El lío con los predios de la San Martín

El drama que representa para cientos de estudiantes, docentes y personal administrativo la crisis que envuelve a la Fundación Universitaria San Martín parece que tendrá nuevos desarrollos. A la falta de cumplimiento con sus compromisos académicos y laborales, la institución educativa está en la mira de las autoridades por haber falseado documentos para evadir que embargaran algunas de sus sedes.

Según archivos que reposan en la Fiscalía General de la Nación, la universidad le debía una millonaria suma a la ciudad de Bogotá por cuenta de impuestos retrasados. La Secretaría de Hacienda de la capital hizo efectivo entonces el embargo de cinco inmuebles ubicados en diferentes sitios de la urbe.

Sin embargo, los directivos de la institución no se habrían quedado quietos. En una operación desprovista de todo tipo de consideración, por decir lo menos, un sujeto vinculado con la Fundación -que todavía no ha sido identificado- falsificó varios oficios de Hacienda, que hacían creer que la deuda había sido saldada y lograron así que los despachos judiciales correspondientes desembargaran las propiedades.

Posteriormente habrían puesto en venta las edificaciones, lo que abiertamente burlaba la ley. El ente acusador analiza los registros para determinar si los predios alcanzaron a ser comercializados, pero fuentes de la investigación señalan que lo más probable es que sí. De ahí que no quede más que establecer por cuánto se vendieron y quién se benefició más de esas presuntas transacciones.

De comprobarse la falsedad, a las directivas de la San Martín les serían imputados los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, algo que deberá definirse en los próximos días por el fiscal del caso.

En cuanto a los demás asuntos, la Policía Judicial continúa entrevistado a las posibles víctimas de este descalabro, inspeccionando las diferentes sedes de la universidad en el país y buscando las pruebas que permitan hacer las correspondientes imputaciones por estafa, falsedades y fraudes. Asimismo, ya hay decenas de demandas instauradas en los juzgados.

En una primera medida, al representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, José Ricardo Caballero Calderón, le fue imputado hace unas semanas el cargo de fraude a resolución judicial.

La razón: incumplir lo ordenado por jueces laborales; pagar acreencias laborales de muchos de sus empleados. La universidad ha hecho caso omiso y alegó no contar con los recursos.

Por lo pronto, el Ministerio de Educación continúa adelantando las gestiones para reabrir la institución ahora bajo su tutela y garantizar el derecho a la educación que fue vulnerado para cientos de estudiantes.