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| 10/2/2005 12:00:00 AM

Una puerta a la vida civil

Dos mil desmovilizados podrán convertirse en auxiliares cívicos de la Policía Nacional. El programa comienza en Bogotá, Medellín, Montería, Cúcuta y Cali.

Desde CUANDO se inició el proceso de desmovilización de los paramilitares, una pregunta ronda en el ambiente: ¿qué hacer para que quienes han dejado la ilegalidad sean aceptados nuevamente por la sociedad?

El gobierno nacional se ha visto en problemas para responderla porque, si bien el país celebra la desmovilización, no muchos están dispuestos a darles una oportunidad laboral a los ex miembros de los grupos ilegales para que la reincorporación sea integral. Después de que el Ministerio del Interior y Justicia tocó varias puertas, entre ellas las de las Fuerzas Militares, los industriales y la Defensa Civil, el mayor general Jorge Daniel Castro, director de la Policía Nacional, le presentó al gobierno una propuesta para vincular 2.000 desmovilizados a un programa de auxiliares cívicos en convivencia y seguridad ciudadana. Éste será coordinado por la Policía.

El coronel León Riaño, coordinador de la oficina de procesos de desmovilizados, aclara que los auxiliares no tendrán vinculación directa con la Policía, no estarán uniformados ni tendrán armas. Se realizará un proceso de selección que evalúe los perfiles sicológicos, y los escogidos serán capacitados en formación, jurídica, ciudadana y humanística. Cuando cumplan los dos meses de formación serán asignados a diferentes unidades de Policía que deberán responder por el manejo operativo y el comportamiento del grupo de jóvenes.

Los auxiliares colaborarán con la Policía en las ciudades, especialmente en espectáculos, donde cumplirán funciones como acomodadores y orientadores del público asistente y difusores de las normas para el buen uso del espacio público, las cebras y los puentes peatonales. En las carreteras apoyarán en las campañas pedagógicas sobre el respeto a las señales y prestarán primeros auxilios en caso de accidentes. En las zonas rurales se han planteado otras labores como la erradicación de cultivos ilícitos, la prevención de delitos y la seguridad de oleoductos.

Aunque el programa se lanzó hace pocos días, ya han salido detractores a la propuesta. Se preguntan: ¿cómo podrían cuidar oleoductos o prevenir crímenes si no están armados? Pero, al mismo tiempo, ¿no sería aun peor que los desmovilizados volvieran a tener armas aunque fuera en el marco de la legalidad?

En palabras del coronel León, las funciones que van a cumplir los desmovilizados como auxiliares cívicos son estrictamente informativas y "cumplirán con las mismas obligaciones que tiene cualquier colombiano por mandato constitucional de informar a las autoridades competentes cualquier acción sospechosa". Algunos, sin embargo, creen que esa es una definición en el papel, pero en la práctica la dinámica irá por otro camino.

Miembros de la misma institución de Policía ven con gran preocupación que personas que durante años actuaron en la ilegalidad ahora sean acogidos por una autoridad legal y compartan funciones. "Nosotros nos hemos formado para ejercer autoridad legal con límites. Pero si algunos de ellos se extralimitan, toda la Policía va a pagar las consecuencias", dijo un oficial que pidió reserva de su nombre.

Sobre el particular, Jorge Rodríguez, delegado para el programa de reincorporación y desmovilización colectiva del Ministerio del Interior y Justicia, reconoce que no es fácil que la sociedad acepte desprevenidamente a los desmovilizados, pero cree que quien deja las armas merece una segunda oportunidad. "Por eso se les pide que presten un servicio social reparatorio para resarcir parte del daño causado a la sociedad durante sus años en la ilegalidad. El gobierno cree que la mejor forma para que haya un control de esa reparación es bajo la coordinación de una autoridad", dice Rodríguez.

La Policía decidió asumir un reto difícil que otras fuerzas y entidades han preferido obviar. Vincular a los desmovilizados en funciones cívicas es una apuesta arriesgada, que exige la más estricta vigilancia para evitar eventuales abusos que minen la credibilidad de esta propuesta.
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