Uribe se baja del bus de la constituyente

Aunque la actual crisis por la que atraviesa el acuerdo de paz podría ser un ‘bocato di cardinale’ para que el uribismo reciclara su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente, no sucedió así.

Este martes, para sorpresa de muchos, el expresidente Álvaro Uribe cambió de postura y manifestó que "preferiría que no, que mejor hubiera unos correctivos rápidamente y se reorientaran unas políticas en el país".

Contrario a los señalamientos que le endilgan, el senador por el Centro Democrático asegura que no buscan quitarle las facultades al Gobierno con los reparos que le hacen al acuerdo. "Somos respetuosos de las competencias, la Constitución hace competente al Gobierno", dijo el exmandatario después de que descartó la posibilidad de ser incluido en la comitiva negociadora.

Tras el fracaso de la refrendación de los acuerdos de La Habana, todo es incertidumbre. Aunque las partes buscan salidas para salvar los acuerdos que tumbó el electorado en las urnas, comienza a sonar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente como una vía para sortear las diferencias.

Su potencial para construir consensos, el bloqueo del Congreso para tramitar reformas, y el hecho de que tanto el uribismo como las FARC tienen afinidad hacia el mecanismo, le venían dando vuelo.

Mientras por un lado se ha defendido la propuesta como una opción para reformar la justicia, exclusivamente, la guerrilla siempre la contempló como una opción para refrendar los acuerdos de paz y crear un nuevo orden constitucional. Sin embargo, el uribismo quiere evitar esa coincidencia.

Y es que uno de los primeros en negar la opción de una constituyente para refrendar los acuerdos de La Habana era Humberto de la Calle. En un texto, el líder del equipo negociador aseguró que “ni es este el mecanismo óptimo, ni el más práctico” y agregó “que es más gravoso que otras herramientas y que no produce los efectos que se le atribuyen”.

Todo está por definirse. Pese a que Enrique Santiago, el principal asesor jurídico de las FARC, sostiene que el acuerdo es "inmodificable para el derecho internacional", el exsenador manifestó durante la entrevista que "no estamos en un limbo jurídico" y la propuesta es revisar y renegociar algunos puntos del acuerdo.

Eso no es lo que piensan las FARC. Horas antes de que el senador empezara a exponer sus propuestas, Carlos Antonio Lozada, uno de los negociadores de la guerrilla en La Habana, aseguró que "tener voluntad de paz no significa que el Acuerdo ya firmado se pueda modificar".

“Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es jugar a la ruleta rusa con cinco tiros en el tambor", dijo el expresidente de la constituyente del 91 Antonio Navarro Wolff. "Las FARC pueden errar en el cálculo al creer que tienen una gran base política y si la cosa no les sale bien en las urnas, la Asamblea se la toman personas distintas a sus ideales y pueden echar todo para atrás”, puntualizó.

Le recomendamos: Triunfó el No: ¿Habrá constituyente?

¿Es posible la Constituyente?

El problema de la fórmula de una Asamblea Nacional Constituyente son sus riesgos y su complejidad. En términos generales, enfrenta cuatro obstáculos:

1) Se sabe dónde comienza, pero no dónde termina: Quienes temen a este mecanismo señalan que es fácil que comience convocada para revisar un tema, en este caso el proceso de paz, y termine por revisarlos todos, por ejemplo, la reelección presidencial, que hoy ha quedado prohibida. Hay un miedo generalizado a que se aproveche el interés de llegar al final de conflicto con las FARC para revisar temas tan álgidos como el respeto a la propiedad privada, la política minera o incluso los temas de libertades fundamentales. La Constitución política señala que existe la posibilidad de tener un temario limitado, pero la verdad es que una vez se conforme la constituyente, esta se puede declarar omnímoda. Es decir, ratificar que tienen competencia para comenzar un borrón y cuenta nueva.

2) Los antecedentes: Nada asegura que una constituyente no se pueda desbordar. En 1953, cuando el presidente Laureano Gómez convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), se señalaron unos temarios. Sin embargo, luego vino el golpe de Estado de Rojas Pinilla y la Constituyente no sólo desbordó su campo de acción, sino legitimó el golpe de Estado y se convocó una asamblea legislativa. En 1991, después del histórico movimiento de la Séptima Papeleta, pasó algo similar. Al principio se consideró que el temario debía ser limitado, pero una vez constituidos, los constituyentes terminaron siendo omnipotentes. Por eso, juristas como Alfonso Gómez Méndez rechazan esta fórmula y sostienen que la solución podría ser más bien algo similar a la pequeña constituyente de Alfonso López Michelsen. El mandatario la planteó en su momento para arreglar los líos de la justicia, pero las altas cortes la declararon inconstitucional.

3) ¿Y las FARC qué?: El tercer problema es que no es claro que el grupo guerrillero pueda participar y en caso de hacerlo, tendría que batirse en unas elecciones en un país que ya manifestó su rechazo hacia ellos. Según la Constitución de 1991, no se puede darles ninguna cuota a dedo. La Carta Política sostiene que los ciudadanos elegirán en forma directa los delegatarios a esa Asamblea. Es decir, que no pueden existir ni siquiera circunscripciones especiales y que para cualquier escenario alterno se tendría que reformar la Constitución. Para los fines del proceso de paz es bastante difícil pretender que las FARC tendrán que enfrentarse en las urnas con Uribe y Ordóñez sin un acuerdo refrendado. Esas cuotas para la guerrilla existieron en los primeros años de la nueva Constitución de 1991, pero las propias FARC desistieron de ello. El presidente César Gaviria, por ejemplo, gobernó con esa facultad pero no la usó porque finalmente las FARC no entraron a la negociación en ese momento

4) Un camino largo y espinoso: El último problema del mecanismo es práctico. Como está planteado hoy en la Constitución, el camino para llegar a una constituyente es largo y está lleno de obstáculos. Se requiere que el Congreso de la República apruebe una ley para preguntarle al pueblo en votación popular si convoca o no a una Asamblea Constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. La ley deberá definir el número de delegatarios, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, la fecha de su iniciación y su período. Una vez aprobada, esta pasará a tener control previo por parte de la Corte Constitucional. El paso que sigue es diseñar una tarjeta electoral para la consulta. En esas elecciones el Sí a la Constituyente deberá superar cuando menos la tercera parte del censo electoral, es decir, más de 11,6 millones de votos. Teniendo en cuenta que en el plebiscito participaron un poco más de 12 millones tanto del Sí como del No, la cifra es bastante difícil de lograr. Sólo así se podría llamar a elecciones, que en esta coyuntura acarrearían una enorme polarización. Esta se realizaría entre dos y seis meses después a partir de la expedición de la ley. Ni las FARC ni el Gobierno tendrán la paciencia para estar todo este camino.