Una tragedia sin fin

La masacre de Chengue es uno de esos actos que el cielo no perdona. El 17 de enero de 2001, según han afirmado las autoridades judiciales, 80 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron hasta este corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre, y asesinaron con sevicia, a punta de golpes de piedra y garrote, a 27 campesinos. Luego los homicidas pintaron letreros contra la guerrilla en algunas paredes, le prendieron fuego al pueblo y emprendieron la retirada. Esta masacre, al igual que tantas otras, estaba más que anunciada. El 23 de noviembre de 2000 en una reunión en Sincelejo del Consejo Técnico de Seguridad se había alertado de la presencia de 80 hombres de las AUC en una finca llamada El Palmar, localizada en la vía entre San Onofre y Berrugos. Esta información quedó consignada en el acta 0015 de ese día.

Días después de la masacre el paramilitar Elkin Antonio Valdiris Tirado, que para entonces tenía 19 años, se entregó a las autoridades en el vecino departamento de Córdoba. Valdiris contó que a él y a otros paramilitares los habían llevado desde Montería a una finca en Sucre para sumarse a los 30 miembros del grupo que dirige en esa área Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena', en los combates contra la guerrilla. El testimonio de Valdiris fue el hilo conductor de la investigación sobre los hechos de Chengue que llevó a cabo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Un mes después de la matanza Pedro Díaz, el director en ese momento de la Unidad, le reasignó el caso a la fiscal Mónica Gaitán, una caleña que había coordinado un grupo de investigadores contra el paramilitarismo en el Valle del Cauca.

Durante los siguientes tres meses, bajo la coordinación de Gaitán, la Fiscalía se dedicó a buscar pruebas contra los responsables de la masacre. En esta labor fue clave la ayuda que le brindó Yolanda Paternina Negrete, la fiscal especializada de Sincelejo, quien dirigió los allanamientos que se hicieron en la zona y encontró a varios de los testigos clave en el proceso. Pero no todo fue viento en popa. Durante este tiempo la Fiscalía sufrió un duro golpe. Dos investigadores costeños del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), que habían sido asignados al caso de las seccionales de Tunja y Medellín, se metieron en el territorio de 'Cadena' y desaparecieron, junto con el vehículo que conducían, sin dejar rastro. Las autoridades creen que están muertos.



Versiones encontradas

El 5 de junio de 2001 la Fiscalía, con base en todas las pruebas que había reunido hasta ese momento, tomó una decisión que le daría un giro de 180 grados al proceso. Ese día pidió abrir investigación formal, por el delito de omisión, contra el general de Infantería de Marina Rodrigo Quiñones Cárdenas. Como este oficial tiene un fuero especial, el caso fue remitido a Luis Edgar Martínez Lozada, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo terminó vinculado el general Quiñones al caso de Chengue?

El paramilitar Elkin Valdiris les contó a las autoridades que la noche anterior a la masacre el grupo de asesinos, encabezados por un sujeto conocido con el alias de 'Juancho', se había topado con una patrulla policial en San Onofre. Cuando la Fiscalía investigó este suceso encontró que en efecto unos agentes le habían reportado al teniente Jaime Humberto Gutiérrez Muñoz, comandante del puesto de Policía en esa población, que tres camiones repletos de hombres armados y vestidos de camuflado, que se dirigían hacia el sur de San Onofre, casi los arrollan a las 7:30 de la noche del 16 de enero.

Desde el momento en que le informaron de este incidente el teniente Gutiérrez declaró que había hecho una serie de llamadas a sus superiores, siguiendo el conducto regular, para que las autoridades competentes llevaran a cabo la acción que fuera pertinente. Así quedó consignado en los expedientes judiciales. En éstos además constan testimonios que aseguran que la cadena de llamadas entre los oficiales de la Policía y los de la Armada alcanzó su cúspide cuando el teniente coronel Miguel Angel Yunis, del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 3, habló de la situación con el general Quiñones, comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina. Según un documento de la Armada, sus oficiales consideraron que los datos que recibieron de la Policía eran incompletos, generales y con muchos vacíos. Pese a ello trataron de confirmarlos y alertaron a las unidades que tenían en la zona, que estaban dispuestas para prevenir el anunciado ataque de las AUC, e hicieron retenes sobre la vía entre San Onofre y Tolú Viejo.

Para la Fiscalía esta reacción fue insuficiente ante la gravedad de la información que había dado la Policía. Según investigó la Fiscalía existían unidades que hubieran podido acudir con prontitud al lugar donde se llevó a cabo la masacre o cortarles la retirada a los paramilitares. La Fiscalía comprobó, por ejemplo, que la compañía Dragón, con 65 infantes al mando de un oficial y seis suboficiales, estaba localizada en Pijiguay, a una hora de camino de Chengue. Otro grupo, el Cascabel 42, conformado por 33 infantes al mando de cuatro suboficiales, tenía asiento en San Onofre. La compañía Dragón fue la primera en llegar al lugar del crimen, cuando ya Chengue había sido quemado, 24 de sus habitantes yacían sobre charcos de sangre, otros habían sido enterrados en fosas poco profundas y los asesinos habían escapado.

El revuelo que causó la solicitud de investigación al general Quiñones se robó toda la atención en el caso Chengue. Mucho más cuando un mes después, en julio de 2001, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra el general y otros seis oficiales. Para entonces el testimonio del paramilitar Elkin Valdiris había vinculado al proceso a una mujer, Ingrid Johanna Guerra Solar, y las investigaciones posteriores de la Fiscalía a dos suboficiales de la Armada, los sargentos Rubén Darío Bolívar y Euclides Rafael Bossa Mendoza.



Primeros acusados

En agosto del año pasado la fiscal Gaitán se entrevistó con el nuevo fiscal Luis Camilo Osorio para contarle cómo iba el proceso que ella coordinaba. Por las características de brutalidad que tuvo la masacre y la posible vinculación de elementos de las Fuerzas Armadas, el caso era vigilado de cerca por organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG) de derechos humanos. El 29 de agosto la fiscal Yolanda Paternina, figura clave en los allanamientos y en la búsqueda de testigos de este caso, fue asesinada por dos sicarios. La Fiscalía no ha podido determinar si su muerte está relacionada con el asunto de Chengue o con otras investigaciones que tenía contra paramilitares.

Lo cierto es que en el exterior su muerte atrajo aún más la atención de las ONG sobre la investigación. Dos días d