Una rebajita...

Hace algunos meses un grupo de detenidos del pabellón de máxima seguridad de La Picota habían contemplado la idea de traer al Papa para lograr rebajas en las penas. Pero la idea se desvaneció por varias razones. Una, porque el proyecto era muy caro. Otra, porque a pesar de que las relaciones con la Iglesia eran buenas no había seguridad de que se embarcara en semejante proyecto. Y tres, porque la persona que estaba promoviendo el tema, el reo venezolano Fernando Flores Garmendia, fue extraditado a Estados Unidos. El asunto quedó ahí. Pero la verdad es que no ha sido necesario traer al Papa. Hoy en día existen tres proyectos en el Congreso que contemplan rebajas en las penas de los detenidos y procesados por la justicia. Se trata de los nuevos códigos penales, la Ley de Jubileo y los beneficios para los detenidos que ejerzan el derecho a votar en las elecciones. Estos tres proyectos han sido blanco de críticas en los últimos días y han provocado enfrentamientos entre las distintas instancias judiciales.

A la creciente preocupación de que cursen tantos proyectos de rebajas al mismo tiempo se suma la profunda crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario y carcelario. Las condiciones infrahumanas en las que viven los presos, la inseguridad, las fugas constantes y la débil estructura de las cárceles se convirtieron en una bomba de tiempo para las autoridades. Hace tan sólo unas semanas hubo más de 30 muertos en la cárcel La Modelo, de Bogotá, luego de una escalofriante y sangrienta vendetta entre paramilitares y guerrilleros presos.

Aunque el hacinamiento carcelario es grave el gobierno ha dado su voz de alerta ante la posibilidad de que con la Ley de Jubileo salgan a la calle cerca de 10.215 presos de los 46.766 que hay en el país. El número de procesados con posibilidades de quedar en libertad aumentaría si se aprueban los códigos penales y penitenciarios presentados por la Fiscalía al Congreso y que contemplan otras rebajas y beneficios en las penas.

El primero en advertir sobre estos peligros fue el ministro de Justicia, Rómulo González, quien advirtió que el Presidente está dispuesto a objetar la Ley de Jubileo, que otorga una rebaja de una sexta parte para quienes hayan delinquido antes de enero de 2000. El Ministro explicó que al principio apoyó la idea pero que la situación cambió porque hay otros dos proyectos en marcha que también contemplan rebajas. “En ese caso, aseguró González, les quedaríamos debiendo a los delincuentes” . (Primer recuadro)

Sin embargo para el ponente de la ley, el representante a la Cámara William Vélez, el asunto no es para alarmarse. “Esto no tiene que ver con la política criminal. Y no se trata de que salgan los que han cometido los delitos más atroces porque son los que tienen las penas más altas”. El representante dijo que el propósito es que se beneficien quienes ya estén a punto de cumplir sus condenas.

Para la Fiscalía la cosa es muy sencilla. Lo que debe existir, advirtió el vicefiscal Jaime Córdoba, es una política criminal seria y coherente. “Y eso es lo que se propuso en los tres códigos, el Penal, el de Procedimiento y el Penitenciario. No se puede admitir un sistema que vaya al vaivén de las coyunturas”. La Ley de Jubileo, según Córdoba, introduce una rebaja generalizada, atendiendo a un factor que no es científico. Para el vicefiscal una política criminal seria es aquella en la que la pena responde al principio de culpabilidad y proporcionalidad. “Es que no se trata de dar o no rebajas sino de imponer penas efectivas y que se puedan cumplir.”

Córdoba advirtió, además, que las penas, las rebajas y los beneficios contemplados en la propuesta de códigos que presentó al Congreso no pretenden ser más blandos o laxos con quienes delinquen. Es más, el funcionario aclaró que si se tienen en cuenta las rebajas de los códigos actuales los sindicados tendrían mayores beneficios. (Segundo recuadro)

Sea lo que fuere, la suerte de la política criminal del país estará en juego esta semana cuando se debatan los códigos, el de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario y la Ley de Jubileo en el Congreso. Si definitivamente no pueden coexistir la Ley de Jubileo, el beneficio por ejercer el voto y los nuevos códigos, tanto el Congreso como el gobierno deben revisar qué es lo que más les conviene hacer con los cerca de 50.000 procesados que existen en las cárceles.