Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/02/08 00:00

Uniformados en manos de las FARC: ¿secuestro o captura?

La caída de miembros de la fuerza pública en manos de la guerrilla tiene implicaciones de fondo para el proceso de paz.

. Foto: SEMANA



Aunque el anuncio de las FARC de que liberarán a los dos policías y un soldado que cayeron en sus manos en el Valle y Nariño ha desmontado la primera crisis seria del proceso de paz, el debate en torno a si lo ocurrido es un secuestro o una captura ha tenido amplia resonancia en las declaraciones de ambas partes y en los medios de comunicación. La discusión no es semántica, es de fondo.

“Un secuestro es un secuestro”, dijo el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, cuando los dos policías cayeron en manos de las FARC, el pasado 25 de enero. Es una “captura” y es legítima, respondió Iván Márquez, su contraparte en La Habana. Por paradójico que parezca y por complejas que sean las consecuencias, ambos están en lo cierto.

En buena parte por la degradación de esta práctica, que llevó a Colombia a ser el único país del mundo que tenía hasta hace muy poco docenas de uniformados enjaulados en la selva en condiciones inhumanas de cautiverio, el país y los medios hace tiempo asumieron el término ‘secuestro’. Por eso, también, la captura de los dos policías causó amplia conmoción y puso a muchos a especular qué ocurriría si las FARC deciden reincidir en esa práctica, en medio del proceso de paz.

El tema tiene complejidades jurídicas relevantes para el curso futuro de la negociación. Entre otras razones, porque, lamentablemente, es probable que lo ocurrido con los dos policías en el Valle y un soldado en Nariño se repita.

Buscando aportar elementos que ayuden a un debate público informado, Semana.com habló con Marisela Silva, coordinadora en Colombia del departamento jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el organismo de mayor autoridad en materia de derecho internacional humanitario.

El CICR no se pronuncia sobre casos puntuales y no habló de lo ocurrido con los dos patrulleros ni de otros casos, pero explicó lo que dicen la legislación internacional y nacional.

Lo primero que debe tenerse en cuenta para entender el tema, según Silva, es que concurren al menos dos marcos normativos, el derecho internacional humanitario (DIH) y la legislación interna. (Un tercero, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, que Colombia suscribe, solo aplica en casos en los que esté involucrado otro Estado o cuando los rehenes no sean colombianos). Además, las normas pertinentes del DIH, para el caso colombiano, son aquellas que se refieren a conflictos armados no internacionales.

¿Prisioneros?

Las FARC han dicho dos cosas. Por una parte, afirman que los uniformados que caen en sus manos son “prisioneros  de guerra”. Sin embargo, esta figura solo aplica a conflictos internacionales. El estatuto de prisionero de guerra solo está previsto en las convenciones y protocolos que se refieren a los conflictos armados entre Estados. “El estatuto de prisionero de guerra no es aplicable al caso colombiano ya que este contexto no corresponde a  un conflicto armado internacional, sino a uno de índole no internacional”, dice la experta.  

Aunque el CICR no se refiere específicamente a este punto, es evidente que, en Colombia, no habría ninguna base para que las FARC califiquen como prisioneros de guerra a los uniformados que caigan en sus manos.

¿Capturados?

Por otra parte, las FARC hablan de su “derecho” a “capturar” miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto armado. En esto, hay diferencias entre lo que dice del DIH y lo que estipula la legislación nacional.

Según los artículos 168 y 169 del Código Penal, cuando un uniformado cae en manos de la guerrilla, es un delito y se califica como “secuestro”. Así lo llaman los representantes del gobierno, y es legítimo que lo hagan, siguiendo la legislación interna. En Colombia, grupos armados como las FARC están fuera de la ley, y el Estado está en su derecho de definir y aplicar sus propios tipos penales.

Al mismo tiempo, señala la experta, “en relación con un conflicto armado no internacional, como el colombiano, el DIH no prevé estatuto alguno para quienes participan directamente en las hostilidades y caen en manos del adversario; por lo mismo, en estos casos, emplear el término ‘personas privadas de la libertad en relación con el conflicto’ resulta lo más objetivo”.

Traducido a un lenguaje más simple, si los uniformados participan directamente en las hostilidades (incluidas labores de inteligencia u otras acciones que generan daño a la capacidad militar del adversario), su caída en manos de la guerrilla es considerada por el DIH como una captura o pérdida de la libertad en el marco de las hostilidades. En resumen, es un hecho de la guerra.

El DIH obliga a tratar con dignidad a los cautivos. Si los captores los someten a tratos humillantes o degradantes pueden incurrir en violaciones graves a este derecho. Esto aplica por igual a las responsabilidades que tiene el gobierno respecto a guerrilleros presos en las cárceles, como a las que tienen las FARC con soldados o policías cautivos.

 
Aunque el CICR no se pronuncia sobre este tema, en el caso colombiano las inhumanas condiciones en que esta guerrilla mantuvo a cientos de uniformados, así como el largo tiempo que se negó a liberarlos, mientras presionaba el intercambio humanitario, podrían, eventualmente, configurar violaciones graves del DIH.

¿Rehenes?

Ahora bien, para el DIH la toma de rehenes es un crimen de guerra. ¿Pueden considerarse tales los soldados y policías que la guerrilla toma cautivos? Según la experta del CICR, aunque el DIH prohíbe la toma de rehenes, ni los Convenios de Ginebra, ni sus Protocolos la definen. Por regla general, la figura de rehén se refiere a civiles y a personas que, al momento de su captura, no participan directamente de las hostilidades.

Uno de los problemas más serios que enfrentan las FARC en esta negociación es que, al secuestrar civiles durante años, con fines extorsivos o de chantaje político, han incurrido en miles de tomas de rehenes (un término legalmente más grave que el de secuestro). Pero, en principio, la figura de rehén no aplicaría a los uniformados que caen en sus manos, aunque podría haber excepciones (dependiendo del tiempo de captura y las condiciones que se pongan para su liberación).

Las implicaciones

En resumen, para el derecho interno, las guerrillas son ilegales y los uniformados en sus manos son secuestrados. El Estado colombiano, como cualquier otro, está en su derecho de aplicar sus propios tipos penales. A la vez, para el DIH, los soldados y policías que caen en manos de la guerrilla son personas privadas de la libertad o capturadas en el marco de las hostilidades.

Esta discusión tiene dos implicaciones directas para la negociación en La Habana. La primera es práctica; la segunda, política.

Las partes acordaron negociar en medio de la confrontación. Mientras dure el conflicto, y por más indignación que esto genere en Colombia, no hay que descartar que las FARC vuelvan a capturar uniformados. Desde que empezaron las conversaciones en La Habana han muerto cerca de 400 miembros de las FARC a manos de las fuerzas armadas, muchos de ellos en bombardeos aéreos y más de 2.000 han sido capturados. Partes oficiales anunciando la muerte de 14, 20 y hasta 35 guerrilleros en un solo ataque signaron el año pasado. Y las FARC, como lo señaló su jefe negociador, no han dicho una palabra. Por condenable que sea para muchos colombianos, la caída de uniformados en manos de las FARC es un hecho del conflicto y, en teoría, no debería perturbar la negociación en Cuba. Este es el lado práctico del asunto.
 
Pero hay otro aspecto, mucho más complejo y cuyo efecto las FARC no parecen sopesar.
 
Una cosa es que, la caída de uniformados en manos de la guerrilla sea un hecho del conflicto y otra cosa es que esta pueda volver tranquilamente a una práctica que Colombia entera repudia y que, junto a bombas y otras acciones que han cobrado cientos de víctimas civiles, han convertido a las FARC, a ojos de la aplastante mayoría de la población, en uno de los grandes perpetradores de violaciones al derecho internacional. Tan sensible es este tema que, paradójicamente, despierta más furor y mayor cobertura mediática la captura de dos policías que todo indica siguen con vida, que la muerte de cuatro soldados y tres policías que tuvo lugar simultáneamente en Nariño y La Guajira.
 
Para mucha gente es una muestra de cinismo que una organización que se ha caracterizado por no respetar el DIH, lo invoque para justificar llevarse a policías y soldados. Y esto es lo que las FARC deben medir. Si bien se acordó negociar en medio de las hostilidades, el proceso de La Habana no aguanta cualquier cosa. Una cosa es lo que diga el derecho (internacional o interno) y otra lo que impone la realidad política.

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