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| 4/26/2015 9:00:00 PM

El beneficio que podría recibir María del Pilar Hurtado

Semana.com conoció el proyecto que el Gobierno y la Fiscalía presentaron al Congreso y que contempla beneficios por colaboración a la justicia incluso a quienes hayan recibido condena.

‘Reforma al Código de Procedimiento Penal’. Así se llama un voluminoso proyecto de ley -167 artículos y 107 páginas- que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, radicaron en la Secretaría de la Cámara de Representantes hace una semana.

Según un comunicado del Ministerio de Justicia, el proyecto pretende actualizar el Código de Procedimiento que tiene diez años de vigencia, con el propósito de hacer el Sistema Penal Acusatorio más ágil y eficiente. Dentro del contenido del proyecto se pretende simplificar procedimientos y acelerar la investigación de los procesos penales.

El proyecto ni siquiera ha sido repartido, pero en el Congreso ya empieza a generar cierta inquietud, sobre todo porque le otorgaría nuevas facultades a la figura del fiscal general y porque la mayoría de artículos están sujetos a una reglamentación que deberá ser expedida posteriormente por el jefe del ente acusador.

La iniciativa también llama la atención porque incorpora un nuevo capítulo sobre beneficios por colaboración, incluso para personas que ya han sido condenadas.

“Esta nueva figura (beneficios por colaboración) le permite al fiscal general de la Nación o a su delegado, según la reglamentación que él mismo expida, acordar uno o varios beneficios -sobre todo de carácter punitivo- a una persona condenada mediante una sentencia debidamente ejecutoriada a cambio de que colabore de manera eficaz con la administración de justicia”, se lee en la justificación del proyecto.

El actual Código de Procedimiento Penal no contempla esta figura, y el único mecanismo de colaboración que ofrece es el principio de oportunidad, un acuerdo al que puede llegar cualquier procesado con la Fiscalía y que sólo se puede producir hasta la etapa de juicio.

Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general, y quien conoce en detalle este proyecto de ley, le explicó a Semana.com que aunque el actual código de procedimiento penal no contempla esta figura, no significa que no esté dentro de la legislación colombiana, pues la llamada ley 600 incluían esta figura y se venía aplicando. 

Este proyecto, que próximamente será debatido, podría ser una carta que se le ofrece a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, condenada por las chuzadas contra magistrados, periodistas, y dirigentes de oposición al gobierno de Álvaro Uribe, para que colabore con la Justicia, a cambio de beneficios como -precisamente- la rebaja de penas.

De hecho, este lunes, se podría conocer la decisión de la Corte sobre los años que deberá pagar de cárcel tanto ella, como el exsecretario de la Presidencia durante el mandato de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno.

El artículo 151 del proyecto señala: “el fiscal general de la Nación o el delegado especial que designe para el efecto, podrá acordar uno o varios de los beneficios consagrados en este capítulo con la persona que se encuentre condenada con sentencia ejecutoriada, en razón de la colaboración que preste a las autoridades para la eficacia de la administración de justicia”.

También acuerda que los beneficios se aplicarán cuando la persona colabore eficazmente al suministrar información que resulte veraz, útil, eficaz y oportuna para la justicia. El proyecto incluso señala que el acuerdo podrá consistir en el compromiso del condenado de servir como testigo en otras investigaciones.

Y quedaría consagrado en la ley que los beneficios serán la disminución de la pena impuesta entre una tercera y una sexta parte, la casa por cárcel, la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional, y el ingreso al programa de protección de testigos.

Por eso algunos conocedores advierten que esta reforma podría estar hecha a la medida de María del Pilar Hurtado. Por estos días crecen los rumores de algún acercamiento de la exfuncionaria con la Fiscalía para un proceso de colaboración.

Pero nada está dicho, entre otras cosas, porque no es claro si, luego de condenada, ella pueda acceder a algún beneficio. Sin embargo, si el proyecto es aprobado por el Congreso, tendrá una segunda oportunidad para poder ver reducida su condena. Sólo tendría que colaborar con la Justicia.
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