Contraloría pone la lupa sobre la Unidad Nacional de Protección

En los últimos días de este 2014, la Contraloría emitió una advertencia a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por presuntas deficiencias en el control del parque automotor de la entidad y el manejo presupuestal y administrativo de convenios interadministrativos. Mediante una auditoria detectó una serie de anomalías que ya trasladó a la Procuraduría para establecer si hubo una falla disciplinaria.

En el informe de la Contraloría dice que “de acuerdo con información reportada por la UNP, la entidad cuenta con 46 vehículos disponibles (13 blindados, 27 corrientes y 6 motocicletas), que se encuentran en parqueaderos de la entidad y que no se han asignado para labores administrativas, ni a esquemas o medidas de protección”.

Incluso se advierte que “pese a la disponibilidad de estos vehículos, la UNP ha rentado 12 para cumplir labores de apoyo administrativo por parte de los funcionarios, sin que exista un análisis que le permita determinar las ventajas de la adquisición de vehículos arrendados por un valor mensual de $3 millones frente a utilizar los vehículos propios con los costos de mantenimiento, gasolina, impuestos, etc.”.

Semana.com habló con Andrés Villamizar, director de la UNP, quien manifestó que el informe revelado por la Contraloría no es nuevo. Según él, es de tres meses atrás y por eso le parece curioso que aparezca en estos días. “Los hechos revelados en el informe son ciertos”, dijo. “Sin embargo ya se han tomado los correctivos necesarios los cuales van en un 60 por ciento. A la fecha todos los vehículos de la Unidad están prestando un servicio efectivo y en perfectas condiciones”.

El informe del ente de control también advierte que existen serias “debilidades en el seguimiento y control del parque automotor de la entidad”.

Por ejemplo, según los resultados de la visita realizada por la Contraloría al parqueadero Sede Montevideo (donde se albergan los cargos de la UNP), “se evidenció falta de control a la entrada y salida de vehículos y ausencia de soportes de autorización para el uso de los mismos por parte de los conductores, escoltas o en general personal administrativo”.

Igualmente la Contraloría advierte que existen otra serie de hallazgos fiscales relacionados con “el manejo presupuestal y administrativo de algunos convenios interadministrativos celebrados por la entidad, y el incumplimiento de la normatividad relativa a los soportes que requiere la adopción de medidas de protección”.

Asimismo, el ente fiscal advierte que en varios sectores de la unidad se percibieron “debilidades de control, clasificación, consistencia, confiabilidad y oportunidad de la información en temas relacionados con solicitudes de protección, evaluación de riesgos, medidas implementadas y beneficiario atendidos, entre otros”.

Villamizar fue enfático en señalar que está dispuesto a dar todas las explicaciones del caso ante cualquier organismo de control ante posibles anomalías. Entre tanto, la lupa esta sobre su entidad.