Martes, 21 de febrero de 2017

| 2008/01/26 00:00

Una vergüenza

Las capturas de un general retirado y de un ex fiscal, como parte de una red de narcos, evidencian la ilimitada capacidad corruptora de la mafia.

El general (r) Pauxelino Latorre Gamboa, el viernes pasado, en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. El otrora jefe de inteligencia del Ejército cayó, junto con su sobrino, en una redada contra el narcotráfico

El general retirado Pauxelino Latorre Gamboa fue comandante de la Brigada 17 en el Urabá antioqueño y se desempeñó como jefe de inteligencia del Ejército. Siempre tuvo fama entre sus compañeros del Ejército de ser un hombre de origen humilde, tropero y, sobre todo, honesto.

Por eso, a todos ellos debió extrañarles cuando el jueves pasado el fiscal Mario Iguarán anunció que el oficial retirado había sido capturado en una redada de las autoridades contra el narcotráfico. Un día después, viernes, Latorre tuvo que vivir en carne propia lo que es la deshonra, es decir, la peor desgracia en que puede caer un miembro de la Fuerza Pública: fue exhibido ante la prensa como un delincuente más.

Por las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra, se puede afirmar que el general está contra las cuerdas y que difícilmente se salvará de una condena en Colombia. Es más, nadie se atreve a asegurar que Estados Unidos no lo pedirá en extradición. De llegarse a ese extremo, su nombre quedaría tristemente inscrito en la historia judicial del país como el primer general en ser extraditado. Y como si lo anterior no fuera suficiente, y para agravar su situación, un sobrino suyo, el ex fiscal Leobardo Latorre Latorre, también fue capturado porque, aparentemente, hacía parte de la misma organización al margen de la ley.

La historia judicial del general Latorre y de su sobrino Leobardo se inició el 12 de julio de 2006. Ese día, un agente encubierto de Estados Unidos le informó a la Fiscalía colombiana de la existencia de una red que traficaba con droga y que era liderada por un hombre llamado Carlos Aguirre Babativa (conocido con los alias de 'Carlos Mario', 'Don Enrique' o 'El Señor'). Según la Fiscalía, la droga era producida en los laboratorios que la organización tenía en Aguachica (Cesar), Santa Rosa (sur de Bolívar) y en zona rural de Norte de Santander. La mano derecha de Aguirre era Eduardo Garrido, un sujeto que, según los investigadores, coordinaba toda la logística para transportar la droga dentro de Colombia y después hacia el exterior -Estados Unidos y Europa, principalmente-.

Con la información entregada por el agente norteamericano, la Fiscalía se dio a la tarea de interceptar legalmente los teléfonos celulares 315-2361232 y 311-4629513. Y entonces, según le dijo a SEMANA uno de los investigadores, empezaron a aparecer uno por uno los miembros de la red narcotraficante. De esas grabaciones surgió la voz del general Pauxelino. "Durante año y medio, logramos más de 3.500 conversaciones", le dijo a SEMANA un funcionario de la Unidad Antimafia de la Fiscalía.

En uno de esos diálogos, por ejemplo, aparecen las voces de Aguirre y del alto oficial. Como le dijo a SEMANA uno de los fiscales del caso, "como dos grandes amigos, el general le dice a Aguirre que cuánto le va a pagar a una persona de la que hablan con clave. 'Le voy a pagar 70', contesta Aguirre. 'No, páguele 50, que él sabe que ese favor que le hizo a usted es como si me lo hubiera hecho a mí'. Para nosotros no hay duda de que están hablando del fiscal Leobardo, sobrino del general". En otra conversación, el general le recuerda a Aguirre del proyecto que tienen de montar en España, un negocio relacionado con la prostitución.

Pero aquí no paran los problemas para el general Latorre. La Fiscalía le imputó cargos por el crimen de lavado de activos. Es decir, para el ente investigador está probado que el general legalizaba parte del dinero que producía la organización ilegal de Aguirre. Por ejemplo, SEMANA estableció que a través de varias empresas de fachada se lavaba el dinero del narcotráfico. Dos de esas 'empresas' son Perímetro Ltda. (prestadora de servicios de vigilancia privada) y House Living S.A., ambas con sede en Bogotá. Como hecho curioso, en la sede de la empresa House Living S.A. funciona un parqueadero, pese a que en la Cámara de Comercio figura "como objeto social principal a la compra, venta y construcción de bienes inmuebles urbanos y rurales". Como gerente de House Living S.A. aparece el general Pauxelino Latorre.

Respecto del ex fiscal Latorre, la Fiscalía dijo que era el encargado de solucionar los problemas judiciales de la red mafiosa. Latorre fue uno de los fiscales que le dio la vuelta al país para explicarles a los funcionarios de la Fiscalía en qué consistía el nuevo sistema penal acusatorio. También fue uno de los encargados de llevar una de las investigación más delicadas de los últimos años: la masacre de Jamundí. "De ahí que al fiscal Iguarán le dio tan duro cuando le informaron que Leobardo hacía parte de la red de narcotraficantes", relató uno de los hombres cercanos a la investigación.

Tanto para la Fiscalía como para el Ejército, la vinculación de estos dos ex funcionarios es sin duda una nefasta noticia. El golpe, sin embargo, es más duro para los militares. El año pasado una docena de ellos fueron arrestados tras descubrirse que trabajaban para el jefe del cartel del Norte del Valle, Diego Montoya, alias 'Don Diego'. Este nuevo caso, en el que está vinculado nada menos que el ex director de inteligencia del Ejército, pone en tela de juicio, una vez más, los controles de las instituciones para evitar casos tan vergonzosos.

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