¿Una reforma sana?

El sistema de salud colombiano entró a cuidados intensivos a finales del año pasado, hasta el punto que el gobierno de Álvaro Uribe tuvo que acudir a una emergencia social para tomar medidas urgentes dirigidas a impedir que la columna vertebral de la protección social del país se viniera abajo.

La situación financiera era muy complicada. Los dineros del Fosyga (fondo que maneja los recursos de la salud de los colombianos) se estaban agotando rápidamente. Si no se tomaban decisiones drásticas, no habría dinero para que operaran los hospitales, IPS y EPS. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la medida con el argumento de que no había un hecho explícito que justificara el tratamiento de emergencia por fuera del Congreso.

El gobierno de Juan Manuel Santos, en consecuencia, presentó una ley que buscaba "sanear a fondo las finanzas del sistema y ofrecer mejores servicios a los usuarios", según el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría. La norma fue aprobada fácilmente en el Congreso.

Los problemas eran evidentes. El primero era financiero: el sistema aumentó su cobertura y además empezó a responder por muchas cosas nuevas. Los ciudadanos, por la vía de las tutelas, empezaron a demandar medicamentos y procedimientos que no estaban incluidos en el POS. Además, algunas farmacéuticas, EPS y hospitales empezaron a recobrar con sobrecostos que se terminaron pagando con la plata de todos los colombianos.

La reforma recaudará 2,4 billones de pesos anuales a partir de 2014, lo que servirá para financiar nuevas exigencias, como la ampliación de los servicios y la unificación de los sistemas contributivo y subsidiado. Esto significa que todos los colombianos deberán contar con los mismos servicios básicos de salud y que no habrá ninguna discriminación por cuenta de estrato social.

De otra parte, la nueva ley apunta a eliminar incentivos que habían resultado perversos. El sistema de salud funciona básicamente como un listado de procedimientos y medicamentos que cubren las situaciones de salud de los afiliados. A esto se le ha llamado Plan Obligatorio de Salud (POS).

Paradójicamente, en los últimos años una buena parte de los procedimientos y medicamentos que estaban demandando los colombianos estaban por fuera de ese plan. En algunos casos eso era una evidente violación del derecho a la salud, pero en otros se trataba de abusos contra el sistema porque algunos usuarios terminaban pidiendo pañitos húmedos, multivitamínicos o hasta cirugías plásticas, que ningún sistema de salud del mundo cubre.

Esto hizo que las reclamaciones se dispararan: en 2002, por esta clase de eventos, el Fosyga pagaba 206.000 millones de pesos, y en 2010 este rubro va a ser de 2,3 billones de pesos. Esto hace inviable el sistema, pues los recursos siempre serán limitados, a pesar de que el país destina más de 5 puntos del PIB a financiar la salud.

El sistema terminó haciendo más rentable que la gente se enfermara, por lo que las tareas de prevención se relegaron a un segundo plano. Igualmente, había incentivos para que la atención se demorara o para que hubiera muchos recobros al sistema.

La nueva ley apunta a resolver todo esto, con la reorganización de las redes de salud y la portabilidad de los servicios (que los usuarios puedan ser atendidos en cualquier parte del país). Igualmente, la ley establece un mecanismo para que la gente pueda acceder rápidamente a lo que no está incluido en el POS. El objetivo es que el sistema resuelva las necesidades de salud de la población, que había tenido que convertir la tutela en el único mecanismo eficaz para ser atendida.

Si bien el tema financiero del sistema está en camino de enderezarse, esta ley no garantiza la salvación financiera ni tampoco definió cuál es el plan de salud al que tienen derecho los colombianos, que es el punto central.

Por lo pronto, la reforma a la salud apunta en la dirección adecuada. El país no puede dar marcha atrás en el camino hacia la cobertura universal, logro que no pueden mostrar ni siquiera muchos países desarrollados. El reto, por ahora, es mejorar astronómicamente la calidad de los servicios. Esa debe ser la impronta de esta reforma.