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| 7/29/2014 12:00:00 AM

Unos 48.000 funcionarios judiciales irían a paro

Buscan que el Gobierno garantice los recursos para que se mantenga el programa de descongestión.

Paulatinamente se vienen uniendo al cese actividades los empleados de la Rama Judicial del país, que le piden al Gobierno garantice el presupuesto para la descongestión de los diferentes despachos, según el presidente de Asonal, Luis Fernando Otálvaro.

“Durante este año se requieren 260.000 millones de pesos, y de esos se requieren aproximadamente 50.000 millones que cuesta el programa de descongestión, para 8.200 funcionarios que están en el mismo”, dijo a Semana.com

El dirigente sindical señaló que unos 48.000 funcionarios se unirán al cese de actividades y que la finalidad es exigir que continúe el programa de descongestión que tiene como fin el acceso a la administración de justicia y que los procesos que están retrasados puedan avanzar.

“Está jornada durará lo que tenga que durar, hasta que el Gobierno se comprometa a girar los dineros necesarios para terminar el programa de descongestión este año”, manifestó.

Según dijo Otálvaro, en Bogotá ya se han sumado varias sedes en donde funcionan juzgados, además de las de Medellín, Bucaramanga y Cúcuta.

En los juzgados de Paloquemao, también en la capital, los jueces determinaron apoyar la jornada de protesta de manera simbólica. Pero sólo hasta el jueves, cuando le presenten al Gobierno y escuchen la respuesta a las mismas (entre las que están que se mantenga el programa de descongestión hasta diciembre de este año y que se nombre personal suficiente a partir del 2014), determinarán si van a paro o no.

Los funcionarios señalan que, en el caso de los juzgados de Paloquemao, cada funcionario está manejando 250 carpetas diarias, cuando en realidad sólo pueden atender unas siete, al punto de que muchos han manifestado estar “reventados” por exceso de trabajo.

Procesos como el de Interbolsa son calificados por los jueces como tortuosos por la cantidad de expedientes que deben estudiar un solo juez y sus colaboradores.

Otálvaro señaló que luego de la reunión con el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; el fiscal general, Eduardo Montealegre, y los presidentes de las altas cortes, les quedó un “sinsabor” porque se les manifestó que el Gobierno vería la manera de conseguir los recursos porque no se tiene presupuestado continuar con el programa de descongestión.

El sindicalista aseguró que los jueces titulares de cada despacho no tienen capacidad para atender procesos atrasados de Ley 600 -la cual rigió hasta el 2004- porque están copados con los de la Ley 906, que es la que rige actualmente y cuya novedad es la oralidad.

Una solución

Otálvaro señaló que si bien la idea inicial es que se mantengan los juzgados de descongestión por este año, el asunto trasciende a que es necesario contratar funcionarios permanentes que se encarguen de darle agilidad a la justicia.

“La idea es que estos programas de descongestión se conviertan en permanentes (…) Es decir, aquí lo que se requiere es mayor personal, pero para poder terminar el año necesitamos continuar con la descongestión porque si no, 1,5 millones de procesos que hay ahí quedan a la deriva y saldrían 8.200 personas”, señaló el presidente de Asonal.

El funcionario indicó que actualmente laboran 4.500 jueces en todo el país y que se necesitarían 3.000 más para que las cargas no sean exageradas como sucede ahora.

“Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el ministro (de Justicia) el 20 de mayo. Era primero, que el programa de descongestión para este año llegara hasta el 31 de diciembre, y segundo, que se creara una ley que permitiera la descongestión y que luego iban a incorporar el personal necesario en forma permanente de acuerdo con un estudio de cargas. Es decir, cuántos jueces y empleados se requieren”, indicó.
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