nadie sabe cuántos son los bienes de los paramilitares ni dónde están. Por eso no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Ni los paramilitares van a confesar toda su riqueza, ni la justicia está en condiciones de desbaratar sus redes de testaferros. El poco tiempo que tienen los jueces para aplicar la Ley lo usarán sin duda en esclarecer los crímenes atroces que cometieron las autodefensas. Y punto.

Tercero, sin un acuerdo firmado con los paramilitares, es imposible exigirles el desmonte real y efectivo de toda su estructura militar y mafiosa. Ahora les tocará a los jueces demostrar, también, si dejaron armas y hombres en las regiones donde actuaban. "Si ellos siguen en el narcotráfico, tendrán que ser los jueces quienes lo prueben", le dijo a SEMANA un alto funcionario del gobierno. Una premisa equivocada, pues estas eran exigencias mínimas que se debieron hacer en el marco de la negociación. Pero oficialmente no hay acuerdo de ninguna especie con los paramilitares. Serán los jueces, entonces, los responsables de todo.

El corolario de esta cadena de errores es que el gobierno terminó en sesiones secretas con los paramilitares, haciendo promesas bajo la mesa, como lo reconoció el propio ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, en una entrevista reciente, cuando dijo que las órdenes de extradición de los paramilitares podrían ser archivadas si éstos le cumplen al gobierno. Promesas más orientadas a tranquilizar a los jefes paras, que a exigirles unos mínimos requisitos que los hagan merecedores del recorte de penas.

Los paramilitares ahora aspiran a un acuerdo nacional. Esta vez les puede sonar la flauta. Si el proceso con las AUC está empantanado es porque le faltó política. No porque la Ley sea muy dura. La Ley es apenas una garantía de que los derechos de los colombianos no terminarán pisoteados en nombre de la paz.

Quizá todavía se pueda enderezar el proceso. Pero hay que hacerlo de cara al país, construyendo consensos. De lo contrario, los fiscales y los jueces tendrán que echarse en hombros la tarea de la paz, que de manera tan machetera hizo gobierno. Y en ese escenario, no hay ley, por bonita que sea, que lo resuelva todo.

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