Miércoles, 1 de octubre de 2014

| 2012/08/23 00:00

Unidad de Víctimas responde a las críticas de los organismos de control

Después de que la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo presentaran un informe donde llaman la atención por la “falta de resultados” en la aplicación de la ley de Víctimas, la Unidad encargada de aplicar la norma dice que el país pasó “de la esperanza a los hechos”.

Paula Gaviria, directora Unidad de Víctimas. Foto: SEMANA

En la tarde de este miércoles y ante la plenaria del Senado, los jefes de la Procuraduría, Alejandro Ordoñez, la Contraloría, Sandra Morelli, y el de la Defensoría del Pueblo Vólmar Pérez, presentaron el informe sobre los resultados del “ejercicio de la función de monitoreo y seguimiento de los organismos de control a la Ley 1448 de 2011", también conocida como Ley de víctimas, tras un año de haber sido implementada.

En el informe los tres organismos de control que forman la Comisión de Seguimiento COSOC, expusieron que muchas de las acciones planteadas o previstas para ser implementadas en el futuro, “o se encuentran en un nivel incipiente en su desarrollo, o no están siendo desarrolladas, aspectos que afectan de manera directa el proceso de implementación de la ley de víctimas y sobre todo el alcance de las metas previstas para el 2012”.

Entre los puntos sobre los que la Comisión quiso alertar al Congreso, estuvo el de la inequidad que hay en la reparación “porque los victimarios reciben un salario mínimo por persona, mientras que las víctimas reciben un salario mínimo por familia", señaló la contralora Morelli. A esto agregó que "los desplazados recibían una cifra igual a 27 salarios mínimos, mientras que las víctimas reciben un cifra igual a 16 salarios mínimos, lo que ha demostrado un desmejoramiento por cuenta de esta ley".

A su turno, el defensor saliente Vólmar Pérez, llevó sus críticas a la falta de coordinación para atender a las víctimas. "No ha sido posible establecer mecanismos de intercambio de información de las entidades", puntualizó.

Después de conocidas estas críticas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto emitió un comunicado en el que asegura que debido a la ley el país “pasó de la esperanza a los hechos”.

Su directora, Paula Gaviria, asevera que “la Ley de Víctimas no es letra muerta” y en un ejercicio de rendición de cuentas explica que “en nuestros primeros 240 días de gestión, las víctimas del conflicto han encontrado una opción para dignificar su condición como ciudadanos con derechos y oportunidades”.

Sobre la reparación administrativa, la funcionaria recordó que la Ley de Víctimas ordenó darles prioridad a las personas que tenían un proceso de reparación pendiente, en el marco del Decreto 1290 del 2008. “De este grupo, 55.653 personas han sido reparadas entre enero y julio 31 de 2012, con recursos por $330 mil millones”.

Adicionalmente, la funcionaria destaca que el trabajo desarrollado no ha consistido sólo en el registro de nuevas víctimas o indemnización a quienes habían hecho su solicitud antes de la vigencia de la ley sino también en “la incorporación de factores cualitativos y de enfoques porque ahora las víctimas participan de su proceso de reparación y son acompañadas de forma personalizada”.

La directora de la Unidad también anunció la contratación de más personal para agilizar los procesos y explicó que desde el mes de julio se encuentra trabajando con la Procuraduría en el ajuste y validación del Formato Único de Declaración, FUD, que incluye el enfoque diferencial étnico; un acuerdo para la valoración de los casos difíciles, por ejemplo, cuando no hay certeza en la autoría del hecho victimizante; en fortalecimiento institucional para jornadas de capacitación a personeros del país; y en la dotación de equipos que permitan recibir con mayor agilidad las declaraciones a las víctimas en 85 municipios priorizados .

Gaviria aclaró que son inexactas informaciones de prensa según las cuales no se ha expedido aún un documento Conpes sobre la financiación necesaria para garantizar la sostenibilidad de la ley, el cual debía ser promulgado en un plazo de 6 meses y aseguró que la Ley está asegurada y tiene sostenibilidad fiscal

“Existen dos documentos CONPES aprobados. El primero, que es el plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011, destinó $54.9 billones para los 10 años de vigencia de la Ley su aplicación; y el segundo, fija los lineamientos, el plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que ya está reglamentado por Decreto”, concluye el documento.


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