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| 3/11/2002 12:00:00 AM

Una tragedia sin fin

Después de tres asesinatos, la renuncia de una fiscal y varias amenazas, la Fiscalía tiene el desafío de resolver el caso de la masacre de Chengue.

La masacre de Chengue es uno de esos actos que el cielo no perdona. El 17 de enero de 2001, según han afirmado las autoridades judiciales, 80 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron hasta este corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre, y asesinaron con sevicia, a punta de golpes de piedra y garrote, a 27 campesinos. Luego los homicidas pintaron letreros contra la guerrilla en algunas paredes, le prendieron fuego al pueblo y emprendieron la retirada. Esta masacre, al igual que tantas otras, estaba más que anunciada. El 23 de noviembre de 2000 en una reunión en Sincelejo del Consejo Técnico de Seguridad se había alertado de la presencia de 80 hombres de las AUC en una finca llamada El Palmar, localizada en la vía entre San Onofre y Berrugos. Esta información quedó consignada en el acta 0015 de ese día.

Días después de la masacre el paramilitar Elkin Antonio Valdiris Tirado, que para entonces tenía 19 años, se entregó a las autoridades en el vecino departamento de Córdoba. Valdiris contó que a él y a otros paramilitares los habían llevado desde Montería a una finca en Sucre para sumarse a los 30 miembros del grupo que dirige en esa área Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, en los combates contra la guerrilla. El testimonio de Valdiris fue el hilo conductor de la investigación sobre los hechos de Chengue que llevó a cabo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Un mes después de la matanza Pedro Díaz, el director en ese momento de la Unidad, le reasignó el caso a la fiscal Mónica Gaitán, una caleña que había coordinado un grupo de investigadores contra el paramilitarismo en el Valle del Cauca.

Durante los siguientes tres meses, bajo la coordinación de Gaitán, la Fiscalía se dedicó a buscar pruebas contra los responsables de la masacre. En esta labor fue clave la ayuda que le brindó Yolanda Paternina Negrete, la fiscal especializada de Sincelejo, quien dirigió los allanamientos que se hicieron en la zona y encontró a varios de los testigos clave en el proceso. Pero no todo fue viento en popa. Durante este tiempo la Fiscalía sufrió un duro golpe. Dos investigadores costeños del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), que habían sido asignados al caso de las seccionales de Tunja y Medellín, se metieron en el territorio de ‘Cadena’ y desaparecieron, junto con el vehículo que conducían, sin dejar rastro. Las autoridades creen que están muertos.

Versiones encontradas

El 5 de junio de 2001 la Fiscalía, con base en todas las pruebas que había reunido hasta ese momento, tomó una decisión que le daría un giro de 180 grados al proceso. Ese día pidió abrir investigación formal, por el delito de omisión, contra el general de Infantería de Marina Rodrigo Quiñones Cárdenas. Como este oficial tiene un fuero especial, el caso fue remitido a Luis Edgar Martínez Lozada, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo terminó vinculado el general Quiñones al caso de Chengue?

El paramilitar Elkin Valdiris les contó a las autoridades que la noche anterior a la masacre el grupo de asesinos, encabezados por un sujeto conocido con el alias de ‘Juancho’, se había topado con una patrulla policial en San Onofre. Cuando la Fiscalía investigó este suceso encontró que en efecto unos agentes le habían reportado al teniente Jaime Humberto Gutiérrez Muñoz, comandante del puesto de Policía en esa población, que tres camiones repletos de hombres armados y vestidos de camuflado, que se dirigían hacia el sur de San Onofre, casi los arrollan a las 7:30 de la noche del 16 de enero.

Desde el momento en que le informaron de este incidente el teniente Gutiérrez declaró que había hecho una serie de llamadas a sus superiores, siguiendo el conducto regular, para que las autoridades competentes llevaran a cabo la acción que fuera pertinente. Así quedó consignado en los expedientes judiciales. En éstos además constan testimonios que aseguran que la cadena de llamadas entre los oficiales de la Policía y los de la Armada alcanzó su cúspide cuando el teniente coronel Miguel Angel Yunis, del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 3, habló de la situación con el general Quiñones, comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina. Según un documento de la Armada, sus oficiales consideraron que los datos que recibieron de la Policía eran incompletos, generales y con muchos vacíos. Pese a ello trataron de confirmarlos y alertaron a las unidades que tenían en la zona, que estaban dispuestas para prevenir el anunciado ataque de las AUC, e hicieron retenes sobre la vía entre San Onofre y Tolú Viejo.

Para la Fiscalía esta reacción fue insuficiente ante la gravedad de la información que había dado la Policía. Según investigó la Fiscalía existían unidades que hubieran podido acudir con prontitud al lugar donde se llevó a cabo la masacre o cortarles la retirada a los paramilitares. La Fiscalía comprobó, por ejemplo, que la compañía Dragón, con 65 infantes al mando de un oficial y seis suboficiales, estaba localizada en Pijiguay, a una hora de camino de Chengue. Otro grupo, el Cascabel 42, conformado por 33 infantes al mando de cuatro suboficiales, tenía asiento en San Onofre. La compañía Dragón fue la primera en llegar al lugar del crimen, cuando ya Chengue había sido quemado, 24 de sus habitantes yacían sobre charcos de sangre, otros habían sido enterrados en fosas poco profundas y los asesinos habían escapado.

El revuelo que causó la solicitud de investigación al general Quiñones se robó toda la atención en el caso Chengue. Mucho más cuando un mes después, en julio de 2001, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra el general y otros seis oficiales. Para entonces el testimonio del paramilitar Elkin Valdiris había vinculado al proceso a una mujer, Ingrid Johanna Guerra Solar, y las investigaciones posteriores de la Fiscalía a dos suboficiales de la Armada, los sargentos Rubén Darío Bolívar y Euclides Rafael Bossa Mendoza.

Primeros acusados

En agosto del año pasado la fiscal Gaitán se entrevistó con el nuevo fiscal Luis Camilo Osorio para contarle cómo iba el proceso que ella coordinaba. Por las características de brutalidad que tuvo la masacre y la posible vinculación de elementos de las Fuerzas Armadas, el caso era vigilado de cerca por organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG) de derechos humanos. El 29 de agosto la fiscal Yolanda Paternina, figura clave en los allanamientos y en la búsqueda de testigos de este caso, fue asesinada por dos sicarios. La Fiscalía no ha podido determinar si su muerte está relacionada con el asunto de Chengue o con otras investigaciones que tenía contra paramilitares.

Lo cierto es que en el exterior su muerte atrajo aún más la atención de las ONG sobre la investigación. Dos días después se creó una Comisión Investigadora Especial para la masacre de Chengue, encabezada por Luis Edgar Martínez Lozada, el mismo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que tenía conocimiento del caso del general Quiñones. Mónica Gaitán quedó como fiscal de apoyo de la Comisión y le entregó todas las pruebas que había recopilado a su nuevo jefe, quien le pidió espacio para estudiarlas. Casi al mismo tiempo el paramilitar Valdiris, quien se acogió a sentencia anticipada y dijo que había participado en la masacre pero no había asesinado a nadie, fue condenado a 45 meses y 24 días de prisión por paramilitarismo. Se encuentra recluido en un pabellón de máxima seguridad.

En los cuatro meses siguientes el caso Chengue estuvo quieto. En diciembre pasado los fiscales resolvieron la situación jurídica de Ingrid Johanna Guerra Solar y del sargento Rubén Darío Rojas Bolívar. La primera fue acusada de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir con fines terroristas, incendio, y hurto calificado y agravado. La Fiscalía aseguró que tenía pruebas de su participación plena en la masacre, Valdiris dice que la vio matar a uno de los campesinos, y en su poder encontraron una prenda de vestir que habían robado los paramilitares en una de las casas de Chengue. El segundo, el sargento Rojas, por su parte, fue acusado de concierto para delinquir. Tres testimonios confirmaron la relación que tenía el sargento Rojas con el grupo paramilitar de alias ‘Cadena’. La Fiscalía aclaró que no había méritos para vincularlo con la masacre en sí.

El 20 de diciembre, después de tomar estas dos decisiones, la Comisión fue disuelta y el proceso volvió a manos de la fiscal Mónica Gaitán. Al día siguiente esta funcionaria salió de vacaciones y de licencia médica. Alejandro Ramelli, el director de la Unidad de Derechos Humanos, designó una persona para que la reemplazara. Gaitán dejó todo listo para cerrar la investigación el 28 de enero de 2002, pues los términos para el caso del sargento Euclides Rafael Bossa Mendoza se vencían el 11 de marzo.

El 6 de febrero cuando volvió a su puesto la fiscal Gaitán se enteró por boca de uno de sus técnicos que le habían quitado el proceso de las manos. Ramelli dijo que la reasignación había tenido lugar para “equilibrar la carga laboral”. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, le pidió explicaciones a la embajada de Colombia en Estados Unidos por el cambio de fiscal y la indefensión en que se encontraba el teniente de la Policía Jaime Humberto Gutiérrez Muñoz, uno de los testigos de la Fiscalía.

Una nueva fiscal tomó el caso y decidió continuar con la investigación al sargento Bossa. Esta semana debe resolverse su situación jurídica. La semana pasada el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una acción popular para constituirse en parte civil en el caso. Su pretensión es “establecer la responsabilidad penal del general Rodrigo Quiñones Cárdenas y demás miembros de la Fuerza Pública involucrados en la masacre”. Para respaldar esta medida jurídica, varias ONG internacionales están preparando un Tribunal Internacional de Opinión que sesionará en algún país de Europa. Es necesario aclarar que el general Quiñones está hasta ahora en investigación preliminar por parte del fiscal delegado ante la Corte Suprema y aún no se ha definido si su caso amerita ser llamado a indagatoria. Ante las decisiones de sus superiores, la fiscal Gaitán renunció a su cargo. La comunidad internacional activa en el área de derechos humanos aún no entiende los motivos por los cuales se le quitó el caso a esta fiscal que era quien más sabía del proceso. La nueva funcionaria tendrá ahora que tomarse más tiempo en estudiar los 20 cuadernos que ha logrado acumular la Fiscalía con la reconstrucción de una de las masacres más espeluznantes de los últimos años, una que sin duda alguna se ganó un puesto, no de honor sino de horror, en la historia universal de la infamia.
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