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| 8/3/1992 12:00:00 AM

UNOS EN LA CAMA, OTROS EN EL SUELO

Con el nuevo gabinete, Gaviria decide ir a la fija en materia de lealtades.

FUE SIN DUDA UN PARTO difícil. Muy tarde en la noche del viernes, al cierre de esta edición y después de más de una semana de consultas, el presidente César Gaviria con los tres sectores del liberalismo, los conservadores independientes, la Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana y el M-19, la Casa de Nariño aun no había divulgado la lista definitiva del nuevo gabinete.
Para el primer mandatario había sido una semana pesada. La explicación de ello radicaba en que no se trató, como en los dos primeros gabinetes de la presente administración, de dar una representación proporcional a los principales grupos políticos del del país. Para esta ocasión, y después de los tragos amargos de la reforma tributaria, el Presidente no quiso más gobiernos de participación amplia con más independencia que solidaridad por parte de los distintos grupos, sino que prefirió quedarse sólo con aquellos que estuvieran dispuestos a firmar y comprometerse con un documento programático.
Después de décadas de hegemonías o de gobiernos bipartidistas de unidad nacional, este documento era la base del primer gabinete de coalición de la historia contemporánea de Colombia, entendiendo por coalición la identificación de propósitos de un determinado número de grupos políticos que cuentan, sumados, con una mayoría parlamentaria. En efecto, entre los liberales, la Nueva Fuerza y el M-19 se puede esperar que el nuevo gabinete sea respaldado por más de dos terceras partes del Congreso.
El documento, que fue firmado en el fin de semana por el propio Gaviria, por Carlos Espinosa como director del liberalismo, por Andres Pastrana y por Antonio Navarro resume en ocho apretadas páginas 13 puntos de programa y una extensa agenda legislativa, en la que los proyectos más que describirse se enuncian. El primero y más destacado de todos los puntos es algo parecido a un juramento de fidelidad a la nueva Constitución. Parece haber allí una respuesta al Movimiento de Salvación Nacional, marginado no sólo de la coalición sino incluso de las consultas, tras su creciente postura opositora, y que por intermedio de los editoriales de El Nuevo Siglo venía sosteniendo que el Gobierno y su nuevo aliado, Andrés Pastrana, parecían estar avanzando hacia una especie de traición a los postulados de la Carta del 91. Los demás puntos del documento son más bien generales y sólo se nota la ausencia del tema de las privatizaciones, del que el M-19 no quiso ni oír hablar durante el período de consultas.
Sobre el rumbo de la nueva etapa del Gobierno, algunos nombres de la nómina ministerial parecen decir más que los puntos del documento. La presencia de Luis Alberto Moreno en Desarrollo es un ejemplo de la aparición de otros representantes del llamado nuevo país. Pero ese mismo nuevo país sufrió una gran pérdida: el sacrificio, por la necesidad de reducir la cuota de gaviristas, del joven ministro de Justicia, Fernando Carrillo, quien realizó una destacada gestión logrando no sólo consolidar los procesos contra los narcotraficantes sometidos a la justicia, sino asegurar sus condiciones de reclusión. Teniendo en cuenta que buena parte del juicio histórico que se le haga a Gaviria en el futuro depende del éxito de este proceso, perder a Carrillo no deja de ser un riesgo. Pero más allá de este punto, lo que parecía claro al terminar la semana era que César Gaviria había decidido jugarse en buena medida con cartas de lo que él cree será el futuro del país: su propio partido, Andrés Pastrana y Antonio Navarro. Pero también evidente que en el nuevo esquema de coalición, el Presidente y sus aliados tendrán que enfrentar las cargas de artillería de una oposición más clara y abierta de Salvación Nacional que quedó por fuera y de los conservadores independientes, que dejaron en claro que la permanencia de Noemí Sanín en la Cancillería sería a título personal. En todo caso de ahora en adelante el Presidente podrá saber con quién cuenta y con quién no, elemento básico para sacar adelante una ambiciosa agenda legislativa compuesta esencialmente por proyectos que pretenden evitar que el 70 por ciento de la Constitución se quede en letra muerta.
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